En octubre, el Gobierno entregó al legislativo su propuesta para modificar el Código de Aguas. El documento que ingresó el Ejecutivo plantea “actualizar la legislación chilena equiparándola al nivel de las legislaciones de otros países de la OCDE y responder a las necesidades propias de nuestro país.”. También expresa que …”Se establece para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas un cambio de concepción…”, anuncio que podría ser entendido como el gran cambio que se necesita, pero que incluye un “NUEVOS” que deja fuera toda situación anterior al proyecto, dejándonos en el mismo punto de partida. Con esta propuesta no se tocan los derechos establecidos previo a esta reforma, por lo tanto es letra muerta para las regiones que ya no tienen derechos de agua disponibles y que incluso están sobre entregados, es decir, desde la I a la V Región, pero también para buena parte del país en el caso de los derechos no consuntivos, donde la Región de Aysén es el ícono de esta situación.
Lo positivo, es que se definen tres categorías de uso: subsistencia, preservación ecosistémica y productivas. Se establece en la primera, el uso para consumo humano y saneamiento, como uso prioritario del agua. Para asegurar las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica se permitiría al Estado constituir “reservas de aguas superficiales o subterráneas”, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia.
Sin embargo, desde el punto de vista de la agricultura familiar campesina no hay priorización explícita para el autoabastecimiento de alimentos (vegetales y animales). Y desde el punto de vista ecológico hay un vacío enorme, ya que no se plantea modificar la actual regulación para el caudal ecológico (es decir, el caudal mínimo para que se mantegan las funciones básicas de un ecosistema). Además, se plantean cuestiones que no son operativizables, como: …”Siempre con la finalidad de garantizar el acceso al agua para consumo humano, se propone que ante la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permita constituirlos a los comités de agua potable rural.”… Entonces aquí surge la pregunta ¿cómo constituyes un derecho de uso donde no hay disponibilidad de agua?
En esta jugada el Gobierno no quizo quedar mal con nadie, ya que no toca mayormente los derechos de las empresas que concentran los derechos consuntivos de agua (Agricultura, Hidroelectricidad, Minería e Industria principalmente), pero a la vez si prioriza el consumo humano (a través del abastecimiento y saneamiento de la población, que cada vez es menos factible). En el juego de las sumas y restas, la ecuación puede resultar por un tiempo: el uso para agua potable y saneamiento es hoy alrededor de 4-6% de la matriz hídrica consuntiva (75-80% agricultura, 5-10% minería, 12% industria). ¿Como operaría? El Estado se “reserva” algunos derechos de uso de la minería y la agricultura en el norte para abastecer a la población local (estimado 2-3%). Sector Minería ya está “desalando” el agua del Océano y el Estado via MOP establecerá varias plantas de desalación (subsidio a la gran Mineria). Sector Agricultura está tranquilo porque se queda con el agua de las grandes obras de embalse de agua (y en 20-30 años más con los embalses), y además presiona al Gobierno para que recupere los que están en desuso, que quedaron así justamente por la desidia de Estado y privados. Desde las hidroeléctrias (derechos no consuntivos) la jugada será “inundar” de proyectos el SEA, con el fin de mostrar que está usando el agua para que no le caduquen sus derechos, pero favoreciendo el entrampamiento a través de tecnicismos y judicialización de los proyectos. En otras palabras, proyectos tipo “palo blanco”. Esto lo pueden realizar de manera cíclica en el tiempo, ya que esta modificación les otorga una ventana de 8 años antes de caducar derechos no consuntivos.
En síntesis, con estas medidas la estrategia del Gobierno denota que sólo se pretende “minimizar el daño”, reduciendo la reforma al Código de Aguas a su mínima expresión. Otra reforma tributaria, 2-0.
Ojalá los estudiantes puedan modificar lo que pareciera ser el verdadero mandato de este nuevo Gobierno, “mantener las cosas tal como están”, para beneficio de pocos y perjuicio de muchos. La soberanía popular tiene la palabra, y debe expresarse para lograr verdaderos cambios en esta sociedad donde los partidos políticos y los intereses económicos de las grandes corporaciones privadas tienen secuestrado el poder, a través del control del Estado.
Por Pilar Cárcamo, presidenta Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
Extraído de Diario el Ranco
