El pasado 17 de diciembre el Ministerio del Medio Ambiente publicó el anteproyecto de mitigación del cambio climático a ser presentado por Chile a la ONU. En él se proponen 2 tipos de metas: por un lado la reducción de gases en los distintos sectores de la actividad económica, excluido el sector forestal, y por otro lado una meta exclusiva para el sector forestal.
Luis García Huidobro
Si bien se llamó a un proceso ciudadano de consulta, actualmente en marcha, resulta difícil para cualquier ciudadano medianamente informado poder comentar algo respecto a las metas de reducción de gases sin leer los informes detallados de las Fases 1 y 2 de MAPS-Chile, sobre cómo las diversas áreas de la economía influyen en la emisión de gases de efecto invernadero y cuáles son las posibles actividades de mitigación o reconversiones necesarias, o sea, de qué estamos hablando en concreto. Estos informes se encuentran disponibles en http://mapschile.cl/documentos-de-interes/.
Resulta intolerable que, en un tema tan relevante a nivel planetario, tal vez el desafío más importante que la humanidad ha enfrentado, instituciones públicas como la Conaf, el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Chile en general pretendan pasar gato por liebre a las Naciones Unidas. Las sentidas declaraciones públicas de Michelle Bachelet no pasan de ser demagogia de la peor clase, mientras se especula con cosas tan importantes como las condiciones de sobrevivencia de la especie humana en los próximos 100 años.
Nos referiremos exclusivamente a la meta planteada por MAPS-Chile para el sector forestal, en la que observamos que consideraciones productivas se han puesto por sobre las ambientales, con lo que el Estado de Chile, de presentar esta propuesta, le estaría pasando gato por liebre a la comunidad internacional, en un tema tan relevante como lo es el cambio climático.
Vamos por parte.
La meta del sector forestal es la siguiente:
“Con sus propios recursos, Chile se ha propuesto restaurar alrededor de 100.000 hectáreas de tierras degradadas (forestación) con una inversión propia estimada en cerca de US$250 millones y alcanzar un área de al menos 100.000 hectáreas de bosque nativo manejado hacia 2035”.
La ambigüedad de la redacción es evidente, en cuanto no se habla claramente de restaurar 100.000 hectáreas de bosque nativo, aunque un lector desatento se quedará con esa impresión. En la primera parte de la propuesta no parece hacerse la distinción entre los dos tipos de forestación posibles: la exógena con fines productivos y enormes externalidades ambientales negativas (pino y eucalipto), y el bosque nativo, cuyos fines son principalmente ecológicos. Sólo la segunda parte de la propuesta se refiere explícitamente al bosque nativo, y no se habla de restauración, sino de planes de manejo.
Esta meta proviene del trabajo de la Comisión del Sector Forestal de MAPS-Chile, publicada en junio de 2013 (Fase 1), el cual fue usado como insumo para el informe del Sector Silvoagropecuario de MAPS-Chile, publicado en julio de 2014 (Fase 2).
Al leer el Informe Final del Sector Silvoagropecuario, se observa una evidente contradicción entre, por un lado, los datos y conclusiones del informe, y por otro lado las propuestas emanadas de estos datos y conclusiones.
La conclusión principal del informe es que las plantaciones de pino y eucalipto con fines productivos no juegan a largo plazo un rol en la captura y reducción de gases de efecto invernadero, pues sus índices de captura (por crecimiento de la plantación) son contrarrestados por sus índices de emisión (por sus cosechas). En cambio, el bosque nativo en crecimiento, según el mismo informe, es el factor principal para la captura de gases, factor que iría a la baja en los próximos años, dado que en Chile la plantación de bosque nativo es prácticamente nula.
La propuesta obvia, entonces, si nos basáramos en criterios ambientales, sería multiplicar la plantación de bosques nativos. Pero el informe del Sector Silvoagropecuario, propone, contradictoriamente, una bonificación estatal abierta a las distintas especies, con el siguiente desglose:
– Para pequeños propietarios: 15% del presupuesto para plantación de pino con fines productivos, 50% para eucalipto con el mismo fin, 30% para exógenos con fines energéticos y sólo 5% para especies nativas.
– Para otros propietarios: 19% para pino, 44% para eucalipto, 28% para fines energéticos y 9% para bosque nativo.
La propuesta habla de tres macrorregiones geográficas, que serían los siguientes:
I: Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
II: Maule, Biobío y Araucanía.
III: Los Ríos y Los Lagos.
Y es que, seamos sinceros, el criterio es más productivo que ecológico. Se trata de una nueva arremetida de Conaf por subsidiar los monocultivos de pino y eucalipto, buscando dar nueva legitimidad al caducado DL701. El Resumen de la Fase 2 de MAPS-Chile pone dentro de las medidas necesarias la renovación de este decreto de ley. Tal vez lo más grave es que, además, se pretenda desplazar la industria forestal a la Décima Región, siendo ella zona de bosque nativo. El informe plantea que en el futuro los eucaliptos no se darán en las zonas actuales, por la escasez de agua, por lo que es probable tal desplazamiento hacia el sur. Se menciona también el movimiento mapuche entre los factores de desplazamiento, por la oposición de las comunidades a que se siga expandiendo la industria en La Araucanía.
El informe del Sector Silvoagropecuario reconoce implícitamente la dificultad de aceptación social de la propuesta, a pesar de enumerar sus supuestos beneficios sociales. Recordemos que el Gobierno y el Congreso no han podido aprobar una prórroga al DL701, a pesar de las constantes presiones de la CORMA, dada la amplia oposición ciudadana, y en particular de las comunidades mapuche, principales afectadas por el modelo forestal en los últimos 40 años, encontrándose gran porcentaje de las plantaciones en el territorio en conflicto.
Al ser consultados, durante un taller informativo, sobre el anteproyecto del Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Concepción, el subsecretario Marcelo Mena y el encargado de la Oficina de Cambio Climático del mismo Ministerio, Fernando Flores, extrañamente respondieron que no sabían si acaso el proyecto de reforestación se refería a especies nativas o a pino y eucalipto, que de eso estaba a cargo la Conaf. No sabemos si la respuesta, viniendo de los responsables del proceso, es una mera ignorancia de la enorme diferencia entre bosque nativo y monocultivo forestal, o si acaso se estarían escudando en una supuesta ignorancia para no reconocer que Chile está queriendo pasar gato por liebre a la comunidad internacional. Los documentos de difusión que ha elaborado el Ministerio son todos ambiguos al respecto, dando la impresión de que se plantará bosque nativo, pero los documentos técnicos (esos que no llegan a la opinión pública ni se basan en meras consignas), son claros al plantear un subsidio para las plantaciones de pino y eucalipto. Al consultar en OIRS de Conaf, la respuesta que se nos dio fue que la utilización de una especie u otra dependería de los requerimientos de los propietarios de los terrenos, lo que nos deja claro que el objetivo es productivo, y además se nos plantea que dependerá de los instrumentos de fomento forestal con que se cuente al momento de la ejecución, en una clara alusión al intento del gobierno de revalidar el D701.
EL REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD
Desde el territorio mapuche en conflicto con las empresas forestales, podemos agregar que, además de las emisiones y capturas de CO2, existen otros factores ambientales a considerar, que desaconsejan fuertemente continuar plantando pino y eucalipto:
1. Los pinos y eucaliptos, más aún en período de crecimiento, son grandes consumidores de agua de las napas subterráneas. Así, según Lara et al. (2009), por cada 10% de bosque nativo que se aumenta en una cuenca, aumentan un 14% los caudales estivales de agua. Por el contrario, un aumento de 10% de plantación de pino o eucalipto reduce el caudal de agua en un 20%. La baja de disponibilidad de agua dulce es una de las consecuencias más graves que tiene el cambio climático, por lo que no parece razonable utilizar especies de alto consumo de agua para captar C02. El remedio termina siendo, para los que vivimos en el territorio, peor que la enfermedad.
2. La tala con fines productivos se efectúa en un rango de 10 a 25 años. Este proceso, además de ser altamente emisor de C02, destruye el sotobosque, con lo que nunca llega a formarse una capa espesa de vegetación. La tala rasa deja el terreno más degradado que lo que estaba al principio, y así queda durante los años siguientes.
3. La poda y la tala rasa, además de la desertificación, proveen el ambiente propicio para los incendios forestales. Es así como en Chile ya nos hemos acostumbrado a esta realidad durante los meses de verano, siendo devoradas decenas de miles de hectáreas por temporada. Conaf y los sucesivos gobiernos constantemente realizan campañas para evitar los incendios, pero no se pone en cuestión ni a la CORMA ni a las Forestales Mininco y Arauco, que son las responsables de generar las condiciones territoriales para que Chile sea tan vulnerable a estas catástrofes, más allá de quién encendió el fósforo.
Lo que resulta aconsejable desde una perspectiva ecológica, a todas luces, es la reforestación con bosque nativo. En cambio, MAPS-Chile apuesta a que, al haber más pinos y eucaliptos, habrá menos tala de pino y eucalipto, lo que es un contrasentido, dadas las enormes ventajas comparativas que tienen estas plantaciones en Chile. Nadie planta pinos y eucaliptos por criterios ambientales, sino esperando cosecharlos, y el mercado internacional seguirá favoreciendo a Chile en este negocio, aunque baje el precio de la celulosa. Es evidente que el mejor negocio para un propietario de un terreno, seguirá siendo el pino y el eucalipto. El Gobierno lo sabe, y sabe sus consecuencias desastrosas a largo plazo, pero insiste en ocultar sus intenciones en un discurso ambientalista ambiguo.
RECONOCER Y REPARAR EL DAÑO
Si el Estado de Chile realmente quiere realizar un aporte a la mitigación del cambio climático en el ámbito forestal, debe ponerle el cascabel al gato y de una vez por todas exigir a las empresas forestales una reparación al daño ecológico que esta actividad ha provocado en Chile, especialmente en el territorio ancestral mapuche, en los últimos 40 años. Esta reparación, dadas las altísimas utilidades que tiene la industria forestal, debiera incluir amplios programas de reforestación con bosque nativo en decenas de miles de hectáreas, una vez cosechados los pinos y eucaliptos.
En los últimos años las empresas forestales, como una forma de mejorar su imagen, se han visto obligadas a iniciar una política muy incipiente de reconocimiento de su responsabilidad en la destrucción de bosque nativo. Pero tanto el número de hectáreas en las que reconocen responsabilidad como sus planes de restauración, son irrisorios, casi una burla. Forestal Mininco, por ejemplo, reconoce haber destruido, desde 1994, 8.738 hectáreas de bosque nativo. Su plan de restauración incluye un plan piloto de 69,4 hectáreas, para en los próximos 5 años restaurar 1.000 hectáreas. Forestal Volterra, por su parte, reconoce haber destruido 619 hectáreas, y su plan de restauración consiste en 21 hectáreas por año. De Forestal Arauco no hemos podido encontrar información al respecto. Pero un recorrido por las plantaciones que estas empresas tienen en conflicto con los Lof en Resistencia de Arauco (Tirúa, Cañete y Contulmo), nos muestran los vestigios de bosque nativo destruido en decenas de miles de hectáreas.
Nos parece que las ganancias del sector forestal son suficientes como para que se le exija una reparación muchísimo mayor, más aún en el contexto del conflicto actual con las comunidades mapuche, lo que implica un enorme gasto de parte del Estado en represión policial, acciones judiciales, etc., sin hablar de las decenas de mapuche y carabineros heridos en los enfrentamientos por este conflicto.
El reconocimiento y reparación que incipientemente hacen las forestales es totalmente insuficiente si se considera que fue en las décadas de los 70 y 80 en que decenas de miles de hectáreas de bosque nativo en la VIII y IX regiones fueron quemadas para ser plantadas con pino y eucalipto. Se trata del período de crecimiento de la industria forestal chilena que catapultó a Angelini y Matte al ranking Forbes, dejando a su paso una enorme estela de humo en la Cordillera de Nahuelbuta –en Arauco y Malleco–. El negocio forestal chileno creció exponencialmente al amparo de las leyes de Pinochet y de la Concertación, y también contra la ley cuando ésta les fue incómoda.
A pesar de ser ilegal, en Chile se sigue destruyendo bosque nativo para sustituirlo por pino y eucalipto con fines productivos. Esto no sólo es tolerado sino hasta fomentado por funcionarios de Conaf, institución que en todos estos años ha estado más preocupada de proteger las inversiones de Matte y Angelini que de resguardar el bosque nativo chileno. Según los catastros de esta institución, en la Región del Biobío, entre los años 1998-2008, se destruyeron 8.793 hectáreas de bosque nativo para plantar pinos y eucaliptos. En la Región de La Araucanía, entre 1993-2007, se destruyeron 29.636 hectáreas de bosque nativo con el mismo fin. En la Región de Los Ríos, en el período 1998-2006, la cifra de destrucción y sustitución es de 20.121 hectáreas. El modelo, además, lentamente se ha ido probando en Los Lagos, Chiloé y Aysén. Por el contrario, son pocas las experiencias de sustitución de pino o eucalipto por bosque nativo. Una de ellas, realizada por la Universidad Austral, en que se efectuó el ejercicio de sustituir 150 hectáreas de eucalipto por 225.000 coigües en la Región de Los Ríos, dio como resultado, al cabo de 8 años, un incremento de agua de un 200%. Son estas experiencias las que deben multiplicarse.
Todos los años en Chile se plantan 100.000 hectáreas de pino y eucalipto, que luego serán cosechados con fines productivos (160 millones de árboles anuales). En cambio, no existen incentivos reales y efectivos para la plantación de especies nativas.
LA “RADICALIZADA” DEMANDA MAPUCHE
El Informe del Sector Forestal pone el “conflicto mapuche” como uno de los elementos que serán claves para la disponibilidad futura de suelo para plantaciones de pino y eucalipto. En el contexto actual de este conflicto, en que miles de hectáreas en Arauco y Malleco están controladas por el movimiento mapuche, el Gobierno tarde o temprano tendrá que dejar de querellarse por “robo de madera”, y traspasará legalmente esos territorios a las comunidades. Pero es de esperar que esto no signifique mayores incentivos para la incorporación de las comunidades mapuche al negocio forestal, como pretende el Gobierno. Se debe evitar que a fines del siglo XXI Wallmapu sea un desierto.
Resulta intolerable que, en un tema tan relevante a nivel planetario, tal vez el desafío más importante que la humanidad ha enfrentado, instituciones públicas como la Conaf, el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Chile en general pretendan pasar gato por liebre a las Naciones Unidas. Las sentidas declaraciones públicas de Michelle Bachelet no pasan de ser demagogia de la peor clase, mientras se especula con cosas tan importantes como las condiciones de sobrevivencia de la especie humana en los próximos 100 años.
Al menos en el sector forestal, la productividad y la competitividad estarían siendo los criterios rectores fundamentales para las supuestas “políticas de mitigación” del cambio climático. Habrá que ver si no es así en las otras áreas productivas, lo que no sería extraño. El anteproyecto del Ministerio del Medio Ambiente plantea que “el país deberá utilizar todas sus capacidades para desacoplar el crecimiento económico de sus emisiones de gases de efecto invernadero”. Pero un mínimo de honestidad intelectual requeriría plantearse la posibilidad, que ningún Estado quiere aceptar, de que el calentamiento global nos esté exigiendo en realidad bajar nuestras expectativas de consumo y cambiar radicalmente nuestros modos de vida. La apuesta desde los sectores supuestamente más “radicalizados” del movimiento mapuche –lejos de los centros intelectuales, políticos y empresariales donde se deciden estos temas– es que tarde o temprano la naturaleza nos convencerá de que tenemos que modificar nuestros modos de vivir, trabajar y consumir. Tendremos que asumir finalmente que todos los seres humanos somos lo que aquí se dice “mapu-che”, es decir, seres que deben convivir en armonía con el resto de los seres de la Tierra, y no dueños de la Tierra para saquearla y depredarla, pues lo que a ella le hagamos no dejará de afectarnos a nosotros mismos.
Pero entramos ya en una reflexión de orden espiritual, para la que lamentablemente no estarán disponibles ni los políticos, ni los empresarios, ni la mayoría de los ciudadanos de a pie cuyo objetivo en la vida es ser productivos para tener más acceso a bienes de consumo.
