La Internacional Compañía Arauco, una de las mayores empresas en su rubro y que se precia de tener el apoyo de gobiernos y de las fuerzas represivas que atacan impunemente a los pueblos donde se dejan caer, curiosamente, como dice Cristián Infante President & Chief Operating Officer, tiene los siguientes «principios éticos»:
- ARAUCO’s code of ethics includes principles and policies that must guide the decisions and actions of each company member.
- This code’s main purpose is to set the general ethical context for work performance in each and every one of ARAUCO’s actitivities, in order to comply with the legislation of countries in which we maintain operations, and to ensure the application of the highest principles and standards of corporate social responsibility http://www.arauco.cl/informacion.asp?idq=1049&parent=1042&ca_submenu=1042
- (Traducción: El código de ética de la Compañía Arauco incluye los principios y políticas que deben guiar las decisiones y acciones de cada miembro de la compañía.
- El objetivo principal de este código e establecer el contexto ético general de funcionamiento laboral en cada una de las actividades de ARAUCO, a fin de cumplir con la legislación de los países donde mantenemos operaciones, y así asegurar la aplicación de los más altos principios y normas de la responsabilidad corporativa y social.)
José Venturelli
Argentina: La transnacional chilena Arauco (Alto Paraná S.A.) y los Pueblos Originarios en Misiones
El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego. En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra. El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.
Para el artículo completo, ver: http://www.mapuexpress.org/2015/02/07/argentina-la-transnacional-chilena-arauco-alto-parana-sa-y-los-pueblos-originarios-en%20
Una nota para poner el contexto del pueblo Mbyá (de wikipiedia): Mbyá
Tierras de cultivo intensivo que la Compañía Araucó usó para reemplazar los bosques nativos |
De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.
En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.
El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.
Socios Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.
La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.
En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.
(…)
Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.
El antecedente Guavirá Poty En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.
En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.