Jose Aylwin, Co-Director OC
Lorena Arce, Consorcio TICCA
Más de 6000 personas, entre ellas representantes de organismos estatales, ambientales, comunitarios e indígenas, provenientes de cerca de 170 países, se reunieron en el Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) realizado en Sídney, Australia, del 12 al 19 de noviembre. En el caso de Chile, participaron representantes de CONAF, del Ministerio del Medio Ambiente, Ongs ambientales y de derechos humanos, y representantes de pueblos indígenas y de entidades privadas de conservación.
Los temas discutidos en este Congreso abarcaron desde el cumplimiento de las Metas de Aichi sobre la diversidad biológica, los desafíos del cambio climático, la relación entre conservación y desarrollo, hasta las diversas formas de gobernanza de áreas protegidas y conservadas y la contribución de los conocimientos tradicionales a la conservación de la biodiversidad.
El documento final del Congreso, denominado “La Promesa de Sídney” resume la visión de los participantes sobre el crítico estado actual de la conservación del planeta y alerta sobre los desafíos que esta realidad nos plantea a todos en momentos de graves amenazas para la sustentabilidad, manifestados en la acelerada explotación y degradación de los recursos naturales y en el cambio climático.
Así, si bien el documento valora el incremento de áreas protegidas y conservadas alrededor del mundo desde el último Congreso de Durban 2003, destacando el establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas y el reconocimiento de áreas y territorios conservados por pueblos indígenas, comunidades locales y entidades privadas; reconoce que las amenazas a la diversidad biológica y a las áreas protegidas han alcanzado su nivel más alto en la historia, debido a la convergencia a gran escala de los patrones de consumo humano, el crecimiento de la población y la actividad industrial.
Para hacer frente a esta realidad se propone no solo aumentar la cobertura de protección de ecosistemas terrestres y marinos –claves para la conservación– sino también mejorar “la diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza, incluyendo el reconocimiento y apoyo apropiados a las áreas conservadas por pueblos indígenas, comunidades locales y entidades privadas”. Más aún, la promesa de Sídney trasciende la visión tradicional de la conservación que ha estado limitada a las áreas protegidas, planteando la necesidad de avanzar hacia “promover los usos sostenibles de la tierra y eliminar las actividades y políticas que degradan, amenazan o producen la extinción o la pérdida de los ecosistemas y su biodiversidad…”, destacando además la importancia de contar con “…economías sostenibles y equitativas que respetan los límites planetarios y la justicia social”.
Para ello se propone la implementación de políticas públicas que “…ayuden a detener la pérdida de biodiversidad, mitigar y responder al cambio climático, reducir el riesgo y el impacto de los desastres, mejorar la seguridad alimentaria y de suministro de agua, y promover la salud y dignidad humanas”. Junto con ello se plantea la necesidad de trabajar “…en alianza con los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo la larga tradición y conocimiento, los derechos colectivos y las responsabilidades en relación con la tierra, el agua, los recursos naturales y la cultura” destacando además la necesidad de “…rectificar y remediar las injusticias pasadas y presentes en cumplimiento de los acuerdos internacionales”.
La promesa de Sídney no puede pasar inadvertida en Chile, país signatario de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), donde de acuerdo al informe de OECD de 2011, se constatan serios problemas ambientales que han resultado en una acelerada perdida de la biodiversidad. Se trata de un fenómeno que, como sabemos, es consecuencia de un modelo de desarrollo basado en la extracción y explotación de recursos naturales, que ha tenido fuertes impactos entre otros recursos, en el agua, los bosques nativos y los recursos del mar. Dicho fenómeno sa ha facilitado por una normativa –la Constitución de 1980 y el entramado legal a que dio origen– que ha permitido una enorme concentración de la propiedad de los recursos naturales comunes, como el agua y los recursos del subsuelo, en pocas manos, enajenando el control público y ciudadano sobre estos recursos.
Las conclusiones del Congreso de UICN en Sídney tampoco pueden pasar desapercibidas en un momento tan crucial como el actual, donde se está debatiendo en que el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A pesar de su título y ambiciosos objetivos, el proyecto en cuestión solo pone énfasis en las áreas protegidas (sin considerar otros medios efectivos de conservación), mientras está lejos de asegurar la protección de los ecosistemas más valiosos del país y, por lo mismo, conservar la biodiversidad en los territorios.
A la vez el proyecto de ley parece estar lejos de las preocupaciones planteadas en Sídney en relación, por ejemplo, con las implicancias adversas que tienen para la biodiversidad la actividad industrial y los mega proyectos de desarrollo. Tampoco propone mecanismos que permitan mejorar y proteger la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la promoción de la salud y dignidad humana. Menos aún, no hace ninguna referencia a la importancia de avanzar hacia economías sostenibles y equitativas que respeten los límites planetarios y la justicia social, que se encuentran en la base de la conservación.
Otra grave omisión de este proyecto es la referida a las distintas formas de gobernanza de las áreas protegidas y conservadas, reconocidas por la UICN y el CDB. El proyecto actual restringe el sistema a la consideración de solo dos tipos de gobernanza, la realizada por el Estado y los privados, y no considera las categorías de gobernanza compartida y la de pueblos indígenas y comunidades locales, desconociendo por completo el esencial aporte que estos han realizado –y que continúan realizando– a la conservación de la naturaleza. Muchos de estos territorios y áreas, a pesar de su importante rol en el sistema de conservación, hoy se encuentran amenazados por proyectos extractivos y de infraestructura que les son impuestos sin procesos de consulta y sin mecanismos que les permitan participar en los beneficios. El proyecto, tampoco hace referencia a la necesidad de fortalecer sus derechos colectivos y gobernanza sobre dichas tierras y territorios, así como sus conocimientos tradicionales.
El proyecto de ley presentado al Congreso, además, desconoce por completo las experiencias que hoy se impulsan en la mayor parte de los estados, donde los pueblos indígenas y las comunidades locales son considerados actores centrales en la conservación de la biodiversidad, contando con incentivos económicos y resguardo legal para ello. Uno de los casos más relevantes en este sentido es precisamente el de Australia, país anfitrión del Congreso de UICN, donde las áreas protegidas indígenas, que cubren más de 36 millones de hectáreas, alrededor del 25% del sistema nacional de áreas protegidas, no solo son reconocidas legalmente, si no cuentan con el respaldo, asesoría y apoyo público.
¿Si ello es posible en contextos como el de Australia, cabe preguntarse porque no en Chile? ¿Porque nuestro país sigue siendo una isla en esta materia, así como en tantas otras, privilegiando el rol de los privados –muchas veces asociados a los conglomerados que siguen devastando la diversidad biológica en el país– y se niega a reconocer legalmente y a apoyar las iniciativas de comunidades como Quinquen, Mapu Lahual, Diaguitas de Huasco Alto, Atacama y Alto Loa, Puerto Eden, entre otras, que realizan para conservar sus tierras y recursos, muchas veces enfrentadas a amenazas de industrias extractivas o productivas?
En síntesis, el proyecto de ley dista mucho de estar a la altura de la reflexión internacional sobre esta materia. Son demasiadas las omisiones de temas que hoy se reconocen centrales para contar con sistemas efectivos y equitativos de conservación.
Es de esperar que los representantes de gobierno asistentes al Congreso de Sídney informen a sus instituciones de los contenidos de la promesa de Sídney y de las tendencias dominantes en materia de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas que allí se dieron a conocer. También es importante que la discusión sobre este proyecto de ley se abra a los distintos actores involucrados, para lo que es indispensable que salga de Santiago a las regiones y sus rincones, donde están quienes se enfrentan diariamente con estos temas. Ello permitiría enriquecer la propuesta legislativa que hoy debate el Congreso, y abrirla a nuevas tendencias, visiones, perspectivas, sin las cuales la biodiversidad en el país posiblemente seguirá amenazada.
