Valle del Queuco: asesinatos, represión y negocio energético

En julio de 2002 fueron asesinados dos dirigentes pehuenche en el Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobio. Los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavián de la comunidad de Cauñicú fueron muertos por un grupo de cerca de 100 personas de la misma comunidad, de quienes se ha denunciado que actuaron en conjunto con campesinos colonos, carabineros, y autoridades locales y regionales. En diciembre del mismo año, Jorge Suárez Marihuan, hermano del lonko de Malla Malla, fue asesinado a golpes y su cuerpo fue arrojado al río Queuco, homicidio denunciado como un crimen por encargo. En julio de 2013, la comunidad de Malla Malla sufrió violentos allanamientos policiales en respuesta a protestas contra las políticas divisionistas del Estado. Hoy, el valle del Queuco está bajo amenaza de instalación de centrales hidroeléctricas de pasada, promocionadas engañosamente como inocuas, para incrementar la producción energética que requiere el Estado y el empresariado.

La comunidad pehuenche de Malla Malla bordea el río Queuco entre las laderas de la Cordillera de los Andes en la Región del Biobio. A finales del siglo XIX, mientras los ejércitos de Chile y Argentina perseguían a pueblo pehuenche obligándolo a refugiarse en la alta cordillera, el Estado chileno comenzó a conquistar el Alto Biobio mediante colonos, en su mayoría campesinos pobres de la zona del Biobio, quienes motivados por la necesidad económica, utilizaron el engaño, una legalidad favorable y el apoyo de las autoridades, para quedarse con los predios más aptos para la agricultura.

Desde 2001, la comunidad de Malla Malla inició un proceso de recuperación del territorio que actualmente habitan. Clorinda del Carmen Martínez, esposa del Lonko de la comunidad, relata que “donde vivían sus padres y abuelos en la alta cordillera, no se podía sembrar”, por lo que se vieron en la necesidad de emprender la recuperación de sus antiguos territorios junto al río. En este proceso, relata, “la lucha no ha sido fácil, ya que el Estado y carabineros, reprimen constantemente a la comunidad o hacen pelear a pehuenches contra pehuenches”. La CONADI (Corporación de Desarrollo Indígena) es una institución que ha sido frecuentemente denunciada por neutralizar los legítimos procesos de recuperación territorial del pueblo mapuche, presionando a las comunidades para aceptar las restricciones que el Estado chileno determine. En el caso de la asignación de tierras, es frecuente que las comunidades reciban muchas veces tierras insuficientes para vivir, en lugares alejados de su territorio originario, en terrenos improductivos o con dificultades para el desarrollo de la agricultura y ganadería, potenciando de esta forma la dependencia de la comunidad a otras instituciones del Estado o empresas privadas.

En el cajón del Queuco, dirigentes pehuenches que participaban en recuperaciones de tierra al margen de la CONADI, fueron asesinados hace poco más de una década en el fundo San Luis del sector Cauñicú. Durante la noche del sábado 13 de julio de 2002, los hermanos, Agustina y Mauricio Huenupe Pavián y un grupo compuesto por al menos 20 personas más, principalmente niños, fueron atacados por cerca de un centenar de personas, entre comuneros de Cauñicú y colonos que reclamaban las tierras. Estos predios habrían sido entregados a otros comuneros de Cauñicú por medio de la CONADI, institución que estaría actuando como propiciadora del conflicto. La comunidad de Malla Malla denuncia que el crimen se desarrolló a vista y paciencia de carabineros, y que podrían estar involucradas autoridades regionales e instituciones de gobierno, ya que prestaron apoyo lógistico a los comuneros de Cauñicú que perpetraron la masacre.

El asesinato de los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavián.

El lonko de la comunidad de Malla Malla, Segundo Suárez Marihuan relató que los victimarios de los hermanos Mauricio y Agustina Huenupe Pavián fueron pehuenches de la comunidad de Cauñicú, instigados y apoyados por diversas instituciones del Estado chileno, tales como Indap, Carabineros y la Gobernación de la Provincia del Bío Bío, cuando la dirigía Esteban Krause Salazar, actual alcalde de Los Ángeles, quien aumentó la militarización de la zona de Alto Biobio, reforzando la seguridad policial de los campesinos colonos residentes. De acuerdo al relato de Segundo, estas reparticiones prestaron apoyo logístico y sus sucesivas autoridades han contribuido en mantener en la impunidad este crimen. Los pehuenches que operaron como mercenarios lo hicieron cuando las comunidades del Queuco comenzaban un proceso de recuperación territorial, el cual afectaría principalmente al empresariado forestal y energético que busca operar en la zona. Según Segundo, este acto estuvo orientado a intimidar a las comunidades y destruir su cohesión.

De acuerdo al relato de Pedro Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez: “el día 12 de julio de 2002, Agustina y Mauricio Huenupe Pavian, sorprendieron a una pareja de colonos que les apuntaban con un rifle. Los hermanos procedieron a detenerlos», logrando uno de ellos, llamado Feliciano Cruces, escapar del lugar. El otro agresor, llamado Raúl Poblete fue interrogado por los dirigentes para obtener información de quién o quiénes les habían mandado a apuntarles con armas. Ante esto, Raúl Poblete relató lo siguiente: Se planifica un ataque contra los pewenches que están haciendo la recuperación de tierras en el fundo San Luis en el sector Kauñicú, y para esto, Poblete indicó además que para este ataque se contaba con armas y que eran comandados por parte de las familias Pulgar, Cruces y Poblete, entre otros que también participaban. Ante esta situación, los hermanos Huenupe tomaron la decisión de mandar a buscar a carabineros para entregarles al apresado colono Poblete. Carabineros acudió al sector y ante lo declarado, carabineros procedió a detener al colono Poblete, y junto los hermanos Agustina y Mauricio y Francisca Pavian (esposa del dirigente) acompañaron a carabineros para realizar un decomiso de armas en diferentes casas del sector del fundo San Luis (como el sector de Chichintawe), a excepción de la familia Pulgar a quienes no se les pudo requisar armas por que en el lugar había un funcionario de investigaciones de apellido Claramun, quien luego de mostrar su placa, no permitió a carabineros seguir con el proceso que correspondía. El sábado 13 de Julio, Agustina y Mauricio, por sugerencia de carabineros del retén de Queuco, bajaron hasta Santa Bárbara a informar estos antecedentes al Tribunal, pero dicho trámite no se llevó a cabo por encontrase las oficinas cerradas. Cabe destacar que durante la llegada, la estadía y luego el regreso de aquel viaje, fueron constantemente hostigados y amenazados por otras personas contrarias a la recuperación de tierras. En tanto regresaban los dirigentes, carabineros procedió a visitar lugar del fundo San Luís (donde se hacía la toma de terreno) para informarse cautelosamente de todos los datos personales de cada uno de los miembros, incluyendo niños y ancianos que se encontraban en situación de recuperación de terreno, situación que para los dirigentes resultaba a lo menos bastante extraño. Siendo aproximadamente las 22:30 comenzó el ensañamiento y el ataque contra las personas que estaban en la recuperación. Los atacantes eran algo más de 90 individuos armados de manera diversa y los asentados en la recuperación unos 20, entre los cuales se contaba con 10 niños de entre 6 a 7 años de edad. Las balas y perdigones llegaron al lugar donde estaban reunidos mientras los niños escuchaban epeu (historias), mientras los dirigentes dormían después del cansancio del viaje. El resto de las personas decidieron entrar al lugar donde estaban los dirigentes, los niños se escondieron bajo los colchones mientras de afuera los atacantes gritaban “los vamos a quemar” “los vamos a matar” “los vamos a violar”. Comenzaron a hacer tira la casa y entraron por la ventana, a Mauricio le dieron un golpe y luego lo remataron a balazos, la gente comenzó a salir para poder salvar sus vidas, entre ellos salió Agustina que a cierta cantidad de metros de la casa fue alcanzada y asesinada, se ensañaron con ella, le cercenaron los senos y defecaron sobre ella. Mientras el resto de las personas y niños golpeados huían en diferentes direcciones. Una hija del dirigente Mauricio Huenupe, de tan solo 7 años de edad, vio a carabineros y le avisó a su madre (Francisca Pavian), quien asintió que eso era buena señal… pero carabineros, quienes andaban en camioneta sólo se pasearon por el camino, después se estacionaron con las luces apagadas y no se hizo nada. Bárbara Huenupe, una menor de 17 años arrancando aterrorizada de los hechos y con su cuerpo y vestimentas ensangrentadas, se encontró con carabineros a quien pidió ayuda para el resto de la gente y estos le respondieron “pero si eso era lo que querían ustedes” como no la ayudaron ella les pidió que también la mataran o por último que la fueran a dejar donde su abuelo Bernardino Huenupe, a lo cual ellos la colocaron atrás de la camioneta y la fueron a dejar hasta el sector de Kauñicú. Los familiares directos de quienes participaban de la recuperación de tierras en el fundo San Luis, siendo las 03:00 A.M. comenzaron a llamar a todas partes, a los retenes (puestos) de Trapa Trapa, de Ralco y de Queuco, (todos distantes a más de 4 kms. del lugar de los hechos), ninguno de ellos contestaba, extrañamente esa noche todos se hicieron los sordos incluso ni las radios de las postas funcionaron. Finalmente el 14 de julio, al medio día, se presentó carabineros diciendo que no se sabía de nada de lo ocurrido”(1)

Otras declaraciones del dirigente pehuenche Felix Tranamil en 2002, quién solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción, un ministro en visita para aclarar los hechos en los cuales los dos hermanos pehuenches fueron asesinados, señaló la posibilidad de que “grupos paramilitares” al servicio de los colonos chilenos y apoyados por el gobierno pudieran estar detrás del enfrentamiento de Cauñicú. (2)

En febrero de 2012, 15 pehuenches de Cauñicú fueron condenados a 15 y 10 años de cárcel en un recinto penitenciario de Yungay. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema consideró que los hechos formaban parte de un malón mapuche y las condenas de los 15 pehuenches de Cauñicú fueron rebajadas a 10 y 7 años, por considerar que los homicidios y agresiones se dieron en el marco de una forma de justicia propia del pueblo mapuche.

Por su parte, Pedro Suárez Marihuan relata también que actualmente “los únicos que han estado presos por este crimen son pehuenches y que los responsables intelectuales aún estan libres”.

Un artículo publicado en El Mercurio, el 25 de enero de 2015, titulado: “La desconocida historia del vínculo entre Eliodoro Matte y los pehuenches de Alto Biobio”, destaca que los pehuenches encarcelados por el asesinato de los hermanos Huenupe Pavián agradecieron a Eliodoro Matte por pagar sus defensas, para frenar a “indígenas afuerinos” que buscaban “la recuperación violenta de las tierras” además, “Matte entregó tres contenedores acondicionados para los comuneros, con el fin de que pudieran mantener su cultura mientras estaban presos y así evitar su contaminación con reos peligrosos” señala el artículo.

El clan Matte, a través de su empresa Forestal Mininco, cuenta con un largo prontuario de abusos contra trabajadores y también contra las comunidades mapuche. Parte del sector más conservador del país, a la familia Matte se la ha acusado de ser una de las principales familias golpistas de 1973, que se beneficiaron de las nuevas leyes de la dictadura, como el DL 701, mediante el cual el Estado les ha subsidiado grandes extensiones de terrenos con monocultivos forestales.

El clan Matte también ha encubierto a pederastas y violadores de derechos humanos. Eliodoro Matte entregó aportes de capital (un terreno de 70 hectáreas de La Dehesa, Santiago) a instituciones (3) a cargo de John O’Reilly, sacerdote de los Legionarios de Cristo, culpable del delito de abusos sexuales. En el caso de Fernando Karadima, sacerdote quien cometió una serie de abusos sexuales a niños, Eliodoro Matte llegó a reunirse con el fiscal nacional, Sabas Chahuán para solicitarle que apurara la investigación con el objetivo de que Fernando Karadima limpiara su nombre, además pagó por la defensa del pederasta, con un abogado considerado como caro dentro del mercado de Santiago.

Anteriormente, se han denunciado masacres perpetradas por policías y militares en instalaciones de empresas del clan Matte. Una es la masacre en la planta de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en Laja, donde murieron 19 personas luego de ser secuestradas por carabineros. Algunas de la víctimas fueron señaladas en su lugar de trabajo a la policía por una autoridad de la CMPC y luego trasladados en vehículos de la empresa para ser asesinados en un fundo explotado por Forestal Mininco, filial de CMPC. (4)

Otro es el caso de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, quienes desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser arrestados y llevados a la Tenencia de Carabineros El Abanico. En 1990, 5 cadáveres fueron hallados al interior del fundo La Mona, propiedad de forestal Mininco.

Recientemente, la CMPC del clan Matte fue denunciada por la FNE por coludirse en el mentado “Cartel del Confort”, generó millonarias utilidades en base a manipular los precios y el control del mercado del papel tissue extraído desde territorios afectados por la propia industria forestal.

El asesinato de Jorge Antonio Suárez Marihuan

Jorge Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez, lonko de Malla Malla, fue muerto en extrañas circunstancias, puesto que su cuerpo apareció el día 11 de diciembre del 2002 en la ribera del río Queuco, luego de transcurridos algunos días de su desaparición. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión, sino lesiones provocadas por terceros. De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de eliminar al comunero. Sin embargo, los testimonios se refieren a una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuan y luego su cuerpo habría sido arrojado al río Queuco. (5)

Allanamientos y represión en julio de 2013.

Irregulares ofertas de terreno realizadas por el entonces alcalde de Ralco, Nivaldo Piñaleo Llaulén, quien habría ofrecido tierras de Malla Malla a la comunidad de Trapa Trapa, desencadenaron un conflicto entre las comunidades del valle del Queuco. Integrantes de la comunidad de Malla Malla realizaron una toma de una camioneta municipal y los funcionarios de la camioneta tuvieron que regresar a pie hasta Ralco.

Con posterioridad, carabineros hizo una denuncia indicando que la noche del lunes 29 de julio de 2013, había sido atacado el Puesto Policial de Queuco por parte de un grupo de alrededor de 90 personas, un hecho que la comunidad de Malla Malla denuncia como un montaje. En la mañana del martes 30 de julio de 2013, apareció un helicóptero sobrevolando Malla Malla a baja altura y una cantidad indeterminada de buses blindados, tanquetas y furgones de carabineros llegaron hasta la comunidad, allanando las casas. En este procedimiento, carabineros realizó tratos vejatorios y algunos de los miembros de la comunidad fueron encarcelados en Los Ángeles, como Clorinda del Carmen Martínez, esposa del lonko de Malla Malla, quien denunció estar detenida en la cárcel de Los Ángeles y haber sufrido humillaciones sexuales, siendo obligada a desnudarse frente a funcionarios policiales. Varias familias debieron guarecerse a los cerros durante días para escapar del operativo de la policía militarizada, quienes actuaron junto a pehuenches de otras comunidades, los que, a cambio de alimentos y dinero, aceptaron colaborar con la policía, sumándose a la persecusión y la agresión. En esta deleznable acción, los mercenarios recibieron uniformes de carabineros y fueron trasladados en vehículos dispuestos por el entonces sacerdote de Ralco.

Este asedio policial se extendió por varios días, en los cuales, los integrantes de Malla Malla fueron golpeados y detenidos, también por pehuenches, a quienes carabineros les otorgó uniformes para perseguir y apresar a comuneros, pues ellos “conocían el terreno”, afirmó el lonko Segundo Suárez. En el operativo se realizaron detenciones ilegales, hubo casos de violencia contra mujeres embarazadas y lactantes. En la ocupación policial del Queuco, se cerró el paso a la prensa a las comunidades de Butalelbún, Trapa Trapa y Malla Malla.

En agosto de 2015 en Ralco, la Comisión de Derechos Humanos presentó informes a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades.6

Amenazas de instalación de proyectos energéticos.

Desde que en 2001, la comunidad de Malla Mallla comenzó un proceso de recuperación del territorio que habitan hoy, el Estado se ha negado a entregarles la propiedad del lugar, no reconociendo el derecho de la comunidad a vivir allí. Es probable que la negativa sea debido a que el río Queuco es objeto del interés del negocio energético. La comunidad denuncia que distintas empresas, tales como Colbún (empresa energética del grupo Matte), y Aaktei (empresa de propiedad del presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, Pedro Matthei), entre otras, pretenden construir una serie de centrales hidroeléctricas de pasada a lo largo de este río, modificando los espacios que hasta ahora son la fuente de vida para las comunidades de Pitril, Cauñicú, Malla Malla, Trapa Trapa y Butalelbún.

De acuerdo al Ministerio de Energía, hay al menos 17 sitios a lo largo del río Queuco que presentarían “potencial hidroeléctrico”. Por otra parte, una amplia zona en torno al volcán Callaqui y la Reserva Nacional Ralco, registra solicitud de concesiones geotérmicas en trámite. Hasta ahora, entre los proyectos energéticos reconocidos oficialmente, se encuentra la central hidroeléctrica de pasada Blanco, de la empresa Akatei. Pero las comunidadees del cajón del Queuco denuncian que también estarían en marcha otros proyectos hidroeléctricos y geotérmicos aún no declarados.

Pero no solo el río Queuco está amenazado, centenares de proyectos hidroeléctricos podrían instalarse en los ríos de la zona cordillerana entre Santiago y el seno de Reloncaví. La planificación energética del Estado y el empresariado siempre busca ampliar sus operaciones de extracción de materias primas para la exportación, mediante el incremento de la producción energética, y ahora pretenden continuar, aumentando el número de centrales hidroeléctricas de pasada, promocionandolas además como inofensivas, en contraposición a los embalses que suelen inundar amplias zonas y desplazar comunidades enteras. Sin embargo, las centrales de pasada también provocan impactos más centrados en el tramo específico del río derivado, el cual puede disminuir su caudal y sufrir modificaciones tanto en temperatura del agua como transporte de materia orgánica y nutrientes, donde muchas especies de peces y macroinvertebrados podrían ser afectadas en su rango de distribución, ya sea por barreras físicas que provocan pérdida de conectividad en tramos infranqueables del río, como por tramos con características inadecuadas para su hábitat. Así, se podrían reducir los sitios de desove de peces nativos y aumentar la proliferación de especies introducidas. Finalmente, el incremento en la producción energética mediante fuentes renovables fomenta, junto a la producción de energía fósil, la extracción de materias primas en otros territorios, con toda la amplia serie de impactos y contaminación asociados.

Mientras tanto, para las próximas décadas en la zona centro sur de Chile, se espera una disminución de lluvias y aumento de temperaturas a causa de un cambio climático global por emisiones industriales de gases invernadero. Este cambio climático modificará fuertemente los ecosistemas, afectando también el cauce de los ríos, la integridad del bosque nativo que aún queda, el hábitat de miles de especies y la calidad del aprovisionamiento de agua para la población humana. En este contexto, es importante que los ríos cordilleranos como el Queuco, se mantengan sin alteraciones.

Con respecto a esto, el Lonko Segundo Suárez Marihuán, plantea “la necesidad de que los jóvenes recuperen y reivindiquen su territorio, para resguardar las aguas de los ríos que dan vida al pueblo pehuenche”, recalcando la necesidad de unión de todas las comunidades afectadas: Pitril, Cauñicú, Malla Malla, Trapa Trapa y Butalelbún, afirmando que para existir como mapuches requieren que estas no sean intervenidas por los intereses empresariales, ahora expresados en nuevos proyectos hidroeléctricos y geotérmicos, y señalando además que el rechazo a los proyectos que empobrecerán más aún el territorio, es una condición necesaria para proyectar la vida comunitaria en éste.

Referencias.