· Luego de participar en la mesa de trabajo impulsada por el Ministerio de Energía sobre el tema, y ante los avances presentados por el gobierno para el proyecto de Ley de Asociatividad, organizaciones ciudadanas plantearon que hasta ahora esta se restringiría sólo a un sistema de compensaciones.
· Entregaron al gobierno una propuesta con enfoque de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, ordenamiento territorial y participación ciudadana vinculante.
Compensaciones 2.0.
Tal es la impresión que se ha instalado en diversas organizaciones socioambientales del país frente a los anuncios del ministerio de Energía sobre los actuales contenidos del proyecto de Ley de Asociatividad. En base a las reuniones sostenidas con el propio ministro Máximo Pacheco y su equipo, y los trascendidos difundidos extensamente por diversos medios de prensa, evalúan que la propuesta de Ley de Asociatividad estaría hasta ahora dirigida fundamentalmente a compensaciones económicas a comunidades y municipios con el fin de destrabar los proyectos energéticos.
Frente a este escenario, un grupo de organizaciones sociales, ambientales y de los propios territorios que participaron en las mesas de trabajo impulsadas por el gobierno sobre la materia, dieron a conocer los planteamientos que aportaron en dichas instancias para avanzar hacia una nueva relación entre Estado/empresas/comunidades. Su propuesta es que esta debe fundarse en la sustentabilidad ambiental, el respeto por los derechos, la soberanía local y la justa retribución de las empresas al desarrollo local y regional.
“Vemos con preocupación el avance del gobierno, en lo que pareciera ser una versión 2.0 de las leyes de compensación planteadas en administraciones anteriores” señalaron en una declaración pública. “Si la propuesta no incorpora el enfoque de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, ordenamiento territorial y participación ciudadana vinculante, será una legislación que sólo apunta a una retribución económica para destrabar proyectos energéticos” indicaron. En su opinión también se está desoyendo los planteamientos de quienes participaron en las mesas de Energía 2050 y de la propia Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional, que no sólo abordaron materias de tipo fiscal o económico.
“La combinación de los tres pilares en la actual propuesta del gobierno filtrada a la prensa (patentes municipales, equidad tarifaria y traspaso de beneficios económicos de las empresas a quienes habitan los territorios) da cuenta de ello” apuntaron. En su opinión, aunque es un avance lo que plantea el gobierno, no podría denominarse asociatividad.
Propuesta ciudadana
Las organizaciones afirmaron que sólo es posible generar asociatividad si existen mecanismos que “permitan la construcción de relaciones de transparencia, verdadera confianza y beneficio mutuo entre comunidades, inversionistas y el Estado”. En un enfoque “de derechos humanos” y por tanto “los acuerdos y mecanismos de asociatividad para el desarrollo eléctrico deben estar basados en el reconocimiento, respeto y ejercicio de estos derechos”. En especial, “en el caso de los pueblos indígenas que incluya la consulta previa con miras a llegar a acuerdo o consentimiento, y en caso de reasentamiento el consentimiento libre previo e informado de estos pueblos”.
Agregaron que “cualquier propuesta de negociación entre empresas y comunidades, debiera cautelar que esté previamente garantizado: el ejercicio y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; la protección de la propiedad pública o comunitaria (soberanía) sobre el territorio y los bienes comunes susceptibles de afectarse; y la participación vinculante de la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, recursos naturales y los bienes comunes en cuestión”.
Además de estas condiciones, la relación entre las empresas y las comunidades locales debiera considerar una asesoría independiente para apoyo de comunidades y un royalty o participación en utilidades de la empresa no inferior al 10%. Para su administración, deben conformarse fundaciones o corporaciones integradas mayoritariamente por miembros de las comunidades afectadas elegidos para tal efecto, y asignarse colectivamente para un “Plan de Desarrollo Local”.
Las organizaciones indicaron que impulsarán esta propuesta en los diversos espacios comunicacionales, académicos y legislativos en los que participarán.
Entre los firmantes se incluyen Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, Corporación para el Desarrollo de Aysén, Instituto de Ecología Política, Ecosistemas, Agrupación Aisén Reserva de Vida, Greenpeace, Terram, Mañíos y Baguales de Villa Mañihuales, Pu Ingkakelu Puke Lewfu y Newentru Domo de Puerto Aysén.
