El Gobierno ha establecido una “agenda de energía” denominada 2050 y según su ministerio encabezado por Máximo Pacheco, lo pretenden realizar con “un Proceso de Planificación Participativa para la Política Energética de largo plazo”, su objetivo, como lo señala el ministerio, “es construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sector energía con la validación social, política y técnica requerida para transformarse en la política energética de Estado que Chile necesita”.
De esta forma, sigilosamente el Ministerio viene organizando una serie de reuniones y mesas de trabajo denominadas: “Participación Ciudadana en Proyectos de Energía”. En la Región de la Araucanía, se realizaron dos encuentros “reservados” relacionados a los Pueblos indígenas. En Villarrica se realizó un encuentro en octubre del 2014, y en Temuco, se desarrolló en el Hotel Nicolás el 28 de noviembre del 2014, dónde, no fueron invitados los territorios que se encuentran directamente afectados por la amenaza de proyectos energéticos, algunos de los cuales se enteraron a último momento.
Ahora, el Ministerio en conjunto con la Fundación Casa de la Paz, preparan para este 13 de Enero 2015, en la sede del club deportivo Cóndor, ubicado en Manuel Rodríguez s/n, comuna de Panguipulli, desde las 10.00 hrs. Una denominada “mesa de trabajo”, cuyo objetivo, según versa en su convocatoria, es poder “construir en conjunto con la ciudadanía, actores públicos y privados, dos instrumentos”. Estos son:
· un sistema de diálogo entre empresas y habitantes de los territorios receptores de proyectos, con el objeto de alcanzar acuerdos que vayan en beneficio de ambas partes y;
· un estándar de participación para los proyectos de energía, de manera que todos los actores sepan cómo espera el Ministerio que se desarrollen los proyectos, en términos de consideración e involucramiento de las comunidades cercanas en las distintas etapas del proyecto.
De esta actividad, llama la atención de la participación de la Fundación Casa de la Paz en su organización, presidida por Maria Eliana Arntz, quien es ex ministra del Gobierno de Lagos, y una de las autoras del repudiado «Código de inversiones» del Comisionado de la época Rodrigo Egaña, cuyo instrumento fue el origen del Decreto 124 que mutiló el Convenio 169. Arntz, asimismo, es Coordinadora del Programa Pueblos Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instancia ONU en Chile con diversos antecedentes pro empresariales.
Esta misma entidad, también tiene como Vicepresidente, a Jerónimo Carcelén Pacheco, quien ha sido abogado de empresas mineras, fue asesor del Ministerio de Minería de Chile y consultor del Banco Mundial. Cabe consignar que gran parte de los proyectos energéticos en Chile están pensados para suministrar energía a las grandes mineras y sus proyectos extractivistas.
Transgresión de derechos indígenas
El Gobierno y su proceso de “participación” no está atendiendo los planteamientos y cuestionamientos al modelo de energía en Chile ni tampoco, la protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, como fase previa e indispensable para el desarrollo de actividades de energía que involucran impactos en los territorios.
Asimismo, el gobierno ha estipulado que la agenda busca una participación para su diseño, sin embargo omite que paralelamente, busca promover una ley de asociatividad que promueve la compensación y participación en gananciales como forma de mitigación. Asimismo, omite abiertamente sus obligaciones sobre consulta indígena, considerando que la planificación en estas materias involucran directamente los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios, ya que una buena parte de proyectos energéticos se emplazan en territorio ancestral.
Las denominadas mesas y reuniones informativas que vienen sosteniendo, acomodativas a sus fines, no se ajustan a ese estándar. El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples derechos humanos. En efecto, uno de los elementos centrales para la protección de los derechos indígenas, es el requisito de que el establezca consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales.
Como lo ha establecido la Corte interamericana de Derechos Humanos, la consulta es vinculante, cuya base es el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas. Por resolución, la Corte ha establecido que: “La obligación estatal de desarrollar procesos de consulta respecto de decisiones que afecten al territorio se vincula directamente, así, a la obligación estatal de adoptar medidas especiales para proteger el derecho la identidad cultural, basado en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio”.
En el presente, el Ministerio de energía se encuentra elaborando un plan de energía promoviendo medidas “compensatorias”, donde, paralelamente, se emplazan una serie de proyectos energéticos en tierras ancestrales sin que se estén resguardando derechos fundamentales para los territorios y la integridad cultural, como ocurre con la afectación de lugares sagrados y espacios de desarrollo cultural Mapuche, con criterios y principios de autonomía, de interés colectivo y consagrados por las normas internacionales.
El plan energía2050 del Ministerio, por estipulación de la OCDE, ha dejado en evidencia que la participación, sólo busca reafirmar el actual modelo transgresor y en el caso de los Pueblos Indígenas, extender políticas de discriminación.
Cabe consignar que numerosos lugares de enorme significación cultural y espiritual Mapuche están bajo amenaza hidroeléctrica como ocurre en zonas como: Melipeuco, Curarrehue, Pitrufquen/Freire y Curacautin en la región de la Araucanía, y en la región de Los Ríos, lugares como Neltume, Maihue – Rupumeica y Pilmaiken; o en el sector Puelo, de la Región de los Lagos.
El territorio Mapuche Pewenche en los Altos Bio Bio ya fue una zona de sacrificio, donde se construyeron tres mega centrales hidroeléctricas, tal cual ocurrió con Pangue y Ralco de la transnacional Endesa y recientemente Angostura, de la empresa Colbún del grupo Matte.
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