Los habitantes de Caimanes, localidad ubicada en la región de Coquimbo, llevan cerca de setenta días de movilización por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema, emitido en octubre del 2014, donde se ordenó a la minera “Los Pelambres” perteneciente al grupo Luksic, devolver el escurrimiento natural del estero Pupío. Los habitantes de la zona denuncian que este grupo económico sobrepasa el poder de la justicia y del Estado, y se han manifestado cortando las rutas  de acceso a los tranques de relave.

Ya corren 14 años del comienzo de la lucha de los habitantes de Caimanes que protestan por la contaminación del agua con arsénico, responsabilidad de  la minera, y que afecta a unos 2000 habitantes. Además de impedir sus actividades económicas tradicionales como la agricultura y la ganadería por la sequía que provocan los tranques. Luego de huelgas de hambre, discusiones con autoridades, demandas judiciales, lograron que la Corte Suprema -del mayor tribunal del país-  fallara a favor de los habitantes de Caimanes, quien ordenara devolver el cauce natural a su estero.

En el 2006 comienza a funcionar el tranque de relave “El Mauro”, que sería uno de los basureros tóxicos más grandes de Latinoamérica, esperando depositar más de 1700 millones de toneladas de relave -como informa Bío Bío-, siendo compuestas por arsénico, plomo y óxido de silicio, compuestos altamente perjudiciales para las personas como para el ambiente. A pesar de que la corte de Apelaciones en aquel año, prohibiera la construcción del tranque, continuó con la construcción de este amparándose en artilugios legales, dejando a este operativo desde el 2008.

Tras el fallo del 2014 no ha habido cambio alguno en el curso del agua, por esta razón los habitantes han tomado distintas medidas de presión como la  toma de caminos, y cortado el acceso al tranque El Mauro, perteneciente a “Los Pelambres”, que según el fallo de la Corte Suprema debe ser destruido para devolver el cauce al estero.  Por su parte Carabineros mediante sus Fuerzas Especiales a reprimido fuertemente a los habitantes de Caimanes, negando incluso el derecho al agua, luego de ser desalojados del tranque a finales de febrero.

Por su parte la Corte, presentó una prerrogativa que permitiría a la empresa presentar un plan de mitigación, que consistiría en presentar una solución distinta a la demolición. Esta alternativa –como informa Radio U. de Chile- según la abogada que representa a la comunidad de Caimanes, Sandra Dagnino, explica que esta alternativa no es compatible con el fallo de la Corte que ordenó la demolición del tranque, pues, esta supuesta solución  no contempla la devolución de las aguas subterráneas, y dependería solo de la voluntad de la minera.

Los habitantes y distintos dirigentes involucrados denuncian que el gobierno de amparar y proteger al grupo económico de los Luksic, siendo este un claro ejemplo de que la Nueva Mayoría está al servicio de los empresarios, y se plantean firmes en su lucha para expulsar la minera del valle.

Por Solidaridad