La devastada Araucanía continúa con los saqueos en medio de mantos de turbiedades. Por una parte los anuncios de sectores del gobierno, del oficialismo y de la Alianza por Chile, coludidamente con empresas forestales, en querer prorrogar el decreto 701 de fomento forestal proveniente de la dictadura militar para masificar plantaciones forestales de pinos y eucaliptus en territorios campesinos y de comunidades donde la sequía y el empobrecimiento se han apoderado y que ya tiene casi el 25 % de la región con este tipo de plantaciones. En el mismo contexto, los anuncios del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, de proyectar cuarenta proyectos de centrales hidroeléctricas en la Araucanía, las que van de la mano con cientos de kilómetros de líneas de alta tensión, lo que intervendría todos los ríos de la Región y amplias alteraciones de ecosistemas y deterioro en las fuentes de agua.
Por otro lado, comunidades que vienen reclamando reparaciones de tierras ancestrales en manos de latifundios colonialistas y de empresas forestales, en zonas de Malleco, se han tomado la Conadi exigiendo que se les repare, ya que llevan en espera más de 14 años. A su vez, repudian el grave clima de criminalización y violencia bélica que se vienen sosteniendo” Denunciamos el grave clima de represión hacia nuestras comunidades, sin hacer distinción de la presencia de niños, mujeres y ancianos, en el que incluso se ha utilizado armamento de guerra de grueso calibre, como lo reconoció el General de Carabineros Nabih Soza a Evelyn Matthei, quien exigía mayor represión hacia nuestras comunidades”.
El LofRankilko, Coñomil Epuleo, Comunidad Autónoma de Temucuicui, Comunidad HuañacoMillao Autónoma, Trangol 2 Boyen Mapu, de Victoria, Pullil Mapu, Comunidad Wente Winkull Mapu, LofMallecoche, Ercilla y Comunidad Huañaco Millao Autonoma, señalaron en conjunto que se ponga fin a la violencia estatal y terminar con la militarización de las comunidades, y al uso de armamento de guerra y de grueso calibre sobre sus familias.
En este último tiempo diversos personeros políticos han venido levantando a través de una amplia campaña la relación “Mapuches – Farc”, a través de los medios de su sector, atribuyendo una serie de atentados a esto, coincidiendo con sectores políticos que han amparado y promovido violaciones a los derechos humanos en Chile. Entre estos personeros está el Senador en Malleco proveniente de Santiago, Alberto Espina (RN). Asimismo la ex candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), quien estuvo ligada a la dictadura militar e hija de un ex miembro de la junta militar. El diputado en la Araucanía, José Edwrads (RN), nacido en Estados Unidos; y por su parte, el diputado por la Florida, Santiago, Gustavo Hasbún (UDI), quien pretende ser candidato en la Araucanía. Estos, además de otros que han realizado el mismo ejercicio, como Alberto Cardemil (RN), ex Ministro de Pinochet y el Senador por el Maule, Hernán Larraín (UDI).
Coincidentemente, en estas últimas semanas, luego de que se levantara nuevamente esta campaña mediática, se realizaron una seguidilla de atentados a camiones en las denominadas zonas de conflicto, las que se insisten en apuntar en el llamado “conflicto mapuche” e insistir en la relación Farc y utilizar políticamente los hechos.
Diversas organizaciones y comunidades en procesos de reivindicaciones por sus derechos se han desmarcado de esto, más aún, considerando que dicho grupo denominado guerrillero ha sido instrumentalizado en los afanes de la CÍA en tiempos de Bush y el Estado colombiano y ha sido parte de una grave violencia bélica en contra de miles de campesinos y comunidades de diversos Pueblos Indígenas de Colombia, en un País donde tanto las Farc, paramilitares y el ejército colombiano y fuerzas bélicas colombianas, son responsables de cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos, un poco más de 5,9 millones de personas desplazadas y 218.000 muertos. Entre los desplazados se encuentran más de un millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y 6% de sus poblaciones.
El werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, sostuvo recientemente que el único vínculo real que se ha sostenido desde Chile con las Farc ha sido el propiciado por el Gobierno de Sebastián Piñera: “Emplazo públicamente al señor Felipe Silva y el senador Alberto Espina que informen al país y en especial a la Araucanía cuánto fue la suma de dinero del erario nacional que otorgo Chile para apoyar la Mesa de Dialogo entre la FARC y el Gobierno de Colombia, considerando que durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera se instauro institucionalmente el apoyo del Estado de Chile al Dialogo en la Habana, Cuba. Asimismo, exhorto a Felipe Silva y al Senador Espina a que informen si ambos participaron en la asignación de la suma de dinero para apoyar el Dialogo entre la FARC y el gobierno de Colombia”.
El abogado penalista e integrante de la organización CID SUR, Sebastián Saavedra, sostuvo a través de un reciente artículo lo siguiente: “Las últimas declaraciones efectuadas tanto por personeros de la derecha chilena así como por fiscales y ex fiscales del Ministerio Público en relación a supuestos vínculos entre las FARC colombianas y miembros del Pueblo Mapuche en base a antiguos y desenterrados antecedentes del año 2008 demuestran, nuevamente, la absoluta ceguera racista y discriminatoria de parte de las autoridades chilenas hacia el Pueblo Originario, así como el desconocimiento absoluto de las normas procesales penales y de derecho internacional público que rigen este tipo de investigaciones”.
En los últimos años diversos antecedentes sobre atentados han estado relacionados a denuncias por la operatividad de grupos ligados a prácticas mercenarias y paramilitares en la Araucanía y que buscarían intensificar un clima de conflictividad y violencia, para desviar la atención de temas de fondo relacionados a las reclamaciones de tierras e impactos de la industria forestal, junto al aprovechamiento político de ciertos sectores extremos, quienes intentan profundizar a su vez, un cima de mayor racismo hacia el Pueblo Mapuche, sin embargo, las investigaciones de operadores de la justicia y de servicios de inteligencia, a pesar de una serie de antecedentes que tienen, no actúan hacia esos sectores.
Hoy, sectores ligados a empresas forestales y latifundios coloniales hablan de paz, pero negando la violencia que muchos deben enfrentar en esta región. Hablan de detener atentados, pero no se cuestionan que entre sus huestes hay grupos violentistas y que no tienen reparos algunos de cometer atentados para culpar o incriminar a otros. Hablan de los actos violentos de recuperación de tierras, pero tampoco generan propuestas para que se reparen tierras ancestrales de manera correcta y pacífica.
Existe una evidente intención de que se mantengan “zonas rojas”, polarizando el ambiente, así las injusticias sobre impactos de las forestales y el control feudal de latifundistas se mantienen intactos, manteniendo la geopolítica indemne en amplios territorios, bajo los cimientos del racismo, la intolerancia y la desigualdad.
Alfredo Seguel
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http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080604/pags/20080604000321.html
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