La Comunidad Juan Paillalef tomó una decisión, en el marco de su propio derecho, de proteger la integridad de su territorio y lugares sagrados frente a la imposición violenta de una carretera, por el Estado chileno, que atraviesa su Territorio.
El derecho indígena no es solo resolver “robos de gallinas” también significa tomar decisiones de protección de sus bienes jurídicos frente a terceros y al propio Estado.
Y ese derecho está reconocido y debe ser respetado si creemos en el orden internacional de los derechos humanos. Y las autoridades y pueblos no pueden ser criminalizados por ello!!! . (Vicky Tauli, Soledad García, Flor Calfunao, Juana Jalfunao)
Además ha detenido y torturado 6 generaciones de miembros de la Comunidad Juan Paillalef que han tratado de impedir la destrucción del territorio con la construcción de esa inconsulta carretera!
Participando en la Audiencia sobre Criminalización de la Jurisdicción indígena en el 172 periodo de sesiones de la CIDH: la Audiencia mostró que la jurisdicción indígena no solo interviene para robos de gallinas sino para ver todo tipo de materias y proteger la integridad de su territorio frente a empresas petroleras, mineras, carreteras y otros. Y, a raíz de ello, tales autoridades son criminalizadas por el Estado.
El Presidente del Pueblo Achuar del Pastaza-Fenap explicó cómo su pueblo ha tomado decisiones de protección de su territorio y ha notificado a las empresas petroleras Perupetro, Petroperu y Geopark para que no ingresen en su territorio. La autoridad de Fenap también decidió respaldar a profesores bilingües. Ahora, por esos actos, decididos en asambleas, 4 autoridades del Consejo de Fenap han sido criminalizadas por el Ministerio Publico.
Igual, la
Comunidad Juan Paillalef de Chile es perseguida por haber decidido proteger la integridad de su territorio frente a la imposición de una inconsulta carretera que afecta sus lugares sagrados y cementerio.
El Presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas explicó un retroceso en el Tribunal Constitucional. En el 2012, cuando la Comunidad fue criminalizada por tomar una decisión autónoma para impedir el ingreso de mineros, recibió el respaldo del TRibunal Constitucional. Sin embargo, el año pasado, el TC emitió una sentencia que pretende eliminar la potestad jurisdiccional indígena respecto de todo caso relativo a mujeres, niñas, niños y personas vulnerables, presumiendo que los pueblos son violadores de DH.
L@s participantes solicitaron que la CIDH requiera a los Estados respetar la jurisdicción indígena y no criminalizar las prácticas culturales, normas ni decisiones jurisdiccionales indígenas.
Estuvieron presentes l@s comisionad@s de México, Chile y Colombia.
VIDEO de la Audiencia sobre “Criminalización de Jurisdicción Indígena en las Américas”
VIDEO: https://youtu.be/hs_-IJhiL2g
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Raquel Z. Yrigoyen Fajardo
