A propósito de la criminalización que ha debido enfrentar Mapuexpress en este último tiempo a causa de una querella criminal por parte de un Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Teco, se comparte la siguiente opinión de la Comunidad de Historia Mapuche, colectivo heterogéneo de personas mapuche provenientes de diferentes espacios territoriales, reunidos en torno al trabajo comunitario y horizontal, con el propósito de generar iniciativas de formación, investigación y pensamiento crítico teniendo como ejes estratégicos el quehacer autónomo y la colaboración política-intelectual para contribuir en el Wallmapu a un proceso de autodeterminación y descolonización.
SITUACIÓN DE MAPUEXPRESS. CAMBIOS SOCIO CULTURALES VIGENTES EN EL WALLMAPU. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Si bien lo tradicional está sujeto también al imponderable cambio, no es menos cierto que para que no pierda su condición de tal (tradicional) debe sujetarse a una matriz. Es lo que vemos con el arte, por ejemplo. Sin embargo, lo que nos interesa relevar aquí, es la mutación de ciertos sujetos de nuestro pueblo a quienes se les ha reconocido y confiado la calidad de tuteladores no sólo de los mundos espirituales con que convivimos simultáneamente, sino también con la de los antepasados (kuifikeche yem) y su legado (kuifike kimün).
Si bien es cierto que, antes como ahora, los mapuche nos constituimos en nuestra diversidad, hay que reconocer que en la actualidad ―considerando como hito el arribo de los gobiernos civiles y la acentuación de un modelo económico neoliberal― estas diferenciaciones han tenido como uno de sus factores que la provocan la precariedad en que se articula la relación política con el Estado chileno y en particular la política indígena. Esta última inscrita en un contexto capitalista que en su versión actual reproduce una racionalidad sustractiva de todo tipo de proyectos y quehaceres colectivos o comunitarios y que, por el contrario, incentiva toda práctica individual o disociativa.
Si a lo anterior le sumamos el mercado como regulador de las relaciones y normativas de conductas, posiciones y proyecciones, entonces tenemos la consecuencia desagregadora que lleva a un proceso de individualización carente de todo control social por parte del grupo de referencia. En lo concreto, sujetos que encarnan funciones de alcance social (de corte ritual, medicinal) son llevados a pensar y proyectar su labor en esquemas culturales sistémicos (institucionales, financieros, etc.), cuya gran motivación pasa a ser no la función por un bienestar social (kvme felen, kvme mongen), sino la adquisición de condiciones materiales propios de “la modernidad” y las respectivas subculturas que la pueblan. Una de estas y quizás la más fundamental sea la transformación del valor de su quehacer en un precio monetario, tangible, adquirible, acumulable y transformable vía el consumo en la satisfacción de necesidades creadas y priorizables de acuerdo a la espiral que generan estas otras lógicas y racionalidades centradas en el dinero. Esta ley corre para todos quienes se monetarizan, especialmente, quienes conviven con una economía salarial precarizada. Lo que queremos connotar aquí es que el fenómeno sociológico que venimos describiendo toca y trastoca el sentido del quehacer que concebimos alguna vez era la de quienes gozaban de nuestra confianza no sólo funcional culturalmente, sino moral y ética.
Entendemos que hay un contexto perverso que gatilla estos procesos al interior de la sociedad mapuche, no habituada a la inclusión en un contexto colonial. Al contrario, su exclusión significó condenar a una parte de la misma ―la que no emigró hacia la diáspora― a valerse autónomamente. Las nuevas condiciones post dictatoriales y la inexistencia de una política de Estado hacia los pueblos indígenas o la subordinación de esta (la política) a la economía y los grupos de intereses, han llevado a cabo todo tipo de combinaciones para evadir los derechos colectivos y redundar en estrategias y acciones de carácter socioeconómico determinadas por la política mono-dialógica desde el Ejecutivo, el Parlamento o Ministerio Público. Estas instituciones echan mano de individuos y segmentos de nuestra población, subordinándolas a los parámetros de lo permitido por el multiculturalismo neoliberal.
Bajo este contexto es que nos interesa declarar frente algunos hechos puntuales del actual momento y que se concentran, entre otros casos, en lo que hoy afecta a un territorio y a una de las tantas orgánicas que conforman la sociedad mapuche, los medios de comunicación:
La injustificable querella contra Mapuexpress.
El viernes 17 de noviembre el sitio web informativo Mapuexpress, conocido por difundir informaciones del acontecer del Wallmapu pretendía ser llevado a juicio por una querella por injurias interpuesta por una persona mapuche consultor del banco Interamericano del Desarrollo (BID). Esto se despliega en el contexto de la declaración que hiciera la Alianza Puel Willimapu ante la promoción de proyectos hidroeléctricos sobre las cuencas de los lagos Maiwe y Ranco, cuyos capitales provienen del BID-Corfo y son gestionados por el Ministerio de Energía. Estas iniciativas han sido cuestionadas por la organización mapuche por cuanto la consulta previa, libre e informada no ha cumplido de buena fe, promoviendo, al contrario, organismos paralelos de tipo funcional a sus propósitos. La declaración de la Alianza Puel Willi Mapu fue publicada por el sitio www.mapuexpress.org en donde se denunciaba al consultor del BID, lo cual da origen a la querella en tribunales chilenos en contra del sitio web de noticias mapuche.
La querella solicitada a uno de los integrantes del colectivo informativo mapuexpress incluía una indemnización en dinero (150 UTM, unos 7 millones de pesos) y cárcel (3 años de reclusión en su grado medio) para quien no era (ni es) su director al momento que se subió dicha declaración de la organización mapuche Puel Willi Mapu. Esta sola intención es una forma no sólo de limitar la libertad de prensa, sino toda perspectiva crítica sobre un discurso y proceder oficial basados en proyectos de corte extractivista llevados a cabo en Chile. Además se contradice y opone a los procedimientos y normas presentes en el derecho indígena y que forman parte del Estado de Derecho (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas).
Estamos ante todo ante el funcionamiento de una matriz civilizatoria neoliberal, legitimada tanto por el Estado y como por organismos de financiamiento internacional. Matriz que no sólo interviene en el despojo pasado y actual de territorios indígenas, sino que como externalidades hoy en día promueve desencuentros y querellas entre operadores indígenas de estas iniciativas y los medios de comunicación mapuche, atentando de manera flagrante en la libertad de expresión sobre los mermados medios de comunicación que posee el pueblo mapuche en la actualidad.
De aceptar y naturalizar este proceder, se irá proscribiendo en los hechos toda capacidad no sólo de pensar distinto, y avalando el accionar de quienes hoy no sólo tienen la hegemonía, sino también la coacción y la fuerza. Si esto no es volver al Estado de dictadura que vivió el país, nos confirma plenamente la idea de la paupérrima situación colonial a la que se deben ajustar los pueblos indígenas en Chile.
Si bien la estrategia jurídica de quienes impulsan la querella estaba centrada en la imagen de un sujeto, cuya ética y honorabilidad se pueden ver afectadas en un pasaje de una declaración que denuncia extendida y fundadamente el contexto de discriminación que sufren las comunidades afectadas de proyectos extractivistas, el hecho es que debemos analizar esta situación como un llamado de atención a que no cualquier quehacer profesional es positivo bajo directrices de una agencia multilateral como el BID y un Ministerio. Asimismo, el origen mapuche de un profesional no garantiza la interlocución entre estas entidades estatales y supra estatales y las comunidades mapuche. Al respecto, las condiciones de dignidad, de honor y honra de los sujetos y organismos no son absolutas ni tienen el mismo peso en uno y otro contexto socio cultural, más cuando están al centro los intereses de comunidades mapuche, por un lado, e iniciativas extractivistas, por otro. Los informes de los organismos de derechos humanos y el Tribunal Interamericano así lo han hecho ver.
Hacemos un llamado de atención y reflexión para quienes avalan estos procesos, a deponer su actitud y a poner en el centro de su quehacer los intereses de los territorios en los parámetros de los derechos. Un llamado a no validar una geopolítica extractivista que desde fuera del país, permiten no sólo la expoliación de los recursos y territorios, sino que nutren una subcultura y una ética centrada en la individualidad, el capital y la continuación de las condiciones coloniales en que deben desenvolverse los pueblos pre existentes a los actuales estado nacionales y sus territorios ancestrales.
Corporación Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche – Comunidad de Historia Mapuche
Noviembre de 2017
Nota al margen: Se comparte y destaca uno de los párrafos de la Comunidad de Historia, vista en un marco para resolver problemas de fondo y actuales conflictos que afectan a comunidades, para que prevalezca el interés colectivo y no de individuos, particularmente frente al intervencionismo de órganos estatales o supra estatales.
“Debemos atender y pensar no sólo el actuar ético de los individuos u organismos que desenvuelven su quehacer en territorios de los que no provienen, sino también un estímulo a practicar la propia norma mapuche (nor feleal) cuando las dificultades y contradicciones se hacen presentes. Al respecto, hay garantías refrendadas por el derecho indígena internacional que Chile ha suscrito y firmado. Por último, nuestra cultura e historia da muchos ejemplos de resolución de este tipo de conflictos, en los cuales nuestras autoridades tradicionales ―en conjunto con la sociedad a la que se deben― dan prueba de su autonomía y servicio a su propia gente. ¿Por qué no echar mano del kimün y rakizuam antes que promover la cárcel y las indemnizaciones monetarias?”
