Luego de que el Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de rebajar las medidas cautelares en contra de los comuneros Ariel, Benito y Pablo Trangol y el Lonko Alfredo Tralcal, imputados por el llamado «Caso Iglesias», el Gobierno decidió recalificar la causa, quitando la ley antiterrorista y manteniendo los supuestos delitos dentro del código penal.
«El Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares ya referidas», señaló el Ministro del Interior, Mario Fernández. La declaración se realizó luego de una reunión con los familiares, en la que también participó la presidenta Michelle Bachelet. Fernández también agregó que el actual Gobierno no volverá a querellarse por la Ley Antiterrorista, promesa que ya ha sido incumplida en otras ocasiones.
Esto significa que el gobierno deja de ser parte en el juicio, quedando la causa sin querellante. Sin embargo el Ministerio Público puede mantener la querella por ley antiterrorista, debido a que tiene autonomía.
Los cuatro comuneros se encuentran en huelga de hambre desde el 7 de junio, luego de pasar más de un año en prisión preventiva. Su principal demanda era que el gobierno retire la querella, para lo cual tuvieron que pasar 115 días sin comer, acompañados por la solidaridad de cientos de personas en el Wallmapu y otros lugares del mundo.
