Si usted cree que la Ley de Pesca es la legalización, vía coimas, del saqueo de los recursos marítimos de Chile, ponga atención a lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento en estos días con la Ley de Fomento Forestal.
Por: Luis García Huidobro
Radio del Mar
El 2 de julio pasado el Gobierno de Bachelet puso urgencia a la prórroga al fomento forestal ingresada en mayo al Parlamento. Curiosamente el tema no había aparecido en la cuenta anual de la Presidenta. El 15 de julio la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la prórroga. La ley en trámite busca seguir incorporando al negocio forestal, por la vía del subsidio a la plantación de pino y eucalipto, dos millones de hectáreas de tierra que no son propiedad de los grupos Matte y Angelini.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado de Julio Ponce Lerou durante la dictadura. En 1974, siendo Director Nacional de Conaf, idea este subsidio para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) –gran parte de ellas asentamientos mapuche– y que en los años siguientes serían privatizadas en precios irrisorios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
Tras la quiebra de Cruzat y Vial, los actores hasta el día de hoy son los Matte (CMPC, Forestal Mininco) y los Angelini (Forestal Arauco).Sólo por poner un ejemplo de un fundo que acaba de ser vuelto a comprar por el Estado a Forestal Arauco a través de Conadi, mencionemos el Fundo Tranaquepe. Son 2110 hectáreas que fueron vendidas en enero de 1989 por Conaf a Forestal Arauco en $41.804.363. Reajustado según el IPC al año 2015, serían actualmente $188.888.911 (es decir, aproximadamente $85.000 la hectárea, hablando en plata de 2015, un precio irrisorio). En 2014 Conadi compra 1859 hectáreas del fundo a Forestal Arauco en $5.151.134.962, es decir, $2.770.500 cada hectárea. El segundo fundo comprado por Conadi durante este Gobierno en la zona es el fundo El Canelo, a Forestal Volterra. Ahí las utilidades son aún mayores, pues Conadi compró a $4.312.978 cada hectárea.
Matte, como sabemos, es el mayor financista (por la vía legal) de la actividad política en Chile. Angelini, por su parte, está involucrado como aportante ilegal en el caso Martelli. La cercanía del gremio forestal con todos los gobiernos es graficada de manera elocuente por el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) Fernando Raga:
“Hemos trabajado estrechamente con todos los gobiernos, por lo tanto con las autoridades hemos tenido una relación muy fluida. Ustedes probablemente han visto que nosotros no somos de debates por la prensa con el Gobierno, ni de criticar ni de protestar cosas, porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son planteados de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos”.
(Ver documental Plantar Pobreza: El Negocio Forestal en Chile, Periódico Resumen, 2014.https://www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuJ1w. La cercanía de los Angelini y los Matte con la actividad política es permanente. La última reunión de Eliodoro Matte en La Moneda fue precisamente el martes recién pasado. A la salida declaró escuetamente que “vine como director del CEP, a tratar temas académicos”. Una visita de un intelectual, no de un empresario).
Por el contrario, la contraparte mayor en el conflicto forestal en Chile, el movimiento mapuche, con más de un millón de hectáreas potenciales en disputa con las forestales por derechos ancestrales, no tiene interlocución legítima con el Estado sobre este tema. El proyecto actual, al no ser sometido a consulta indígena, viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la misma Presidenta Bachelet.
El Gobierno de Sebastián Piñera intentó revalidar el DL 701, sin embargo, echó pie atrás por los resultados de la consulta indígena efectuada por Conaf, en la que se vio ampliamente la oposición mapuche al proyecto.
Bachelet, en cambio, no tiene problema en echar adelante el proyecto sin consulta indígena, con lo que se hace responsable de la radicalización de la conflictividad que vendrá en los territorios en disputa. No es casualidad que la Provincia de Arauco, la mayor productora de madera, tenga un gasto policial por habitante 10 veces mayor que cualquier provincia ajena a este conflicto. Desde que el Gobierno volvió a introducir en el Parlamento el DL 701, más de 10 ataques y atentados han ocurrido en el sur de la Provincia.
El negocio forestal es sumamente rentable. Dadas las ventajas comparativas de Chile en el mercado mundial de la celulosa y la madera, no existe hoy otro cultivo más rentable para este territorio. El costo es el agotamiento de las napas subterráneas, por el cultivo intensivo en terrenos muy amplios. Se trata de un recurso natural valiosísimo a largo plazo, en el contexto del cambio climático global, dado que el agua dulce constituye el 3% del agua total del planeta. De este 3%, ¾ partes son hielo polar, de altísimo costo para ser convertida en agua disponible para el consumo humano. Sólo el 0,32% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y humedad del suelo. Cerca del 25% del agua dulce está en las napas subterráneas, las cuales en el centro y sur de Chile están siendo consumidas por la industria forestal. En las comunas emblemáticas de producción forestal, las familias y comunidades durante el verano obtienen el agua para beber en camiones aljibe.
Las ganancias de la explotación forestal se la lleva el dueño del terreno, que en más de un 90% del territorio explotado no es alguien que vive ahí. En cambio son los vecinos los que sufren la falta de agua. Este es el motivo legítimo por el que las comunidades mapuche de Arauco están masivamente cosechando los predios forestales al margen de la ley wingka, lo que el Gobierno llama “robo de madera”.
Los estudios de los investigadores científicos (AIFBN, Académicos Universidad Austral) coinciden con el conocimiento experiencial mapuche de que la industria forestal está secando el territorio, y que urge una política de impulso a la reforestación con bosque nativo. El territorio desertificado (la poda y la tala además generan toneladas de combustible seco) queda a merced de incendios forestales, cada vez más devastadores entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento solo tienen oídos para la palabra dinero. Crecimiento económico a toda costa.
La excusa para dotar de legitimidad ambiental al DL 701 es la de los “terrenos degradados”, pero solamente personas tan alejadas de la realidad, como los parlamentarios, pueden creer lo que contradice la experiencia en terreno de todos los días de quienes vivimos invadidos por plantaciones forestales.
Los informes de Conaf reconocen que en Chile se sigue destruyendo bosque nativo para plantar pino y eucalipto, y que en Chile se sigue sustituyendo tierra agrícola por plantación forestal. La rotación de cosechas y cultivos forestales es de 100 mil hectáreas anuales. Es decir, todos los años 100 mil hectáreas sufren la tala rasa, que significa la destrucción de toda vegetación y consecuente erosión del terreno, además del alto riesgo de incendio. Las 100 mil hectáreas que se plantan anualmente estarán expuestas a la erosión durante 2 o 3 años más en que demora la plantación en tener una densidad suficiente como para afirmar el terreno. La recuperación de terrenos degradados a través de cultivos destinados a la tala rasa es un remedio peor que la enfermedad. La solución es la restauración de bosque nativo.
El modelo promovido bajo las consignas “Chile País Forestal” y “Chile País Maderero” está en crisis por sobreexplotación. Los millones de dólares que ingresan al país por exportación de madera y celulosa (récord de 6.094 millones de dólares en 2014) tienen por consecuencia la radicalización de la conflictividad ambiental-cultural-social, especialmente mapuche.
Por la ambición y falta de visión de futuro de la clase empresarial y política, es de esperar que la situación de conflicto por el agua y el territorio, que hoy se vive fuertemente en las Provincias de Arauco y Malleco, se siga extendiendo en el mediano plazo a Ñuble, Bío Bío, Cautín, Valdivia, Ranco, Osorno y Chiloé.
La legitimidad del conflicto se refuerza ante actuaciones ilegales del Gobierno de Chile, como lo está siendo hoy el impulso al fomento forestal sin consulta indígena.
