Luego de que las autoridades mapuche no fueron condenadas por el conflicto en el Lof Winkul Newen, en el aire queda una sensación de victoria. Fue desestimado un juicio ejemplificador llevado adelante por los sectores concentrados del poder provincial que menospreciaron la capacidad de organización de una comunidad mapuche; un caso que abre importantes expectativas para el futuro.
Relmu Ñamku se abraza con la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas al terminar el juicio / Marcelo Mercado, Río Negro
Por: Felipe Gutiérrez y Martín Álvarez* / Colectivo Editorial Mapuexpress
El 28 de diciembre de 2012, último día judicial del año, la petrolera Apache logró una orden de desalojo contra el Lof Winkul Newen, que impedía la operación de la empresa. La compañía norteamericana buscaba aprovechar la ausencia de la comunidad debido a la veranada para ingresar al territorio y para esto hizo que la oficial de justicia Verónica Pelayes fuera en su propia camioneta a realizar la notificación. Junto a ella estaban dos policías, además de una retroexcavadora y empleados de la petrolera que comenzaron a avanzar sobre el alambrado que habían colocado los integrantes del Lof. Ante esto los comuneros les cerraron el paso y en ese momento, Pelayes recibió un piedrazo en el rostro que la dejó con lesiones. La oficial de justicia herida fue abandonada por los empleados de la empresa, entre ellos el abogado, que hasta ese momento la habían presionado para que avance con la retroexcavadora.
Así comenzaron tres años de persecución judicial a la comunidad, y en particular a Relmu Ñamku, una de sus integrantes, acusada por Pelayes de ser la autora del piedrazo. El caso fue caratulado como “tentativa de homicidio” y se pidió una pena de 15 años para Relmu. Sin embargo la puesta en escena judicial finalizó con un jurado intercultural que la declaró “no culpable” y absolvió de paso a Martín Maliqueo y Mauricio Rain, también acusados aunque con delitos menores por el mismo caso. Revisamos aquí tres razones que motivaron el proceso judicial -y fueron determinantes para su resultado- y las conclusiones que este deja.
Kiñe: Un juicio ejemplificador
El gobierno neuquino necesitaba un caso simbólico para disminuir la conflictividad social en torno al avance petrolero. Más aún ahora que está embarcado en la incierta promesa de las mieles del fracking, que amplía la frontera petrolera hacia nuevas comunidades. Con Winkul Newen encontraron la excusa perfecta para generar un antecedente en las comunidades mapuche.
El problema de estos juicios criminalizadores es que cuando son puestos bajo la lupa de la sociedad, no se sostienen. Así lo hemos visto en decenas de casos con el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera y se repite en Puelmapu. De los nueve testigos solo uno -la propia Pelayes- pudo identificar a Relmu como la agresora, mientras que las piedras utilizadas como prueba por la Fiscalía fueron recogidas diez meses después de los hechos, según la defensa.
Mientras los acusadores no podían constatar a quien acusaban, los abogados defensores sí pudieron demostrar la debilidad de la otra parte. Mientras la querella buscaba mostrar la foto, la defensa logró aclarar la película completa, como comentó el abogado de la comunidad, Darío Kosovsky.
Epu: los que están detrás
Verónica Pelayes no representa los intereses ni del Estado ni de las petroleras, ni de los sectores concentrados de poder. Por supuesto tenía sed de justicia por la situación que le tocó vivir, sin embargo ya inició un juicio contra el Estado provincial -el verdadero responsable de la situación- por este mismo caso, por una indemnización que asciende a los 6 millones de pesos argentinos.
Pero quien realmente llevó adelante el juicio, fue el poder judicial, más la empresa y el gobierno provincial. Así, toda la estructura del Estado se puso al servicio de la petrolera. Hay dos grandes motivos para que esto suceda. En Neuquén se instaló hace tiempo la razón petrolera y toda expresión que la amenace debe ser silenciada; pero también quienes gobiernan la provincia son los mismos estancieros que tienen los conflictos abiertos con las comunidades mapuche.
Küla: el racismo
Lo que obviaron tanto desde la Fiscalía, gobierno y la misma querella -con Pelayes devenida en furibunda antimapuche- fue lo que la comunidad podía conseguir. Esto no es de extrañar: los sectores de poder neuquinos siempre han actuado bajo este manto de impunidad que los lleva incluso a la torpeza. El abogado de la querella, Julián Álvarez -defensor de prominentes estancieros y figuras como Pedro Laurentino Duarte, quien ocupó el cargo de juez federal durante la dictadura militar- lo demostró de manera elocuente en los alegatos de clausura; «si fuésemos vengativos podríamos haber mandado brigadas a las comunidades», dijo sin ruborizarse.
Aún peor que el marco de impunidad, es el racismo instalado en estos grupos, que chorrea a un sector de la sociedad en la región. Los querellantes simplemente no pudieron preveer que una comunidad mapuche, a la que veían aislada, pudiera rodearse de la solidaridad con la que se rodeó, con figuras internacionales y nacionales apoyando la causa. Tampoco esperaban que la defensa fuera tenaz y consiguiera un jurado intercultural, modificando la potestad al jurado. Esto llevó a un cambio en la correlación de fuerzas, reconocido por la misma Fiscal González Taboada, quien señaló que fue “un fallo condicionado por el entorno” según cita el diario Río Negro.
Esto no lo pronosticaron porque simplemente no ven a los mapuche. La negación, no ya de sus derechos sino también de su existencia, está tan enraizada en el ADN de estos sectores, que les impide entender lo que pasa con las comunidades. La invisibilización les tapó los ojos.
Párrafo aparte merecen las expresiones que han buscado vincular a la defensa territorial mapuche con grupos terroristas, campaña ampliamente agitada por Internet. El mismo Julián Álvarez, abogado querellante, había hecho el ridículo a nivel nacional al declarar hace algunos años que la Confederación Mapuche era una “fábrica de talibanes”. Antes, su amigo Nuno Sapag, uno de los referentes de la Sociedad Rural de la región, había señalado que los mapuche tenían vínculos con las FARC y ETA[1]. Cualquier relación con lo que ocurre en Chile es pura causalidad.
Taiñ Kiñe Getuam
El resultado del juicio también es causal. Al minucioso e impecable trabajo realizado por los abogados Darío Kosovsky, Emanuel Roa y su equipo, se suma el espectacular despliegue de solidaridad que se dio en todo el Puelmapu, de parte de una diversidad de organizaciones que se sumaron a esta causa entendiendo el nefasto antecedente que hubiera significado una condena.
Distintas luchas con diversas características lograron encontrar un criterio común. Esto fue de vital importancia y el juicio fue un éxito gracias a eso. Fue un ejercicio del que podemos sacar importantes conclusiones para el futuro, considerando que en el territorio coexistimos distintas expresiones en lucha, con diversas tácticas, contra un enemigo que sí hace causa común. El desafío que deja este proceso es cómo a futuro nos preparamos para generar puntos comunes, en el marco de la relación con un Estado opresor. ¿Cómo se podrá llevar adelante esto? Lo definirán las mismas organizaciones y comunidades, pero con la certeza de que Taiñ Kiñe Getuam, si se vuelve a ser uno, la correlación de fuerzas cambia.
Por ahora queda estar atento a cómo sigue la avanzada petrolera que no para, así como tampoco las causas contra el pueblo mapuche. Prueba de esto es el intento de aplicar la ley antiterrorista contra los defensores del Lof Cushamen en Chubut, y que en diez días comenzará el juicio por usurpación (!) contra el Lof Paicil Antriao en Villa La Angostura. Pero antes no debemos perder la oportunidad de abrir un pulko porque esta vez no pudieron pasar. A uno se le sale un afafan de las tripas.
[1] Al respecto ver Buscan una solución al conflicto con los indígenas (La Nación, 9/11/2009) y “Tienen apoyo de FARC y ETA”, (12/10/2009)
