El objetivo del encuentro fue coordinar acciones que permitan evidenciar los impactos de las industrias extractivas en territorio mapuche, proponiendo además mecanismos que promuevan transformaciones legales e institucionales para su protección.
“Cuando se impulsan proyectos de inversión susceptibles de afectar derechos humanos, y particularmente cuando se trata de derechos de pueblos indígenas, se ha establecido derechos como la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, la participación en los beneficios y la compensación por daños. Derechos que no se aplican en la realidad observada en el territorio mapuche en Chile y Argentina”, comenta José Aylwin.
Por Elías Paillan
Representantes del Observatorio Ciudadano de Temuco (OC) y del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) de Neuquen, se reunieron los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Temuco con el propósito de coordinar las principales acciones a desarrollar en el marco del proyecto “Industrias Extractivas y el Pueblo Mapuche: Documentación, Defensoría Legal y Empoderamiento para la Protección de los Derechos”, apoyada por el Grupo de Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena ( IGWIA).
El objetivo central del proyecto es proporcionar evidencia objetiva y demostrable de los impactos de las industrias extractivas relacionadas con los derechos del Pueblo Mapuche en Chile y Argentina y, sobre esta base, promover las transformaciones legales, políticas, institucionales y culturales que puedan proteger sus derechos humanos y territorios de forma efectiva, abriendo así un espacio hacia un desarrollo más autónomo y sustentable ambiental y culturalmente.
Casos a monitorear
En Chile, se hará un análisis general de la industria forestal y se desarrollará un estudio de caso territorial específico. Otro de los sectores a investigar son las hidroeléctricas, particularmente el caso del proyecto Central Neltume de Enel, en la comuna de Panguipulli. Del mismo modo, se hará seguimiento de la Salmonicultura y un estudio de caso en la zona lacustre de la Araucanía.
Mientras que en Argentino se documentará el caso de Vaca muerta, relativo a la extracción de petróleo no convencional por parte de la empresa YPF Chevron, técnica conocida como fraking. Otros de los casos a estudiar es la situación que afecta a la comunidad Picun Leufu, producto de la extracción de petróleo convencional, así el de la comunidad Cachi Pallín, afectada por extracción de gas.
Relevancia del proyecto
José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano y coordinador general del proyecto, explica que existe un diagnóstico común de la presencia cada vez mayor de empresas en el territorio de ocupación tradicional mapuche, tanto en el gulumapu (lado chileno) como en el puelmapu (lado argentino), lo que tiene una explicación por los fenómenos globales y las crecientes inversiones extractivas y de infraestructura que se están desarrollando en dichos territorios, muchas veces con capitales internacionales y también de los propios estados, las que afectan derechos que han sido reconocidos tanto en los ordenamientos domésticos como internacionales a los pueblos indígenas.
Aylwin detalló que a través de esta propuesta se realizará una documentación de los casos anteriormente señalados para ser presentados en instancias internacionales, “dado que si bien aquí (en Chile) ha habido números litigios hasta ahora, salvo contadas excepciones, la justicia ha permitido la continuidad de proyectos de inversión que afectan directamente al pueblo mapuche. Ello a pesar de no haberse verificado un proceso de consulta adecuado”. Agrega que la situación se complejiza con la entrada en vigencia del inconsulto decreto 66 aplicable a los procesos de evaluación de impacto ambiental, los que “minimizan” los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre consulta a pueblos indígenas.
Los resultados de estos estudios transfronterizos serán presentados a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose Marie Antoine que visitará Chile en el mes de noviembre próximo, además del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en su sesión de diciembre proximo. Eventualmente, tras la constatación de impactos, se prevé hacer valer alguno de los mecanismos del sistema de la ONU o el sistema interamericano de Derechos Humanos para la protección de derechos vulnerados.
El abogado comentó, a su vez, que el proyecto desarrollará una estrategia tendiente a empoderar en derechos a las comunidades afectadas, utilizando el marco que Naciones Unidas ha definido sobre la responsabilidad del Estado y de las empresas ante actividad empresarial que afecta derechos humanos. “Naciones Unidas ha definido un marco que ha denominado “principios rectores sobre empresas y derechos humanos”, los que establecen el deber de los estados de proteger y contar con legislación adecuada, para impedir violaciones a los derechos humanos, así como establecer mecanismos de reclamación por parte de las comunidades afectadas”. Aylwin agregó que las empresas por su parte están obligadas a respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, entre ellos el Convenio 169 de la OIT. Ello además de tener una debida diligencia cuando impulsan proyectos de inversión susceptibles de afectar derechos humanos, y particularmente cuando se trata de derechos de pueblos indígenas, entre ellos la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, la participación en los beneficios y la compensación por daños. Se trata de derechos que, como sabemos, no se aplican en la realidad observada. También se ha propuesto iniciar una interlocución con los estados”, finalizó.
Por su parte Verónica Huilipan, Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Puelmapu, calificó la reunión y la iniciativa propiamente tal como “muy sustancial”, puesto que ambos observatorios “venimos trabajando en acompañar los procesos de lucha de las comunidades afectadas, que son las que están poniendo en evidencia los graves impactos que provocan las industrias extractivas dentro de la cultura mapuche y en sus derechos territoriales, culturales, sociales, donde se produce una violación muy fuerte por parte de los estados hacia derechos fundamentales de las comunidades mapuche”, aclaró.
A juicio de Huilipan destacó asimismo el proceso de empoderamiento de las comunidades mapuche respecto del marco de derechos de reconocimiento que tienen a todos los niveles, internacional, nacional y regional, lo que va a traer aparejado el fortalecimiento organizativo y político del pueblo en su conjunto”, finalizó.
Método fracking
Jorge Nahuel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquen, responsable de la zonal trawunko, epicentro donde hoy se desarrolla explotación hidrocarbonífera mediante la fractura hidráulica o fracking. Explica que este método es diferente a la explotación tradicional que se conoce, que es la perforación vertical, lográndose alcanzar a mayor profundidad de la superficie (a razón de 3 a 4 mil metros), con la particularidad de que una vez llegado a esa profundidad, cuando se descubre la capa del recurso hidrocarbonífero, ella se extiende horizontalmente hacia varios puntos, que hace que la explotación adquiera un mayor dimensión.
Nahuel dice que esta particularidad los tiene “alarmados y en guardia, generando mucha angustia a nivel territorial. Pues las descargas explosivas generan dispersión de las rocas y se requiere además una serie de compuestos químicos, utilizados para separar el recurso de las rocas, componentes que generan un profundo impacto tóxico y una fractura (por eso el nombre) que no tiene límite, lo que cusa desastres ecológicos constatados en varios lugares del mundo”, afirmó.
Cabe destacar que en muchos países, por lo mismo, esta técnica ha sido prohibida o se ha declarado en moratoria hasta que no haya plena certeza de que hay total garantía sobre el impacto que genera. Nahuel señala que en Argentina no se hizo ninguna de estas evaluaciones, entrando las empresas “con total impunidad, sin ningún tipo de prevención, y con un Estado que no tomó ninguna de las prevenciones que implican estudios de impacto ambiental profundos, lo que generó mucha reacción por parte de la población que son impactadas en sus territorios”, sostuvo.
Finalmente la abogada Micaela Gomiz, Secretaria Ejecutiva del ODHPI, señaló que este trabajo entre ambos observatorios permitirá “consolidar un proceso que se viene iniciando desde algunos meses y que vincula la situación que ocurre a ambos lados de la cordillera, sobre un pueblo que hoy se encuentra dividido en dos estados pero que tiene un origen común, que se reconoce como un pueblo y una nación única, siendo afectada por la explotación de sus recursos naturales a través de grandes empresas, como son las industrias extractivas”, puntualizó.
La profesional cree que los estados tienen múltiples herramientas mediante las cuales pueden abordar la función de protección de estos derechos, y también la justicia puede jugar un papel importante, pues cuando algunos mecanismos previos van dejando de funcionar o son violados, la justicia debería ser un actor principal para que estas comunidades accedan a mecanismos eficaces de defensa de sus derechos. Por otra parte, afirma, es fundamental “desarrollar acciones y jugar papeles que pongan al Estado en funcionamiento y en el rol que debe cumplir en estos procesos, mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como son mediaciones, audiencias, espacios y medidas dialoguistas para mejorar esta situación. Son muchos los desafíos, pero habiendo derechos humanos involucrados, hay mucho que trabajar entre ambos observatorios y con las comunidades que están siendo afectadas”, finalizó Gomiz.
