Por comunicaciones OLCA
Hoy arribó al país el alcalde de Cotacachi, cantón ecológico donde Codelco pretende llevar a cabo el proyecto Llurimagua contra la expresa voluntad del territorio, además del Jefe de Comunicaciones del Municipio, una dirigenta de la comunidad afectada por el proyecto, la madre del Presidente de la comunidad quién está ilegalmente detenido, el vicepresidente de la comunidad y una dirigenta de Acción Ecológica de Ecuador.
La agenda incluye reuniones con trabajadores de Codelco, parlamentarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Comunidades impactadas por la megaminería en el Valle de Aconcagua, foros públicos y otras actividades, como la entrega de una carta con 100 mil firmas a las oficinas de Codelco, luego de que la minera se negara a recibir a la delegación y a viabilizar una visita al rajo de Andina, pese a haberse realizado las gestiones con más de un mes de anticipación.
Mañana martes 4, la delegación tendrá reunión en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se va a denunciar la violación a los derechos humanos cometidos por la minera estatal chilena. Además, con la Federación de Trabajadores del Cobre (Trabajadores directos de Codelco) y con Confederación de Trabajadores del Cobre (Trabajadores Contratistas) donde se contextualizará la relación que se ha tenido con la empresa.
Contextualización:
Intag tiene 6 parroquias rurales con una extensión de 1.200 km2 y una población de 13.000 habitantes con una rica cultura campesina y una estructura social sana. Intag es parte de dos de los “hotspots” de biodiversidad más importantes del planeta: Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales, áreas prioritarias para la conservación a nivel mundial. El Valle de Intag tiene un clima subtropical y una pluviosidad promedia de 3000 mm/año, la geografía es extremadamente quebrada y 25 ríos prístinos conforman un importante sistema hídrico del norte del Ecuador. Nuestra región alberga algunos de los últimos remanentes de bosques nublados de las estribaciones occidentales del Ecuador, y un sin número de especies de flora y fauna amenazadas de extinción y otras que todavía no han sido estudiadas.
Como resultado de un convenio bilateral con Japón, en 1997 se realizaron por primera vez en nuestro valle actividades mineras, llevadas a cabo por la entidad minera estatal de ese entonces Codigem y la empresa japonesa Bishimetals (subsidiaria de Mitsubishi Corporation) proyecto que fue financiado por la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. Durante varios años de exploración se descubrió un potencial depósito cuprífero en las montañas boscosas del sector de la comunidad de Junín y las comunidades aledañas.
Debido al procedimiento inadecuado y en contra de las leyes vigentes en el Ecuador en ese momento, este proceso terminó por causar el rechazo de los pobladores y gobiernos locales. La negación y distorsión de la información difundida en las comunidades y las primeras afectaciones al ambiente y la salud de los moradores del sector, así como los gravísimos impactos previstos en el Estudio de Impacto Ambiental provocó medidas de hecho que desembocaron en el abandono del área y del proyecto por parte de Codigem y Bishimetals, y el fin del convenio bilateral.
El estudio de impacto ambiental financiado por JICA y llevado a cabo por expertos japoneses de la Mineral Mining Agency of Japan, determinó los siguientes impactos basados en un pequeño yacimiento de 450.000 toneladas de cobre puro: deforestación masiva, cambio del clima local, desertificación y secamiento del clima, contaminación de fuentes de agua con metales pesados, contaminación del aire, extinción masiva de especies animales, impactos a el área protegida Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas que forma parte del sistema nacional de áreas protegidas, reubicación de 4 comunidades (actualmente unas 200 familias) y aumento de la delincuencia.
Sin embargo esto fue recién el inicio de una larga y dura historia que tenía por delante el Valle de Intag. En el año 2003 la empresa minera, Ascendant Copper con sede en Canadá, obtuvo la concesión del proyecto minero de Junin. Entre los años 2004 y 2007 se vivieron fuertes agresiones por parte de la empresa canadiense en contra de dirigentes y comunidades. Estas pasaron por estrategias de división de la población con ofrecimientos demagógicos, compra de conciencias, enjuiciamiento de lideres comunitarios y la intervención de paramilitares contra las comunidades y dirigentes opositores al proyecto minero. Finalmente, Ascendant Copper tuvo que abandonar Intag y el país..
Hoy en día, y después de haber expulsado a dos transnacionales, el cantón Cotacachi enfrenta por tercera vez un conflicto por el proyecto minero de Junin, ahora denominado proyecto “Llurimagua”. En esta ocasión, como mencionamos al inicio de esta carta, las empresas involucradas en el desarrollo del proyecto son la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI y la estatal chilena CODELCO. Con gran preocupación vemos que las estrategias para la implementación de proyectos de explotación de recursos naturales en el Ecuador, inclusive cuando participa en ellos el estado, no varían mucho con las utilizadas en los años anteriores por las empresas transnacionales que han pasado por Intag. La forma de proceder de ENAMI, ignorando los reclamos de los moradores a respetar sus derechos e incumpliendo las leyes de la república vigentes, ha provocado la reacción comprensible de la población, oponiéndose por mucho tiempo a la instalación de la empresa en el área de la concesión minera. Muchos de los opositores han recibido acusaciones temerarias desde las esferas más altas del estado ecuatoriano, tergiversando la verdad y tratando de intimidar a los opositores que están en su legítimo derecho a disentir.
Los acontecimientos más preocupantes sin embargo ocurrieron en los meses pasados, cuando el 10 de abril el presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramirez Piedra, opositor al proyecto minero, fue ilegalmente apresado y judicialmente acusado por rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Hoy Javier Ramirez P., agricultor y padre de familia, cumple una prisión preventiva de 90 días, y que fue ampliada por 30 días adicionales. Debido a la fuerte ingerencia que ejerce el ejecutivo ecuatoriano, sobre la función judicial tememos la posibilidad de que Javier Ramirez, sea sentenciado hasta a 8 años prisión. Es incomprensible que un campesino, cuya vida está dedicada a las labores de la tierra pueda ser acusado de saboteador y terrorista.
Posteriormente, el 8 de mayo ENAMI-CODELCO entró a la fuerza al área de la concesión minera que se encuentra dentro del bosque protector, de 1500 hec., de propiedad de la comunidad de Junín. Para lograr el acceso, la empresa se abrió paso escudándose detrás de más de 200 policías y maquinaria caminera. La oposición de la comunidad al ingreso de ENAMI, fue literalmente limpiada del camino. Como un acto de humillación y burla a los moradores, que insisten en el respeto a sus derechos y a las leyes del país, un campamento policial fue instalado en la plaza central de la comunidad y al frente de la casa de la familia de Javier Ramirez. Desde esa fecha para acá los habitantes de Junín y de todo el valle de Intag han sido vejados e intimidados con la presencia policial, impedidos de la libre circulación por su territorio y afectando algunas actividades económicas como el turismo.
La flamante constitución de la República del Ecuador, aprobada por referéndum popular en el año 2008 consagra varios derechos que le asisten a la población ecuatoriana, de los cuales se pueden citar los siguientes: el derecho a vivir en ambiente sano y libre de contaminación, vivir en una cultura de paz; a ser informados y consultados sobre los proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios, el derecho a la resistencia de los individuos y las colectividades frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren y puedan vulnerar sus derechos y los derechos otorgados a la naturaleza, por citar algunos. Estos derechos se han visto seriamente vulnerados por las propias instituciones y funcionarios del estado ecuatoriano, y la empresa CODELCO que se está convertido en cómplice, al mantener un acuerdo binacional de cooperación con ENAMI. Estos derechos deben ser respetados en primera línea por el mismo estado ecuatoriano y más aún por empresas extranjeras. Cabe señalar que la información entregada a los habitantes de Intag en las supuestas socializaciones del proyecto, que ENAMI-CODELCO proclama estar realizando, son por decir lo menos deficientes. En estos talleres la información sobre los potenciales riesgos y beneficios de la exploración minera avanzada es incompleta, no se permite presentar otros puntos de vista sobre el proyecto, y los funcionarios encargados realizan “una propaganda comercial”, lanzando cifras exorbitantes de la inversión minera, que suenan abrumadoras en los oídos de los agricultores y campesinos de Intag. Sin embargo a nadie le es permitido realizar preguntas sobre temas fundamentales, como son los potenciales impactos ambientales, aspectos técnicos e impactos sociales de las fases de exploración avanzada y explotación de una mina a cielo abierto de cobre en uno de los lugares más lluviosos y biodiversos del mundo.
Cabe mencionar que a raíz del inicio del conflicto minero, los habitantes de Intag y del Cantón Cotacachi iniciaron extensivas investigaciones sobre la actividad minera y sus impactos ambientales, sociales, sobre la salud humana, así como sobre las afectaciones en las economías locales y regionales en áreas mineras. Podemos afirmar con absoluta seguridad, que un gran sector de la población del Valle de Intag está informada con profundidad y objetividad, sobre las consecuencias de un proyecto minero a gran escala en una área de inminente vocación agrícola, ganadera, turística y forestal. Esa es la razón por la cual un amplio sector de la población de Intag hoy está opuesto al desarrollo del proyecto Llurimagua en nuestra región.
Adicionalmente es importante mencionar que la gente del Cantón Cotacachi ha vivido un proceso profundo de democracia viva el cual se institucionalizó a través de la “Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi”, que viene realizando desde hace más de 17 años asambleas de la sociedad civil del cantón. En todas las asambleas realizadas hasta la fecha, y sin excepción, la población participante ha manifestado su oposición a la instalación de la industria minera a gran escala en el cantón y por el contrario ha ratificado en todas las ocasiones la declaratoria de “Cotacachi Cantón Ecológico”. Esta visión de desarrollo está plasmada además en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cotacachi.
Estos verdaderos procesos de democracia viva y empoderamiento de la población han motivado además el surgimiento de múltiples iniciativas de desarrollo económico sustentables y conservación de los recursos naturales en el cantón y en especial en Intag, que están enfocadas principalmente a la agricultura sustentable, la ganadería de leche y de carne, el turismo comunitario, la manufactura artesanal, así como la creación de extensas áreas naturales y fuentes hídricas protegidas, bajo la administración directa de mas de 40 comunidades del Valle de Intag.
En este momento los defensores del Valle de Intag han recibido la atención y solidaridad de amplios sectores nacionales e internacionales por la difícil situación que están atravesando. Muchos ojos se encuentran puestos sobre el desarrollo de los acontecimientos. La información proporcionada hace comprender fácilmente que la población del cantón Cotacachi y del Valle de Intag es una población analítica y capacitada para reflexionar sobre su visiones de futuro y proyectos de desarrollo para su territorio. Esta población reclama hoy su derecho a decidir libremente y sin presiones ni manipulaciones desde el estado, sobre su futuro.
