Uno de los destinatarios de este proyecto por una parte, son comunidades Mapuche, a quienes se les pretende “incentivar” la introducción de plantaciones forestales de pinos y eucaliptus. Por otra, son las mismas comunidades las que reciben los graves embates de la industria forestal, con serias consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales, sin embargo, el gobierno presentó con suma urgencia un proyecto de Ley para prorrogar el Decreto 701 que viene de la dictadura militar, sin atender los derechos de las comunidades, en particular la obligación que tiene el estado chileno de consultar sobre toda materia que involucre los intereses de los Pueblos Indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Onu sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe señalar que organizaciones y comunidades presentaron una comunicación a la Relatora ONU sobre Pueblos Indígenas de la ONU ante esta nueva transgresión. Bosques sin forestales señala: “frente a la nueva arremetida de las forestales, las organizaciones mapuche han enviado comunicación al Relator Especial de la ONU para denunciar que, el gobierno de Michelle Bachelet pretende seguir extendiendo el Decreto Ley Nº701 de Pinochet, utilizando métodos de dictadura como, la desinformación masiva, la militarización del territorio mapuche y la transgresión de tratados internacionales sobre derechos humanos. Todo esto en medio de escándalos de corrupción que involucran tanto al propio gobierno, que ha enviado dicho proyecto de ley como, al Congreso Nacional que intentará aprobarlo. Por lo cual las organizaciones y reducciones mapuches se encuentran hoy en alerta”.
El proyecto Ley continúa avanzando en la Cámara de Diputados. A mediados de julio de este año, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, y despachó a su par de Hacienda el proyecto que prorroga hasta diciembre de 2018 la vigencia del DL 701, de 1974, sobre subsidio forestal. La iniciativa prorroga el beneficio en los mismos términos definidos en la reforma de 2011, donde se focalizó las bonificaciones asignando porcentajes de 90% para los pequeños propietarios forestales; de 75% para medianos propietarios; y de 50% para grandes propietarios.
Marcela Lincoqueo (integrante de las organizaciones mapuche que han efectuado seguimiento legislativo al DL701), señala que: “Según lo que nos señaló un ex personero de gobierno, existió en algún momento la intención de derogar definitivamente el DL701. Sin embargo, nuevamente, las presiones y reuniones secretas entre el gobierno de Bachelet y los grupos económicos, borraron toda cordura. Un ejemplo es que la reunión entre el ex ministro Peñailillo y los empresarios forestales Matte y Angelini, se efectuó en tiempos en que se decidía el futuro del fomento forestal en Chile. Además, el Director Nacional de CONAF, Aarón Cavieres, reconoció que uno de los problemas con la Consulta Indígena del DL701, era la falta de recursos. Todo esto, nos da entender que el gobierno temía que la prórroga del DL701 fuese paralizada como ocurrió con la Ley Forestal de Piñera, por eso no entregó recursos para efectuar Consulta Indígena. Paradójicamente, Bachelet si dispuso de recursos para redoblar la militarización del territorio mapuche pero no para cumplir con normas internacionales de dialogo como el Consentimiento previo e informado de las comunidades ante inminentes amenazas sobre territorios ancestrales. En rigor, aquí el modus operandi de gobierno es: hacer visible la violencia en la Araucanía haciendo invisible el violento avance de las grandes Forestales y el Estado”.
Cabe consignar que los senadores Alfonso de Urresti y Alejandro Navarro, desde el año 2014, vienen solicitando al gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, la plena aplicación de la consulta indígena del Convenio 169 de OIT, a propósito de la prórroga del Decreto Ley 701, sobre fomento forestal, que está impulsando el gobierno.
El senador de Los Ríos Alfonso de Urresti argumentó que dicha consulta “es fundamental, ya que se trata de un decreto que incide especialmente en tierras indígenas, en regiones, especialmente Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos, con alta presencia de comunidades y pueblos originarios”. Por ello, hizo hincapié en que “una política de esta naturaleza de ampliar el 701, especialmente en materia de plantaciones exóticas, debe contemplar consulta a los pueblos originarios, cumpliendo así con los estándares internacionales y también haciendo una reflexión sobre el modelo forestal”.
Cabe señalar que el ex Relator ONU, Sr. James Anaya, en su informe comunicado al Estado de Chile el 2012: «Propuesta de gobierno para nueva normativa de Consulta y Participación indígena de conformidad a los artículos 6°y 7° Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo», estableció la importancia de que se aplique correctamente la consulta de conformidad con el estándar internacional de Derechos Humanos.
Frente a violentos intentos anteriores de prórroga de este Decreto, en el gobierno de Piñera, también de manera inconsulta, viciada e irregular, numerosas organizaciones y comunidades Mapuche, cerca de un centenar, intervinieron a través de representaciones junto al ingreso formal de un pronunciamiento en la cámara de diputados, señalando el 28 de marzo del 2013 al presidente de la cámara de aquel entonces, lo siguiente: “junto con rechazar la violenta imposición del DL701, sin medir consecuencias sociales ni ambientales a mediano y largo plazo, y sin Consulta Previa a los pueblos indígenas. Las comunidades y organizaciones indígenas firmantes solicitamos a Ud. como parlamentario, su pronunciamiento e intervención ante el Congreso Nacional. A fin de solicitar se rechace y se detenga la tramitación del proyecto, por significar una “Nueva invasión forestal”, y que se reformule la actual política forestal, impuesta hoy por tres grandes empresas forestales en Chile. Que se garantice y se resguarde la seguridad Alimentaria, y la Soberanía Territorial-Ancestral (tierra y bosques); como derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas”.
Este 8 de septiembre, el alcalde de Ercilla, José Vilugrón (UDI), una de las comunas más pobres y con mayor concentración forestal en Chile, acusó a las empresas forestales que operan en el sur de Chile de aprovecharse de las comunas de bajos ingresos, sobre todo en la región de La Araucanía, dando cuenta también de los graves impactos en el territorio.
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