Comisión investigadora se abocará a la incidencia del subsidio forestal, en el supuesto enriquecimiento y colusión de las grandes empresas papeleras. Sin embargo, entre las organizaciones socioambientales las expectativas son bajas, y exigen reparar y compensar a los territorios afectados.
Por Fernando Seymour
Por cada hectárea de pino que se plantaba en Chile, el Estado le entregaba a la empresa responsable un bono en dinero, lo que favoreció la expansión y consolidación de las compañías forestales.
La idea sintetiza lo que ha sido definido como el subsidio a la colusión de las empresas papeleras.
Incluso, más simple aún, el subsidio forestal que ha entregado el Estado mediante el Decreto Ley 701, instrumento que comenzó a operar en 1974, por iniciativa del empresario Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet, y que en su rol de director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) permitió desarrollar una política que favoreció precisamente la colusión.
“Las empresas, que no son muchas y que están ligadas a lo que hemos conocido en el último tiempo como la colusión del papel, han ganado por todos lados. Han ganado con la colusión con los sobreprecios y también porque esto se ha capitalizado a partir del aporte del Estado”.
En su condición de director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca se refiere al cuestionado Decreto 701, lo que denomina como “el pilar de la política forestal para incentivar el monocultivo”.
En suma, un subsidio directo, es decir, aportes del Estado a la materia prima que se ha usado para la fabricación de celulosa y papeles.
Por ello, una primera medida que propone es no aplicar nuevamente políticas de incentivo al monocultivo forestal. “Esto, además, no ha considerado los impactos sociales y ambientales. Por eso, no se puede volver a usar estos instrumentos de subsidio directo a las empresas, como el Decreto 701 o cualquier otra versión parecida”.
Además, propone focalizar los recursos que por tanto tiempo se han entregado a las empresas, a la reparación y compensación de los daños que han causado en los territorios. “Porque acá no solo se trata de compensar el sobreprecio de la colusión, sino también reparar y compensar lo que ha sucedido en los territorios, los que han debido asumir los costos que las empresas no asumen”.
Contaminación, degradación de suelo, sustitución de bosque nativo y alteración del ciclo del agua son algunas de las negativas consecuencias. “Hay muchas gente en el centro y sur de Chile que se ha quedado sin agua producto de esto. Y eso ha sido incentivado por un instrumento como el Decreto 701”.
Investigación legislativa, pero ¿hasta dónde?
Profundizar en estos detalles es justamente uno de los objetivos que se propuso una nueva comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se constituyó hace algunos días.
Con un plazo de tres meses, sus trece integrantes se avocarán a la incidencia que ha tenido el subsidio en el supuesto enriquecimiento de las grandes empresas papeleras, a propósito del caso que involucra a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de propiedad de Eliodoro Matte, y a la empresa SCA (ex PISA, cuyo dueño era Gabriel Ruiz-Tagle), así como la manera en la que los organismos públicos fiscalizan a las empresas de ese rubro.
De hecho, los mayores beneficiados con el subsidio han sido las empresas correspondientes a los grandes grupos económicos de las familias Matte y Angelini.
“Uno de los principales temas de la Comisión será evaluar esta política de fomento forestal implementada por la dictadura militar y que se ha mantenido por décadas, lo que ha significado que con plata de todos los chilenos el Estado subsidie a las empresas forestales para que planten pinos”.
Así lo plantea el diputado comunista Daniel Núñez, presidente de la comisión investigadora, anticipando que existe la opinión de que esta política efectivamente favoreció la concentración económica y la creación de grandes empresas forestales. “En ese sentido, lo primero es que el Estado tiene que comprometerse a terminar con esta política forestal y a generar una política que tenga otro sustento”.
Él mismo anticipa que se encuentran trabajando en los datos sobre empresas que recibieron subsidios estatales, como la Forestal Mininco, expropiada por la papelera, que pudieron haberse coludido. “Queremos que esos recursos al menos sean devueltos y determinar la forma en la que se hayan visto afectadas otras actividades económicas, sociales o culturales que se desarrollan en torno a las empresas forestales, como es el caso de las comunidades mapuches”.
Esta última, una arista en la que debiera profundizarse, tal como lo destaca Lucio Cuenca. “He escuchado de muchas organizaciones que están buscando llegar a la Comisión para entregar sus antecedentes, por esta cadena de relaciones que se establece desde la colusión hasta estos instrumentos de política pública que han incentivado y favorecido unilateralmente a las empresas forestales”.
Organizaciones mapuches y organizaciones socioambientales que se han visto afectadas de distintas maneras y en distintos ámbitos. “Es importante que los protagonistas directos de esos impactos puedan también hacer ver a la comisión las consecuencias que esta política ha tenido”.
“Nos vamos a adentrar también a una temática que es muy sensible por los hechos que se han producido en el sur de Chile, pero donde el Estado tendría una responsabilidad, si es que efectivamente este subsidio forestal permitió la colusión de estas empresas forestales y la obtención de ganancias ilegítimas”, agrega el diputado Núñez.
De hecho, reconoce que ya se han generado los contactos con comunidades mapuches, especialmente de la provincia de Arauco, que fueron las primeras en denunciar este tema. “Tenemos contemplado invitarlas, al menos en mi caso como presidente”.
Sin embargo, desde OLCA no existe mucho optimismo respecto de esta instancia legislativa, considerando que en general, entre las organizaciones ciudadanas, no existe mucha confianza en que puedan surgir medidas concretas. “Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados no han mostrado tener mucha eficacia en medidas concretas para revertir o cambiar la situación. Es un poder del Estado que puede reconstruir una parte de la verdad de lo que aquí se necesita saber, respecto de lo que ha sido la colusión y las dimensiones del modelo forestal”, explica Cuenca.
Aprensiones que no pasan inadvertidas para Núñez. “Evidentemente que un tema de esta envergadura puede requerir una comisión permanente. Pero yo soy de los que opina que las comisiones investigadoras deben tener inicio y fin, y que es deber nuestro trabajar a un ritmo más rápido si las circunstancias así lo ameritan. Si quedaran antecedentes relevantes, podemos solicitar una segunda comisión investigadora, tal vez de alguna temática más específica”.
Y agrega: “No descarto que en el caso de la política forestal y la situación de las tierras del pueblo mapuche, podamos pedir una nueva comisión investigadora que se avoque especialmente a ese tema, porque efectivamente es algo que en un mes no se alcanza a abarcar y que tiene connotaciones fundamentales por el conflicto que existe en el sur de Chile y también por la situación de marginación en la que vive el pueblo mapuche”.
“Quizás tenemos que limitar las expectativas que podamos tener –complementa Lucio Cuenca–, porque de los resultados de esa Comisión es probable que nadie se vaya preso y que nadie demande el comportamiento de las empresas. Pero sí tendremos más información de cómo se ha construido todo este sistema de colusión y de favorecer unilateralmente a los sectores económicos más poderosos del país”.
En suma, según el diputado, conclusiones que apunten a cambios en las políticas públicas y propuestas que eviten que se repitan casos de colusión como los que se han conocido en el último tiempo.
Incluso, algunas advertencias sobre los obstáculos que podrían surgir entre los propios integrantes de la Comisión. “Este tema toca a una familia que es muy poderosa en Chile, la familia Matte. Lo importante es que no tengamos ningún temor ni nos inhibamos en nuestra función fiscalizadora. Si todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión se alinean con ese predicamento, no tendremos problemas. Pero si vamos a tener gente que quiera blanquear o defender los intereses de esta familia, que además tiene el Centro de Estudios Públicos, evidentemente que existirán choques”.
La primera sesión de la Comisión, cuyo trabajo se extenderá hasta abril de 2016, quedó programada para el próximo 4 de enero, instancia para la que ya fue invitado el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
“En enero partiríamos con el tema de la colusión en general, en marzo entraríamos a la política forestal y pretendemos terminar en abril el trabajo de la comisión, abocándonos a todo lo que es el daño a los consumidores y los mecanismos de compensación”, anticipa el propio Núñez.
