El problema energético y la actual correlación de fuerzas sociales

Por Colectivo La Savia

El Ciudadano

I El problema energético como problema político

La situación actual de los conflictos derivados de la expansión y diversificación energética en el país es expresión de una correlación de fuerzas sociales y políticas. Ella sólo puede entenderse considerando el público cuestionamiento a iniciativas energéticas de envergadura que interpelaban el comportamiento empresarial y político-gubernamental-parlamentario y daban cuenta también de la instrumentalización de la institucionalidad ambiental y jurídica por parte de las grandes empresas del sector energético. Al menos antes del gobierno de la Nueva Mayoría, la opinión pública se inclinaba en contra de tales proyectos, tendencia que obliga al actual conglomerado gobernante a entregar una señal política y hacerse cargo de ella.

Según el “Environmental Justice Atlas”, de 30 conflictos de carácter “medioambiental” observados en Chile, 27 están ligados directamente a las dinámicas propias del sector minero-energético.1Este balance, por cierto, no contempla una serie de conflictos y que, de sumarse al listado, podrían poner a Chile como uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de conflictos sociales derivados de un tipo de economía rentista de carácter extractivo y dependiente de exportaciones de materias primas de bajo valor agregado, fundamentalmente el cobre. Por esta última razón, la mayor cantidad de conflictos se observó en el ámbito de la generación de energía.2

De esta manera, a principios de marzo, cuando la NM accede al gobierno, el país se encontraba en una situación compleja tanto desde el punto de vista de la contención de las expectativas sociales (oposición férrea a proyectos energéticos durante el mandato de Sebastián Piñera y adjudicación de responsabilidades al primer gobierno de Bachelet) como de la gestión en materia energética. Necesitaba reformulaciones, considerando las exigencias de la producción minera, particularmente el subsector cuprífero, el inminente fin de su “superciclo”3 y la reestructuración del mercado mundial debido a la disputa interburguesa que tiene a estados como China, Alemania, Rusia y EEUU en el foco de las tensiones. Por consiguiente, las tareas del Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, no eran pocas ni fáciles de controlar.

En junio del 2013 una importante revista del sector energético, preocupada por el ambiente previo a las elecciones, editorializaba: “el sector privado y los inversionistas (nacionales y extranjeros) han manifestado que aguardan la señal precisa para desembarcar con sus proyectos, pero es desde el aparato público y del legislativo que no se están generalizando los espacios para agilizarlos”.4 De la misma manera, Álvaro Merino, entonces gerente técnico del Departamento Técnico de Sociedad Nacional de Minería(SONAMI), sostenía en la misma publicación: “para incrementar la oferta estimo necesario facilitar la entrada de nuevos actores al mercado de la energía y, junto con ello, reducir los tiempos en la obtención de permisos para los proyectos tanto de generación como de transmisión. Adicionalmente, debemos fortalecer los mecanismos que permitan a los inversionistas contar en forma clara, precisa y concreta con la certeza jurídica y económica necesaria para materializar sus proyectos”.5 Así, estaban enunciados los requerimientos del sector, a los cuales, como se pudo constatar en 2014, el Ministro Pacheco atendió resueltamente.

Desde el año 2012 en adelante, Hidroaysén, uno de los proyectos más ambiciosos desde el punto de vista de la inversión y de la generación eléctrica, comienza a dar un viraje. Dirigido por Colbún (Grupo Matte) en asociación con Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA, filial de ENERSIS), el proyecto comienza a mostrar signos de incertidumbre.6 Es que el escenario social y político configurado por el incremento de la conflictividad social, surgida en 2006 y profundizada aún más el 2011, indicaba al bloque de poder político y social dominante que era necesario realizar modificaciones, aun a costa de sacrificar el beneficio económico inmediato. Tanto es así que Bernardo Matte señalaba en octubre del 2013 que “con o sin resolución del Comité de Ministros, Hidroaysén está parado y va a seguir parado”, ya que para realizarlo era imprescindible, según él, “un consenso político y social”7, dando cuenta de un cambio en el escenario político y social. Más adelante, en mayo, a días de rechazarse Hidroaysén, entendió que este cambio de escenario perjudicaba las proyecciones del grupo Matte, por lo que la formulación de una agenda energética que diera estabilidad de largo plazo al sector era la salida más conveniente para ellos y que, por lo demás, sacrificaba el beneficio inmediato por la promesa de estabilidad futura.8

Bernardo Matte

Desde esta óptica, no sería aventurado formular la hipótesis de que el grupo Matte “canjea” Hidroaysén por la Agenda Energética, probablemente en base a la consideración de que no podrían consumar el megaproyecto de tal modo que fuera rentable. No obstante, la fuerza relativa del grupo controlador de Colbún, desde el punto de vista económico, político y social9, significaría para el reciente gobierno de la NM un peso considerable con el cual confrontarse. Sin embargo, el lastre que significaba la gestión energética de la anterior administración de Bachelet (condena a nivel mediático por su aprobación de centrales termoeléctricas, el lobby político y tráfico de influencias para llevarlas a cabo) podía ser subsanado, al menos comunicacionalmente, por “decir que no” a Hidroaysén. Más que mal, se trataba de uno de los conflictos sociales más masivos del último tiempo, el cual fue un concurrido preludio de las movilizaciones estudiantiles del 2011.

Ahora bien, lo concreto es que el fin de Hidroaysén significó un punto de inflexión para el resto de conflictos derivados de la generación energética, su señal era clara: sería todo lo que está dispuesta a ceder la NM en esta materia. Y así fue. De hecho, de ahí en adelante se allana el camino para las modificaciones que el sector minero anhelaba y que rápidamente esbozamos más arriba en la voz de uno de sus voceros. La Agenda Energética10 contempla varios ejes11, pero en lo fundamental implica una revalorización del rol del Estado en política energética, asignándole un papel estratégico de garante y promotor en el mediano y largo plazo de la inversión y la estabilidad en la oferta y demanda energética12.

En definitiva, a partir del año 2012 en adelante, producto de la conflictividad social de años anteriores, se produce un punto de inflexión en que un sector del empresariado nacional y transnacional comprende que es necesario una serie de reordenamientos para asegurar estabilidad futura. Este cambio de ritmo tiene como elemento de síntesis la Agenda Energética impulsada por el Ministro de Energía Máximo Pacheco. Estos cambios no se efectuaron sin sobresaltos durante el 2014, sin embargo gran parte de ellos han podido realizarse.

Es posible sostener que la NM impulsó así una plataforma de propuestas que el sector del empresariado dedicado a la generación eléctrica demandaba hace años. Ahora bien, es necesario precisar que éste lo realizó en alianza con un importante sector de la minería, puntualmente la del cobre. Sin ser menor el apoyo que entregó a la Agenda Energética gremios como la SOFOFA (industriales), la CChC(construcción), vamos a ver que, sin embargo, en el mediano y largo plazo, la reorientación tiende a beneficiar a la minería, prioritariamente al subsector cuprífero.13

Además, se puede sostener que la NM tiende a proteger a aquellos actores energéticos más dispuestos a aceptar “sus reglas del juego”14, como se desprende de su respaldo a E-CL, filial de la transnacional GDF SUEZ, quien, dicho sea de paso, apuesta a que en al menos cinco años más desplazará al grupo Matte de entre las tres generadoras eléctricas del país.15

Todo indica una reconfiguración al interior del bloque de poder que ha dirigido el país durante casi cuatro décadas. Un sector con iniciativa reformista que ha aceptado la necesidad de modificaciones del patrón de acumulación pareciera coincidir con aquel grupo de empresarios energéticos y mineros. Aunque no son cambios sustanciales, apuntan a asegurar la estabilidad futura, principal prioridad política de la NM. A su vez, ésta responde a aquel sector empresarial con iniciativa reformista, lo cual, en parte, explica el impulso y respaldo que han tenido sus reformas.

En resumen, el problema de la energía es expresivo de correlaciones de fuerzas sociales. Vemos también que durante el 2014 un sector con iniciativa reformista ha conducido la actual coyuntura política, logrando que, entre otras cosas, se aprecien avances desde el punto de vista de los requerimientos empresariales energéticos y mineros. Es decir, la NM ha cumplido expectativas, no todas, pero sí aquellas del sector que aspira a ser hegemónico al interior de la economía y la sociedad nacional. Y lo ha logrado.

Sin embargo, hablamos de “problema energético”, pero ¿en qué consiste?

II ¿cómo se relaciona el problema energético con la actual correlación de fuerzas sociales?

En Chile, la minería consume, según los últimos datos del INE16, el 34, 3% de la energía, sin contar que el sector industrial se apropia de un 23,7% de la misma y de ese porcentaje una parte importante está ligada al cobre. Por esta razón, la generación de energía está íntimamente ligada a la minería.

El sector minero, al ser un área eminentemente dedicada a la exportación, debe prestar atención al comportamiento del mercado mundial. La penetración en Chile de capitales transnacionales coincide con el advenimiento de la Concertación como coalición gobernante.17 Así mismo, el actor privado nacional más importante en minería, el grupo Luksic, a través de Antofagasta Minerals S.A., los últimos años ha apostado por consolidar su proceso de internacionalización y por lo tanto entrar a competir bajo estándares internacionales18. Tanto el capital transnacional operante en Chile como el nacional (CODELCO, AMSA, etc.) deben contar con un suministro garantizado de energía que les permita proyectar sus planes estratégicos de largo plazo (proyecciones entre 20 a 30 años).

De esta manera, el sector minero, comandado por el subsector cuprífero, estima cuál será su demanda de mediano y largo plazo19. Esta situación tiene como resultado que las empresas dedicadas a la generación eléctrica se estructuren en virtud de producir y ofertar lo demandado. Sólo teniendo en cuenta aquello se pueden comprender las dinámicas centrales que explican el comportamiento de las grandes generadoras.

El actual ciclo político está marcado por las modificaciones que impulsa la NM. A su vez, los conflictos derivados de la expansión energético-minera han obligado a que el sector se replanteara ciertas conductas que a la larga podrían significar una conflictividad capaz de incidir en el encarecimiento de las inversiones, por lo mismo, pérdida de rentabilidad y capacidad de competir con otros actores nacionales y transnacionales en Chile y el mercado mundial. Por consiguiente, la demanda de energía proyectada por COCHILCO, principal portavoz de los intereses del subsector cuprífero, está influida por el actual contexto social y económico. Es decir, si se proyecta que de acá al 2025 se requerirán 46,3 TWh, lo que implica un 99% más que lo que se estima para el 2015, creciendo a una tasa de 6,1% al año en el Sistema Interconectado Central (SIC) y a un 5,2% en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)20, esta proyección no podría hacerse sino a condición de variar algunos aspectos que han caracterizado la acumulación capitalista en minería y energía el último tiempo, fuertemente cuestionados por sus prácticas, de lo contrario, no se podría garantizar estabilidad futura.

Sin embargo, llama la atención el hecho de que esta proyección minero-energética implique la mantención de las faenas ya existentes y, en algunos casos, su expansión, al mismo tiempo que una cartera de proyectos aprobados por implementarse y otros aún por aprobarse, ya que la actual situación de conflictividad no puede anularse potenciando la misma tendencia que la ocasiona: la expoliación de los recursos naturales y el detrimento de las condiciones de vida actuales y futuras de los afectados directos e indirectos.

En suma, el problema es el siguiente: la minería del cobre, principal bastión de la economía nacional, tiene una proyección de demanda energética factible de ser suministrada si es que las condiciones sociales, económicas y políticas se mantienen bajo los supuestos que considera tal proyección. Ahora bien, el clima de conflictividad social derivada de la expansión de la extracción minera y la producción energética presenta una tendencia a agudizarse, por lo que es posible presumir que al fortalecer la tendencia que la ha ocasionado esta tensión continúe sin tener, bajo esta racionalidad, posibilidad de resolución.

Además, al menos en el corto o mediano plazo, el cobre no puede dejar de producirse en el país. La minería demanda energía, el empresariado energético la brinda, pese a sus costos sociales, con los cuales, por cierto, están dispuestos a cargar. Para solucionar los conflictos derivados de aquello se requiere modificar la demanda o diversificar la oferta, pero el cobre no dejará de ser el bastión fundamental de la economía y, por lo mismo, no dejará de incidir en la demanda. Ésta, a su vez, no se puede modificar en el corto o mediano plazo. Por otro lado, la oferta se ha diversificado: se potencia el Gas Natural Licuado (GNL), se invierten millones de dólares en el reimpulso de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo cual no necesariamente apunta al problema en cuestión, si no que más bien lo intensifica. Así mismo, las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no alcanzan a ser un sustituto de consideración; uno, porque no existe voluntad política real de potenciarlas; dos, porque la señal de los cuatro principales grupos energéticos es considerarlas como “complemento” de la matriz energética tradicional; tres, porque no son rentables; y, cuatro, porque la capacidad instalada de las ERNC no alcanzaría para satisfacer la demanda proyectada por COCHILCO.

Este es el ‘problema energético’, expresión de lo que O. Caputo caracteriza como una contra-tendencia orientada a revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del capitalismo, a costa de la presión y expoliación de la naturaleza, condición básica para la sustentabilidad futura, y la superexplotación de la fuerza de trabajo.21 Se aprecia, pues, que esta tensión no puede zanjarse al interior de un círculo demarcado por el actual patrón de acumulación y su estrategia de desarrollo implícita.

El propósito de este análisis es también tomar en cuenta la correlación de fuerzas sociales, por lo que no es trivial atender a otras consecuencias de la proyección realizada por COCHILCO.

Es evidente que desde la NM han favorecido a este sector, creando condiciones políticas e institucionales para que su proyección se realice. El informe presentado por la Presidenta Michelle Bachelet y la Ministra de Minería, Aurora Williams, acerca de una minería “virtuosa, sostenible e inclusiva” es concluyente al respecto.22 Así mismo, en materia de energía, lo realizado hasta aquí por el Ministro Máximo Pacheco.

La NM, naturalmente, es apoyada principalmente por el sector de la economía nacional al cual beneficia directamente. No es casual, por ejemplo, que sean los menos afectados desde el punto de vista de las modificaciones tributarias impulsadas bajo el actual gobierno o representen, en realidad, el bloque empresarial que menos trabas han puesto a tal iniciativa. Es así porque este sector está apostando a modificar ciertos aspectos del patrón de acumulación y el establecimiento de escenarios adecuados para poder competir bajo los estándares del mercado mundial.23Han seguido de cerca las sugerencias emanadas en materia ambiental desde el Banco Mundial24, o, más precisamente, las indicaciones que el FMI ha realizado para Chile25. Hay un sector al interior del bloque de poder con clara iniciativa reformista y la NM responde a él. De esta forma pueden comprenderse los cambios que se impulsan en materia laboral, educacional, tributaria, la creación de un “nuevo SERNAC”, los cambios al Código de Aguas y la llamada “reforma constitucional”, entre otras.

Pero ¿qué pasa con otros sectores del bloque de poder? Vemos cómo están siendo cuestionados o perjudicados por las medidas de la NM. Es esclarecedor, como citamos más arriba, la consecuencia de la inserción, con gestiones de apoyo realizadas por Pacheco, de GDF Suez en el SIC y el desplazamiento de Colbún (Grupo Matte) a un cuarto lugar dentro de las empresas generadoras. O los escándalos del grupo Penta y el “caso cascadas” (que perjudica a Sociedad Química y Minera-SQM), los cuales no nacen el 2014 pero que son mediatizados ese año, contando con la condena pública de la NM hacia ellos. Coincidentemente, estos tres casos ilustran la disposición de un sector conservador al interior del bloque de poder que pone de manifiesto su escasa voluntad y capacidad de adaptarse a los escenarios sociales de conflictividades y antagonismos de clase surgidos del 2006 en adelante. Así mismo, evidencia las disputas al interior de los grupos empresariales que han dominado la vida política nacional, las cuales indicarían que el sector de intención reformista se beneficia al socavarse las bases de legitimidad social (grupo Penta, SQM) y los resortes de poder económico de sus principales competidores (grupo Matte).

En síntesis, la apuesta del sector minero-energético, adaptarse al escenario de conflictividad social modificando ciertos aspectos del patrón de acumulación, tiene influencia en el estado de correlación de fuerzas sociales y la reconfiguración de ellas al interior del bloque de poder que ha regido los destinos del país durante las últimas décadas.

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El Ministro Pacheco, se insiste en la idea, ha respondido satisfactoriamente a las demandas del sector. De hecho, una de las principales preocupaciones era la necesidad de reducir los costos en materia energética, en el contexto de que desde el 2006 comienza un ciclo de alza de precios, los cuales el año 2014 fueron reducidos en un 20% respecto al 2013. Así mismo, los costos marginales, otra preocupación del sector, descienden un 12% en comparación con el 2013.26 Pacheco hace un balance positivo del 2014 y al mismo tiempo fija tareas y desafíos para el 2015: “queremos continuar desarrollando proyectos energéticos basados en las ERNC, seguir perfeccionando la ley de transmisión eléctrica, la presentación ante el Congreso de un ley de eficiencia energética de modo que las grandes mineras tengan una gestión a través de una gerencia de energía que trabaje a través de auditorías  para lograr ser un país más consciente del valor energético”.27Como un dato a considerar: desde que se crea el Ministerio de Energía, Pacheco es quien más tiempo ha permanecido en el cargo.

Se dijo anteriormente que Hidroaysén era una señal: la NM y el sector empresarial que representan no estarían dispuestos a ceder más que eso. Es más, saldrían en defensa de otros proyectos. Un ejemplo ilustrativo es Alto Maipo. Al respecto el Ministro Pacheco sostuvo: “el proyecto Alto Maipo cuenta con todo el apoyo del Gobierno. Este proyecto forma parte del plan de obras de la CNE[Comisión Nacional de Energía], es un proyecto que ha sido presentado por el titular, aprobado, con su RCA [Resolución de Calificación Ambiental] al día, es un proyecto que ya inició su construcción, hay 1.300 trabajadores desarrollando la faena y creo que es muy importante por varios motivos: está cerca de Santiago, que consume un tercio de la electricidad del país, es una central hidroeléctrica, que es energía limpia y barata y es una central de pasada. Hemos dicho con todas sus letras que queremos justamente privilegiar la hidroelectricidad y en lo posible proyectos de pasada. Lo que esperamos es que este proyecto se realice y se construya en plazo, de manera que pueda ser inaugurado durante el mandato de la presidenta Bachelet.”28

De la misma manera, Alberto Arenas, Ministro de Hacienda, sostuvo: “hace unas semanas mencioné el caso de Alto Maipo, que es un proyecto que ya se encuentra en primera fase de ejecución. Días atrás, el Comité de Ministros se reunió a analizar otro proyecto energético como es el caso de Punta Alcalde [y] nuevamente como gobierno dimos una señal clara al dar luz verde a este proyecto, conforme con lo establecido por la Corte Suprema”29, sentencia anunciada en el Encuentro Nacional de Empresas (ENADE), que contaba con la presencia de los principales gremios y grupos de presión empresarial del país. Tras ello,Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), alabó conforme los dichos de Arenas y sostuvo enfáticamente: “estuve a punto de apludirlo”30. Está claro: para ellos, Alto Maipo va, más aún si se considera este hecho junto al cuadro de proyección de demanda energética estimado para 2025. Hay una lógica tras este blindaje a proyectos con RCA: entregar confianza a inversionistas, diseñar una estrategia de largo plazo, generar condiciones para la aprobación de proyectos y garantizar certezas jurídicas que promuevan la inversión.

Pacheco, uno de los ministros con más poder dentro del gabinete, estaría contribuyendo a cumplir los anhelos del sector.

Ahora bien, en términos de correlación de fuerza, no sólo significa un afianzamiento de aquella fracción del bloque de poder dominante con iniciativa reformista, sino que también representa un retroceso para aquellas organizaciones que se oponen a los efectos parciales o totales de la expansión energética en curso. ¿Qué factores inciden en esta situación? A nuestro entender, son cinco los que permiten explicarlo:

1. a pesar de existir una oposición amplia o, más precisamente, oposiciones amplias, a la tendencia expansiva del capital generador de energía, todavía resulta estructuralmente débil en tanto que

2. la tendencia hacia la parcelación de las luchas opositoras es más fuerte que la tendencia hacia su unidad (más aún con luchas de otros sectores, como estudiantes, sindicatos, etc.), lo cual también es producto de una

3. imposibilidad de definir conjuntamente elementos mínimos de unidad y acción colectiva concertada, lo cual es, en muchos casos, propiciado por

4. intereses contrapuestos entre diferentes luchas opositoras o incluso dentro de un mismo conflicto, lo que es expresión, entre otras cosas, del carácter policlasista de estas luchas y, en segunda instancia, de una

5. incomprensión de algunos resortes fundamentales del problema energético.

Pese a esto, es posible vaticinar que la actual correlación de fuerzas sociales podría cambiar. Las proyecciones que realiza el empresariado no se encuentran fuera de la historia. Incluso actualmente hay factores que abren esa posibilidad, como la proliferación de luchas opositoras y una creciente tendencia a su unidad, agotamiento de la legitimidad política del bloque de poder dominante, etc. Lo que es seguro, es que la apertura de otros escenarios no garantiza el beneficio para quienes se encuentren afectados por el problema energético. No existen certezas absolutas para ningún sector.

III Conclusiones

1. En una situación política como la apreciada durante el 2011-2012, donde la dirección política del país pareciera ser cuestionada, tensionada su legitimidad en tanto sector dirigente de la sociedad, las clases y grupos que constituyen el bloque de poder dominante se ven obligados a redifinir sus mecanismos de aseguramiento de la reproducción y autoexpansión del patrón de acumulación que los sustenta. A su vez, el balance energético del 2014 demuestra que la deslegitimación del sector político dirigente no tiene como consecuencia obligada el fortalecimiento del movimiento social/popular, sino que puede producirse un cambio en la correlación de fuerzas favorables a otros actores sociales. En este caso, se ve fortalecido el sector con iniciativa reformista al interior del bloque de poder en desmedro de la iniciativa del movimiento social/popular.

2. Se observa también las dificultades e incluso la imposibilidad actual de superar el problema energético dentro de los marcos que impone el actual patrón de acumulación y su estrategia de desarrollo implícita, aun cuando se practiquen modificaciones parciales impulsadas por la NM. Así, pareciera ser que el problema energético es en realidad expresión de la ausencia de una estrategia de desarrollo alternativa y que sirva para impulsar un proyecto societal y/o económico capaz de disputar hegemonía al defendido por el bloque de poder que controla los aspectos fundamentales de la economía nacional.

3. Por lo mismo, si aceptamos que las diferentes luchas opositoras a la dinámica expansiva del capital energético deben tender hacia la unidad, ésta no podría realizarse sino a condición de formular una plataforma programática y un plan de acción conjunta capaz de convocar amplias mayorías del movimiento social/popular. Es tiempo de avanzar resueltamente por este camino.

4. La articulación nacional es urgente. El actuar parcelado debilita. No se puede oponer efectivamente a una estrategia que opera en bloque y globalmente una táctica que actúa separada y localmente.

5. Se debe apostar por afrontar la actual situación desde una perspectiva de totalidad. El problema energético es tan sólo una más de las expresiones de conflictividad social surgida de las dinámicas generales del patrón de acumulación actual. Así, es posible comprender el problema sindical, estudiantil, previsión o financiero, etc., como resultados particulares de ese patrón. Esto, consideramos, sería una base para propiciar la acción política-social conjunta.

6. Como consecuencia teórica de lo aquí expuesto, es factible determinar que, en rigor, no existe un “conflicto socioambiental” propiamente tal, lo que hay, en cambio, son tensiones por asegurar o no los mecanismos de reproducción y expansión de capital, acumulación, competitividad y “capacidad rentista” del sector minero energético. Son, en última instancia, conflictos políticos, por lo tanto, posibles de analizarse desde una lectura de correlación de fuerzas sociales.

7. Dicho de otra forma, los conflictos derivados de la producción energética tienen relación con la proporción en que se distribuye la propiedad sobre los recursos naturales y el ordenamiento espacial que ejecuta el capital sobre el territorio. Se caracterizan, pues, por resistencias, tensiones en torno a la configuración del espacio entre fracciones del bloque de poder dominante, pero también por aquellas organizaciones y sujetos que se oponen al dominio monopólico del capital. En concreto, se trata rehabilitar la lucha por la soberanía nacional.

Por Colectivo La Savia

El Ciudadano

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