La Reforma Agraria y el Golpe Militar en el Territorio Mapuche

Resumen: La Reforma agraria en la Araucanía es recordada por las familias mapuche como un proceso en que se lograron reconstituir parte importante de los antiguos Lof, las unidades territoriales previas al proceso de Ocupación Militar, y como un momento en que la calidad de vida alcanzó niveles insospechados, especialmente todo durante el gobierno de la Unidad Popular, como resultado de la voluntad política del gobierno y del Presidente Salvador Allende, personalmente.

Luego del Golpe Militar se perdieron todas las garantías y logros alcanzados, los bienes y mejoras realizadas, las tierras recuperadas, y se fue testigo de una gran represión y persecución a los dirigentes mapuche, particularmente sobre quienes estuvieron vinculados a los Asentamientos, Cooperativas y Centro de Reforma Agraria, en un proceso cargado de violencia extrema y con altos grados de racismo.

Palabras clave: Reforma Agraria, mapuches, Unidad Popular, Golpe de Estado

Por Martín Correa Cabrera [1] – Fuente: www.pacarinadelsur.com

La pérdida de las Tierras Antiguas y la constitución del Latifundio en la Araucanía

Ya en el olvido que en el primer escudo de la recién creada República de Chile aparecían unos mapuche, “el lustre de la América combatiendo por su libertad”, como diría en 1817 Bernardo O’Higgins en su ‘Proclama a los Habitantes de Arauco’, a partir de la década de 1860 se nos presenta al mapuche como “Un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje” [2], en palabras de otro prohombre de la patria, Benjamín Vicuña Mackenna.

Es en este momento en el que se produce la pérdida territorial mapuche, en el momento en que el estado Chileno decide ocupar militarmente la Araucanía, en el mal llamado proceso de ‘Pacificación’, proceso que se lleva a cabo entre 1867 y 1883, y en el cual el Ejército de Ocupación despliega sus fuerzas al sur del río Bio-Bio cumpliendo las órdenes de las autoridades gubernativas que señalaban la necesidad de, por un lado, satisfacer intereses económicos, incorporando tierras para la agricultura -especialmente para la producción de trigo y con él abastecer el mercado del oro californiano- y mano de obra, y por otro, intereses políticos, a fin de sentar soberanía en un territorio no sujeto a leyes chilenas, la necesidad de poblar con inmigrantes europeos para hacer producir económicamente esas tierras y, con ello, poner término al estado de barbarie de los indígenas. [3]

Con aquellos objetivos claros sólo queda definir el método: se irán copando militarmente territorios, y a medida que la autoridad militar se afiance se irá avanzando hacia el sur, adelantando la línea de frontera: Malleco, luego Traiguén, Cautín, el Alto Bio-Bio, y en 1883, cerrando el proceso, Villarrica. A medida que se avanza, se van fundando fuertes y ciudades, y despoblando de mapuches.

Una vez concluido el proceso de ocupación, el mensaje del gobierno central enviado al Congreso, refiriéndose a la ocupación militar, señala:

“Acontecimiento tan importante para nuestra vida política y social y de tanta significación para el porvenir de la República, llevado a término con felicidad y sin costosos y dolorosos sacrificios. La Araucanía entera se halla sometida, más que al poder material, al poder moral y civilizador de la República.”[4]

Luego, entre 1884 y 1929, se procederá a deslindar las tierras indígenas, entregando Títulos de Merced a sus habitantes. Sin embargo, las tierras reconocidas en dominio a los mapuches son notablemente inferiores a las ocupadas efectivamente. El sistema de radicación, más bien de reducción, implicará que se entreguen alrededor de 3.000 Títulos de Merced a los mapuche, por un total 510.000 hectáreas para alrededor de 80.000 personas, un poco más de 6 hectáreas por cada uno. Es necesario aquí detenerse en dos cifras que dan pistas respecto a cómo este proceso inicial afectó a las familias mapuches: la primera, se reconoció en dominio una superficie correspondiente sólo al 6% de lo efectivamente ocupado; y la segunda, el Censo de 1907 señala la existencia de al menos 110.000 indígenas, es decir, de ese total hubo al menos 30.000 personas que quedaron sin tierra. En la práctica se reconoció en Título de Merced como lo ‘efectivamente ocupado’ la ruca, los huertos familiares y lo cercado, dejando fuera los territorios de pastoreo, ramoneo, extracción de leña y de recolección de frutos, es decir, los territorios antiguos, aquellos que permitían la supervivencia material y cultural de las familias, y que sí eran ‘efectivamente ocupados’. Las más de las veces no se respetaron los deslindes naturales que separaban a las comunidades entre sí, trazando líneas imaginarias en los planos y creando figuras geométricas alejadas de la ocupación real. Todo ello incidirá, además, en que las comunidades dejarán de colindar entre sí, dejando como baldíos y sobrantes, por tanto fiscales y rematables por el Estado, parte importante de los territorios del ‘cacique antiguo’, como hasta la actualidad se les llaman.

Lo anterior contrasta radicalmente con el trato dado a los colonos europeos, a quienes el Estado entregó los ‘terrenos baldíos’ no reconocidos a los mapuches, en hijuelas que alcanzaban a 70 cuadras y 30 más por cada hijo varón de más de 10 años, además de pasajes gratuitos desde el puerto de embarque hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, vaca con cría, arado, carreta, maquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por 2 años.

La tierras sustraídas del dominio mapuche el Estado las declaró fiscales, ‘baldías o sobrantes’, parcelándolas en hijuelas que iban desde las 200 a las 500 hectáreas, sin restricción para que cada persona rematara la cantidad de hijuelas que quisiera, dando origen a un importante proceso de acaparamiento de hijuelas y la formación de grandes paños territoriales, antecedente directo de los fundos particulares actuales, que van encerrando a las comunidades.

De esta forma se produce la primera etapa de pérdida territorial mapuche, quedando fuera de sus dominios parte importante de las áreas de antigua ocupación.

Posteriormente, a partir de 1930, una vez finalizado el proceso de radicación a indígenas, se dictan leyes que buscan la ‘integración’ indígena a la sociedad, definiendo para ello que el mejor camino es la división de sus tierras, la que podía ser solicitada por sólo un miembro de la comunidad, y una vez dividida se puede celebrar cualquier acto siempre que el juez de Indios verificara que su consentimiento fue libre. Es decir, la integración se entiende en términos económicos, ahí empiezan y terminan los derechos.

De más está decir que, al revisar los expedientes de división, la voluntad y libre consentimiento para contratar por parte de los mapuches pocas veces se encuentran. En contrario, abundan los créditos impagables y a causa de ello, el embargo de las tierras, los mecanismos engañosos de inscripción de tierras por particulares, la ‘vista gorda’ de los Notarios y Conservadores al legitimar las ventas de tierras, las ‘corridas de cercos’, arriendos que se pasan por ventas, ‘hacerles fiestas a los indígenas y luego sacar la firma’, entre otros mecanismos de usurpación.

Así, hasta finales de la década de 1940 las comunidades mapuches perderán alrededor de 100.000 hectáreas más, formándose verdaderos paños territoriales al interior de los Títulos de Merced, con la apropiación de hijuelas por particulares inescrupulosos.

La situación territorial mapuche cambiará hacia fines de la década de 1960 y principios del 70, momento en que las comunidades participan activamente del proceso de Reforma Agraria, proceso que permitirá la ampliación de las tierras indígenas, el acceso a los territorios antiguos, el que las comunidades introduzcan mejoras en los predios y la formación de exitosas cooperativas y asentamientos mapuches.

De la ‘Reforma Macetero’ al triunfo de la Unidad Popular (1962 -1970)

A nivel nacional, hacia el año 1955 alrededor de un 80% de la superficie agrícola de Chile, 1 millón 700 mil hectáreas, se distribuían en unas diez mil grandes explotaciones. En contraposición, alrededor del 80% de la totalidad de predios eran propiedad de pequeños propietarios y ocupaban sólo un 8,4% de la tierra agrícola, cuantitativamente hacemos referencia a 183.000 hectáreas que se repartían en 116 mil pequeñas propiedades.

A ello había que sumar los escasos ingresos a que accedían las familias campesinas, los altos niveles de desocupación y subocupación de la mano de obra en el campo, malas condiciones de vida, incumplimiento de leyes sociales y, en general, el abandono de la población campesina.

Es en este contexto agrario que se dicta la primera Ley de Reforma Agraria, La Ley N° 15.020 de 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, y conocida como la Reforma Macetero, por la escasa superficie que fue expropiada, estableciendo como causales de expropiación aquellas que se vinculaban a la desocupación o abandono del predio, que éstos presenten deudas o que se requieran para efectuar obras de riego, entre otras, sin hacer referencia alguna al tamaño o al exceso de superficie del predio ni reglamentando un procedimiento de expropiación que permitiera tomar posesión del predio continuar su producción.

Luego, el 28 de Julio de 1967, bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, se dicta una nueva ley de Reforma Agraria, la que sí enfrenta la problemática de la reestructuración de la propiedad agrícola, incorporando la cabida de los predios como causal para proceder a su expropiación. A partir de este cuerpo legal, los predios agrícolas cuya superficie exceda el máximo establecido por la ley (80 hectáreas de riego básico) podrá ser expropiado y transferido en el exceso a los trabajadores del mismo, como también aquellos predios abandonados o mal explotados, y aquellos predios que hubieren resultado de la división de un predio cuya superficie hubiere sido superior a las 80 hectáreas de riego básico, y cuya división se hubiere efectuado con posterioridad al 27 de noviembre de 1962.

Sin embargo, mientras la Reforma Agraria aparecía como demanda nacional campesina, las demandas territoriales mapuche estaban radicadas a nivel local, en los Juzgados de Indios, o bien eran tramitadas ante el Ministerio de Tierras y Colonización.

El cambio se comienza a producir a principios de la década de 1960, y como muestra de ello los días 6 y 7 de enero de 1962 se realiza en el Ateneo Popular de Temuco el Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas de Cautín, del cual entre sus conclusiones rescatamos:

“1° La restitución de las tierras usurpadas por los dueños de fundos, los que mediante estos despojos han constituido los grandes latifundios que hoy poseen;

2º Que a los indígenas se les considere como a todo campesino del país para las parcelaciones de los fundos sobre la Reforma Agraria, por tener éstos escasez de tierras.

5º Que los títulos de dominio se concedan de acuerdo con los antiguos deslindes; impedir la subdivisión de las comunidades, el arrendamiento de las tierras de las comunidades, como única manera de impedir que estas tierras pasen a manos de los terratenientes.”[5]

El movimiento de reivindicación territorial mapuche comenzaba así un camino sin retorno. En octubre de 1961 las familias mapuches de Chiguaihue ocupan el predio de sus antepasados, ocupación que le costó la cárcel al Lonko Juan Millacheo y la muerte a Carlos Collío, quien fue baleado por el dueño del predio, Ignacio Silva Correa.[6]

El fundo Chiguaihue es emblemático en este proceso, ya que es allí donde ocurre la primera ocupación de tierras demandadas por comunidades mapuche, y es también allí donde por primera vez hacen su aparición las organizaciones patronales que se oponían al proceso de Reforma Agraria.

El 30 de Agosto de 1969, concurren al fundo Chiguaihue, en ese momento ocupado por un número importante de familias mapuche, cientos de dueños de fundos, según señala la prensa de la época:

“A las 15 horas de ayer se comenzaron a reunir los agricultores de la Provincia de Malleco con representaciones de los Sindicatos de Empleadores Agrícolas de Traiguén, Victoria, Collipulli, Angol, Los Ángeles, etc., en un número aproximado de una centena y más de cincuenta vehículos motorizados.

El lugar de la concentración fue la entrada del fundo Chihuaihue con el empalme de la carretera panamericana y de ahí partió la caravana en perfecto orden y silencio hacia el lugar invadido por los indígenas.”[7]

La presencia patronal era una advertencia, y se convertía en una premonición: constituirá el origen de lo que serán los ‘grupos de retoma’ de los predios ocupados por comunidades y organizaciones mapuches.

En forma paralela, en diversas partes del territorio mapuche las comunidades ocupaban predios exigiendo al Estado chileno su devolución. Así lo hacían familias de Ranquilhue, Choque, Ranquilco, El Malo, quienes ingresan a la Hacienda Tranaquepe, sus tierras ‘antiguas’, en Arauco: “Este fundo tiene 20.000 hectáreas, nace en el mismo mar y colinda en la Cordillera de Nahuelbuta, tiene escasos 29 inquilinos y 2 mayordomos, hay mucha tierra desocupada”, señalaba entonces Lorenzo Carilao Tranamil. Dos años, después, en marzo de 1969, las comunidades de Quetrahue, Reñico, Maitén, Didaico, Pantano, ingresaban a los predios de la Sucesión Moena, en Lumaco, cuyos integrantes vivían en Inglaterra y tenían sus propiedades desocupadas. 

A fines del Gobierno de Frei, la movilización mapuche adquiere una nueva y efectiva forma de acción para la recuperación de tierras, en un proceso que fue impulsado por el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR): las ‘corridas de cerco’, cuyo objetivo era restablecer los deslindes originales del Título de Merced y recuperar tierras que habían sido usurpadas por los fundos vecinos. Así mismo, el MCR impulsaba en las comunidades mapuches las ‘ocupaciones de fundos’, ya no para restablecer la tierra usurpada a los Títulos de Merced sino para recuperar tierras ancestrales, no reconocidas en dominio en dichos títulos, y que se encontraban dentro de los predios particulares colindantes.

En términos territoriales, y como resultado del proceso de Reforma Agraria durante el gobierno del Democratacristiano Eduardo Frei, se expropiaron 25 predios a favor de mapuches, con una superficie total de 20.595,80 hectáreas, los que fueron sobre todo resultado de la transferencia de la Corporación de Fomento a la Corporación de la Reforma Agraria, de ofrecimientos voluntarios de los propietarios, o bien de predios que superaban las 80 hectáreas de riego básico o que se encontraban evidentemente mal explotados o abandonados, como es el caso de los predios de la Sucesión Moena y que dieron origen a la Cooperativa Lautaro de Lumaco.

En conclusión, las demandas territoriales mapuche estaban lejos de ser satisfechas, tan lejos como lo estuvo la voluntad política del gobierno de Frei se enfrentarlas en su especificidad.

La Reforma Agraria en la Araucanía en el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)

Cuando el 4 de Noviembre de 1970 Salvador Allende se instala en La Moneda debe asumir muchas situaciones pendientes, entre ellas una que en aquellos días cumplía un siglo: la situación territorial del pueblo mapuche.

Sin embargo, y a diferencia de los gobiernos anteriores, ya en el programa de Gobierno de la Unidad Popular se plantea la profundización del proceso de Reforma Agraria, la promoción del desarrollo económico y social del pueblo mapuche, además de reconocer la legitimidad de su demanda, y se hacía en el acápite titulado precisamente “Profundización y extensión de la Reforma Agraria”, con lo cual se ponía a disposición de la demanda mapuche los mecanismos expropiatorios contenidos en la Ley 16.440 de Reforma Agraria, y lo hacía en los términos siguientes:

“Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.”[8]

Dicha voluntad política se insertaba en un “proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general”, como se señalaba.

Prueba de aquello, y de la voluntad política del gobierno de la Unidad Popular, es que el Presidente Salvador Allende ordena que se instalen en Temuco funcionarios de todos los Ministerios y reparticiones públicas, en Enero de 1971, el ‘Cautinazo’ en la memoria histórica.

El recuerdo del entonces Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, es el siguiente:

“La ley indígena no permitía la restitución de tierras usurpadas, estaban los métodos tradicionales que había que seguir a través de los tribunales, lo que lo hacía interminable, y entonces Allende tuvo una idea: me dijo ‘por qué no aplicamos la Ley de Reforma Agraria para tratar de resolver los problemas de restituciones de tierras, y cuando haya un fundo en esta zona que ha sido expropiado en el cual hay tierras usurpadas lo primero que vamos a hacer, antes de constituir asentamiento, es restituir las tierras a las comunidades que han sido usurpadas, y además para resolver esos problemas lo más rápidamente posible y para enfrentar esta situación de emergencia vamos a trasladar el Ministerio de Agricultura a Temuco por lo menos durante 2 meses”.[9]

Por su parte, la prensa de la época relataba el proceso que se comenzaba a vivir:

“Plan de Emergencia concentra a Jefes de Servicio en Cautín. ‘Alrededor de 50 funcionarios estatales se establecen temporalmente en Cautín para desarrollar el Plan de Emergencia para la zona, encabezados por el Ministro de Agricultura, y secundados por, entre otros, funcionarios de la Oficina de Planificación Agraria, CORA, INDAP, SAG, Instituto de Capacitación para la Reforma Agraria, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Corporación de la Reforestación, y de los Ministerios de Economía, Obras Públicas y Transporte, Hacienda, Tierras y Colonización, Educación, Vivienda y Urbanismo, Interior, Salud, e instituciones como ODEPLAN y CORFO. El Plan de Emergencia para Cautín, que se hará extensivo a las provincias vecinas, como Malleco y Valdivia, tiende a encontrar solución a los problemas de la zona e impulsar la Reforma Agraria”.[10]

El plan contemplaba el mejoramiento de caminos, construcción de bodegas para cereales, fábricas de cecinas y otras construcciones, y en términos agrarios se abrirían poderes compradores de madera, se pondrían en marcha 50 aserraderos, y se implementó el plan de forestación de 4.800 hectáreas en convenio entre la Corporación de Reforestación y la Corporación de Reforma Agraria.

En cuanto a la expropiación de predios a favor de mapuches, en los dos meses en que el Consejo de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) sesionó en Cautín, Enero y Febrero de 1971, se expropiaron 14 predios, sumando una superficie física de 13.416,2 hectáreas.

En forma paralela, se crea la ‘Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas’, la que a Febrero de 1972 había restituido a los mapuche 68.341 hectáreas que habían sido sustraídas de los Títulos de Merced mapuche e integradas fraudulentamente a los fundos vecinos. 

Al mismo tiempo, se crea el Instituto de Capacitación Mapuche, en Temuco, el que es inaugurado el 28 de Marzo de 1971 Allende, quien en su discurso describe sus objetivos centrales:

“Proporcionar capacitación técnica y promoción profesional, con el objeto de preparar mano de obra calificada en cualquiera de los sectores de la producción y organizar su comercialización. En general, servir como un instrumento en la capacitación de todas las materias que sea necesario impartir.”[11]

Ahora bien, un elemento fundamental en el proceso de Reforma Agraria durante el gobierno de la Unidad Popular en la Araucanía será la presencia de movimientos campesinos a los que irían adhiriendo las agrupaciones mapuche. A la presencia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) se sumará -a mediados de 1971- el Movimiento ‘Netuaiñ Mapu’, ‘recuperaremos la tierra’ en lengua mapuche, movimiento creado bajo el alero del Partido Comunista Revolucionario (PCR), una facción política de inspiración Maoísta, y que lleva a cabo sus acciones principalmente en las comunas de Cunco, Nueva Imperial y Carahue, siendo emblemática la ocupación que hacen el 17 de Octubre de 1971 de los predios Loberías, El Plumo, Toquihue y Las Marías, en la comuna de Puerto Saavedra, propiedad del dirigente agrícola Domingo Durán. La recuperación es encabezada por el Comité Mapuche de Pilolcura, dirigido por Juan Segundo Quirinao Antiman.

El ideario del Netuaiñ Mapu se consigna en una Declaración que se da a conocer a la opinión pública a través del Diario Austral de Temuco de fecha 19 de Octubre de 1971:

“1) Conocida es la situación de pobreza y miseria que vivimos los campesinos de Malleco y Cautín, debido al robo y usurpación de tierras realizadas por los latifundistas en contra de las comunidades mapuches; 2) El robo de tierras ha sido ‘legalizado’ por los momios amparados por sus leyes y dinero, y los campesinos, cuando recurrimos a ‘leyes’ y ‘Juzgados de Indios’ somos tramitados sin obtener nada: hay juicios de restitución que duran hasta 40 años; 3) Los campesinos mapuches, cansados de esta situación organizamos un movimiento auténticamente campesino para recuperar nuestras tierras y por lo tanto, salvarnos de la destrucción de nuestro pueblo por el hambre, miseria, enfermedades e ignorancia, fin que han perseguido todos los latifundistas y sus gobiernos. Así nació el ‘Movimiento Netuaiñ Mapu’ (Recuperemos la tierra) y que levanta como plataforma de lucha la recuperación de las tierras usurpadas y la conquista de tierras abandonadas por los terratenientes para ampliar nuestras ‘reducciones’, además de luchar por nuestras condiciones de vida, salud, educación y recursos para trabajar la tierra; 4) El ‘Netuaiñ Mapu’, en los últimos diez meses ha recuperado grandes extensiones de tierra, que estuvieron usurpadas y abandonadas muchas de ellas. En todos los predios recuperados de inmediato hemos puesto en producción las tierras, hemos barbechado y sembrado, lo que nos permite comer todos los días y subsistir. Por eso no entregaremos nunca más estas tierras que han costado nuestra sangre para recuperarlas; […] 7) Advertimos que si las autoridades les hacen caso a los latifundistas y tratan de desalojarnos, toda la sangre que se derrame será de responsabilidad de ellos. Estas son nuestras tierras y de nuestros antepasados. Y nadie nos moverá de ellas. ¡Huitrañe Mapuche! ¡Hueñiain! Netuaiñ Mapu”.

El MCR, por su parte, continuaba ocupando predios de antiguo dominio mapuche, y el 19 de noviembre de 1971, realiza una concurrida concentración en la Plaza Pinto de Temuco, para exigir la realización de una “Reforma Agraria Revolucionaria a cambio de la Reforma Agraria de los ricos”[12], exigiendo al gobierno expropiar sin considerar la cabida del predio, sin indemnización, sin reservas para los propietarios, e incorporando en el acto expropiatorio las maquinarias y las instalaciones existentes en el predio expropiado para así asegurar la producción.

En este contexto -de gran despliegue de actividad reivindicativa mapuche- que tuvo lugar durante el año 1971, el gobierno de la Unidad Popular desarrolló su acción por dos caminos paralelos: por un lado, responder a la demanda mapuche dentro de la legalidad vigente, y por otro, crear las condiciones políticas para avanzar en el proceso de expropiación poniendo en producción los predios expropiados. Todo ello enmarcado en una política de diálogo con las comunidades en conflicto, denegando a los propietarios el auxilio de la fuerza pública para el desalojo de los ocupantes, habida consideración de que ello agudizaría el conflicto.

Sin embargo, la política de diálogo con las comunidades mapuches fue violentamente interrumpida en Noviembre de 1971, momento en que los Comité de Retoma, formados por los dueños de predios, comenzaron a actuar. El Diario El Mercurio, entonces como ahora, comenzaba su ‘campaña del terror’, creando las condiciones para el enfrentamiento y para superar la política dialogante del gobierno central:

“50 fundos paralizados en Provincia de Cautín. Amenaza para el Granero de Chile… lo que significa que la producción habrá de disminuir notablemente, según cálculos en un 30%”.[13]

La respuesta patronal al movimiento mapuche no se haría esperar. A fines de 1971 hacen su aparición los ‘Comité de Retoma’ latifundistas, inaugurando sus acciones en Huilío, Nueva Imperial, donde el militante del Partido Nacional Juan Antonio Navarrete y otros particulares, ingresan armados al lugar en el que se encontraban 15 familias mapuche del Movimiento Netuaiñ Mapu (recuperaremos la tierra), asesinando a balazos a los hermanos Ramón y Francisco Cheuquelen, y dejando un reguero de heridos:

“Marcelina Quintulen Melin, sobrina de Francisco Cheuquelen Melin, relató “el rico y como 20 personas más entraron en un camión, desde dentro del fundo, se bajaron y empezaron a disparar con armas de fuego. Entonces los compañeros arrancaron, y otros, las mujeres, se escondieron detrás del árbol. Allí cayó Francisco y los otros. Estaban preparando el almuerzo. Después empezaron a incendiar el ruco, las carretas, la ropa, mantas, cueros, las cositas que se habían llevado. Robaron también las herramientas de trabajo. También apalearon a los heridos y palmotearon a los niños chicos y las mujeres. El fundo es de cómo 600 hectáreas, pero el rico tiene legalizado solamente 200, el resto es todo usurpado a los mapuches”, describía el Diario Austral.

Los grupos paramilitares se integran al panorama cotidiano. El mes anterior, mapuches del MCR habían ingresado al fundo Chesque, ante lo cual su propietario, Martín Doyarcabal, y otros particulares dieron muerte a balazos a Moisés Huentelaf. La Federación de Sindicato de Agricultores –a través del Diario El Mercurio de Santiago- brindó su apoyo al particular, “como lo ha hecho y lo hará con cualquier agricultor que, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa, enfrente una agresión que le pueda costar la vida.”[14]

En síntesis, y en términos territoriales, durante el año 1971 el proceso de Reforma Agraria en las Provincias de Malleco y Cautín había logrado la restitución de un total de 70.103,68 hectáreas en favor de comunidades mapuches, las que correspondían a la expropiación de 46 predios, a las que había que sumar 68.341 hectáreas que habían sido restituidas a las familias mapuche por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas. 

Todo ello constituía a una conquista histórica para las comunidades mapuches en el proceso de recuperación de tierras posterior a la radicación con Títulos de Merced.

A partir del año 1972 continuarán las movilizaciones y ocupaciones mapuches tendientes a recuperar las tierras usurpadas, no obstante que se enfrentarán a un nuevo escenario: las movilizaciones mapuches ahora serán efímeras, debido a la acción de las organizaciones de agricultores que repelían a través de las armas las ocupaciones mapuche de los predios demandados. Los ‘Comité de Retoma’ lograban con prontitud reprimir las ocupaciones territoriales mapuche, incluso antes que las autoridades de gobierno tomaran conocimiento de los hechos, lo que implicó que por la vía de la violencia directa se lograra el desalojo de los mapuches.

Ejemplarizador es al respecto la ‘Retoma’ del fundo Santa Ana, de Lorenzo Taladriz, el que es objeto de la ‘corrida de cercos’ por las comunidades vecinas al predio -Pedro Huilcal e Ignacio Huilquilao- y el MCR de Lautaro en Febrero de 1972, alegando que dichas tierras pertenecían al Título de Merced, y no obstante que el Gobernador del Departamento de Lautaro, Alonso Neira, había reconocido la legitimidad de la demanda de las comunidades mapuches, asegurando que “… los terrenos correspondían a esta comunidad y fueron usurpados legalmente con engaños, tradicionalmente usados, pasando de esta forma a manos de extraños.”[15]

Aun así, el día 2 de febrero de 1972 ingresa al predio una caravana de 50 vehículos, con aproximadamente 120 personas, recuperando el predio a balazos, acción que se repite en Toltén, en el predio Los Pinos, el que demandado y ocupado por las comunidades mapuche y retomado por los particulares deja como resultado el que terminaran heridos a bala los mapuches Dagoberto Godoy, Ignacio Antileo Calmunil, Pascual Landeros Curilaf y Antonio Landeros Antileo, además de una menor de seis años que se encontraba a 1.000 metros de distancia del lugar.

No obstante lo anterior, el proceso expropiatorio continuó su camino, expropiándose en 1972 a favor de las comunidades mapuches de Malleco y Cautín un total de 81 predios, por una cabida de 51.687,7 hectáreas.

Un elemento importante en este proceso es la dictación de la Ley Indígena 17.729, promulgada el 26 de septiembre de 1972, a través de la cual se buscaba terminar con las divisiones de las tierras mapuche y se establecía la posibilidad de restituir tierras, para lo cual se utilizaría el mecanismo de expropiación contemplado en la Ley de Reforma Agraria. Al respecto, el artículo 29 de la nueva Ley ordenaba que se declaraba de utilidad pública e interés social la restitución de tierras indígenas y autorizaba a la Corporación de Reforma Agraria para que, a petición y en representación del Instituto de Desarrollo Indígena, expropiare todo o parte de los predios rústicos reivindicados por comunidades mapuches.

En conjunto con lo anterior, dicha Ley estableció la preferencia de los indígenas para ser beneficiarios de los predios expropiados conforme a la Ley de Reforma Agraria, y facultó a la Corporación de Reforma Agraria (CORA) para transferir gratuitamente al Instituto de Desarrollo Indígena todo o parte de los predios expropiados, con el objeto de que fueran asignados a los Indígenas en conformidad con el Título IV de la Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria.

En concordancia con lo dispuesto, se dispuso un mecanismo de protección de las tierras indígenas destinado a mantener la integridad de las mismas y evitar su enajenación, ordenando la prohibición de enajenar tierras indígenas y darlas en arrendamiento, salvo entre indígenas, declaró la indivisibilidad de la comunidad, prohibió la liquidación de las tierras comunitarias y determinó su inembargabilidad.

La Reforma Agraria en el territorio mapuche en el año 1973

Al año 1973 el proceso de reforma agraria había cumplido su objetivo -en cuanto a la restructuración del agro a través de la expropiación de los grandes latifundios, que sobrepasaban las 80 Hectáreas de Riego Básico- pero aun así quedaban numerosas situaciones territoriales pendientes.

El gobierno de la Unidad Popular decide no abandonar el proceso, y lo hace aplicando otra causal de expropiación, la ‘mala explotación y/o abandono de los predios’, también establecida en la ley de Reforma Agraria, contradiciendo a aquellos que alegaban (y alegan) la ‘ilegalidad’ del proceso. Como ya lo había señalado el Ministro de agricultura, Jacques Chonchol, “La decisión del gobierno es hacer la Reforma Agraria dentro de la ley, pero aplicando hasta el último artículo de la ley”.[16]

En este contexto, la CORA expropió -durante el año 1973- 10 predios por un total de 7.629,5 hectáreas, para restituir tierras a favor de comunidades mapuches, siendo el último predio expropiado el fundo Santa Rosa de Colpi, de 1.575 hectáreas, ubicado en la comuna de Lumaco y propiedad de la sucesión de Cardenio Lavín, el 13 de Agosto de 1973, predio reivindicado por la comunidad mapuche Antonio Ñirripil, de Temulemu, y que con su expropiación se lograba reconstruir la antigua jurisdicción mapuche, el antiguo ‘lovmapu’, el que le fue enajenado por la acción del Estado de Chile con posterioridad a la Ocupación Militar de la Araucanía.

Mientras ello sucedía, el Diario Austral como respuesta a la decisión del gobierno y de las organizaciones mapuches, creaba las condiciones para lo que vendría y titulaba en Agosto de 1973:

“Una nueva escalada de tomas tiene planeada el Movimiento Campesino Revolucionario, filial agraria del MIR, que ya ha cumplido en 1971 y 1972 una impune y desquiciada acción en la actividad agrícola en Cautín.”

Por su parte, otro elemento se sumaba a lo ya existente, hacía su aparición pública el ‘Movimiento Nacionalista Patria y Libertad’, agrupación paramilitar de inspiración fascista, al que se plegaron numerosos dueños de fundos y que se adjudicó gran parte de los atentados y actos de sabotajes propiciados por los opositores al Gobierno de la Unidad Popular en la Araucanía. En la comuna de la comuna de Traiguén, el 5 de Abril de 1973, el predio Tricauco, de 320 hectáreas, es ocupado por mapuches de la reducción Contreras de Quino, los que son desalojados por el Patria y Libertad:

“La ‘retoma’ fue practicada a las 7.30 horas de ayer por un grupo aproximado de treinta personas, entre los que había agricultores y militantes del ‘Movimiento Patria y Libertad’. Los retomadores no actuaron premunidos de armas de fuego, sino simplemente de garrotes que esgrimían amenazadoramente mientras se acercaban marcialmente al predio. Ante su presencia, sin oponer resistencia, los mapuches (de la reducción Contreras Quino), que habían realizado la ocupación ilegal, se dieron a la fuga, dejando el predio en poder de quienes lo retomaron para devolvérselo a su dueña”.[17]

En conclusión, y como resultado final del proceso, a Septiembre de 1973, a lo largo de todo el proceso de Reforma Agria el total de tierras expropiadas por CORA, en las Provincias de Malleco y Cautín, alcanzó a 688 predios, con una superficie total de 739.245,90 hectáreas físicas, correspondientes a 63.246,48 hectáreas de riego básico. En cuanto a las tierras mapuche, se expropiaron un total de 152.416,48 hectáreas, a las que se suman las 68.000 que fueron reintegradas a los Títulos de Merced por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas.

La Contra Reforma Agraria: Muerte en la Araucanía

El Golpe de Estado llegó al territorio mapuche con anterioridad al resto del país, y prueba de ello es el allanamiento realizado por efectivos militares el 29 de Agosto de 1973 en el Asentamiento Loberías, el fundo de la familia del dirigente agrícola Domingo Durán, donde es brutalmente torturado el dirigente mapuche Segundo Quian, quien muere a consecuencia de aquello el 8 de Septiembre.

Sin embargo, es a partir del 11 de septiembre que la persecución y la muerte se expanden por toda la Araucanía, región en la que tuvo un carácter especialmente virulento y cargado de racismo. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) señala al respecto:

“Es necesario destacar la dureza extrema con que se trató a los mapuches y a sus familias y la grave dificultad que ha significado para éstos en las zonas más rurales, tener que convivir, en la misma localidad a veces hasta el presente, con los agentes que causaron la muerte a sus seres queridos.

El miedo, la pobreza o la desesperanza llevaron a que solamente un pequeño porcentaje de estas familias practicara, en su oportunidad, diligencias ante los tribunales de Justicia, o hiciera denuncias ante organismos de derechos humanos.”[18]

Efectivamente, en no pocos casos participaron de la represión y de la muerte civiles vinculados a los Comité de Resistencia Patronales y al Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, que luego de declararse en clandestinidad establece su cuartel general en Capitán Pastene, y con los cuales los sobrevivientes se seguirán encontrando, hasta la actualidad, y que significó que muchos de los desaparecidos, muertos y torturados no hayan sido denunciados. Se había inoculado el temor.

Fruto de la represión son asesinados y/o desaparecidos, entre muchos otros, Pedro Millalen, del asentamiento Elmo Catalán, en Lautaro; Andrés Levio; Jose Meliquen; Julio Paine, de Muco; Manuel Lizama Cariqueo; Segundo Lepin; Juan Segundo Nahuel; Heriberto Collío; Victor Llanquien, de Huircaleo; Gregoria Carilaf, de 73 años, quien murió fruto de los golpes propinados por carabineros que buscaban a su hijo; y en un caso emblemático, Julio Ñiripil Paillao, joven mapuche de 16 años de la comunidad de Huircaleo, quien es ejecutado en el patio de su casa, también por carabineros, para luego su madre recoger el cuerpo y sepultarlo.

En conjunto con la represión y la pérdida de tierras recuperadas y puestas en producción, los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria mapuche sufrieron la confiscación de la totalidad de sus bienes, de maquinaria, animales, cosechas y de todas las mejoras realizadas.

Como muestra de aquello, Don Reinaldo Penchulef, ex Secretario del Asentamiento Cuel Ñielol, en la comuna de Galvarino, denuncia al respecto:

“Dejamos muchas cosas en ese Asentamiento, cuando luego del 73 vino el Golpe: alrededor de 1.500 cabezas de vacuno, 5 tractores funcionando, alrededor de 6.000 o 7.000 sacos de trigo cosechábamos al año, todo lo que se derrumbó con el Golpe Militar, toda la construcción que el campesino mapuche hizo en esos tiempos. Fueron momentos tristes, unos sufrieron más, otros menos, pero la represión fue fuerte para nosotros los dirigentes. Eso se perdió.

En esos tiempos salimos todos, y quedaron solamente 17 personas adentro, gente que siempre estuvo apoyando al Gobierno Militar, el resto se fue todo.

Ahí dejamos todo, el gobierno militar no nos indemnizó nada y hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido apoyo del gobierno”[20]

Don Juan Guillermo Curin Melin, miembro del Asentamiento Pelantaro, de Lumaco, que se formó en los predios El Rincón, Los Queltehues y Santa Cruz, se refiere en términos parecidos, al señalar:

“Todos los bienes que se han llevado del Asentamiento, animales, tractores, por lo menos nosotros teníamos 2 tractores, bodegas teníamos, nos robaron los fertilizantes, semillas, también nos quemaron unas sementeras donde nosotros íbamos a cosechar 8.000 quintales de trigo, los quemaron los técnicos para joder, para echar abajo el Asentamiento, quiero saber si ¿acaso todo eso se va a recuperar?, ¿dónde lo tendrán fondeado o lo vendieron?. Yo quisiera recuperar todo lo que a nosotros nos robaron, se lo llevaron.”[21]

En términos territoriales, el 65% de las tierras expropiadas a favor de mapuches fueron devueltas a los antiguos propietarios. Los predios que no fueron restituidos se parcelaron, en un proceso en que los mapuches, en su gran mayoría, fueron excluidas. El Ministro de Agricultura del gobierno militar, el Coronel de Aviación Sergio Crespo, al respecto declaraba que: «La tierra será entregada a quien realmente la merece… No todos los asentados serán propietarios, ya que la tierra no alcanza. Una comisión hará una encuesta para determinar quiénes merecen ser propietarios”, privilegiando así en la asignación de parcelas a ex inquilinos, medieros o campesinos chilenos, no a los mapuche, y menos a los que participaron del proceso de Reforma Agraria.

El espíritu de la época es retratado por el nuevo director zonal de la CORA, Héctor Jensen:

“Ustedes saben el castigo que tienen quienes toman, roban o usurpan. Perfectamente podríamos haber venido acompañados de un pelotón oficial o de militares para echarlos a la calle. Sin embargo, hemos preferido el diálogo y el arreglo a la buena, conscientes de que ustedes como nosotros desean un mismo fin, cual es el progreso y la recuperación del país”. [21]

Por su parte, el Diario Austral de Temuco, en su editorial del 11 de Septiembre de 1974, señalaba:

“En Cautín quiso el marxismo matar la propiedad agraria. Los campos de Cautín durante la anterior administración fueron escenario de una serie de atentados contra la propiedad privada y el MIR con la figura del Che Guevara llevó al odio como también a la anarquía y destrucción a complejos agrícolas. Los trabajadores envalentonados e ilusionados perdían el tiempo en huelgas, reuniones y concentraciones mientras la leche se perdía y los animales se morían sin que nadie se preocupara de nada.”

En contrario a lo que en los días posteriores al Golpe Militar declaraban los funcionarios de la naciente dictadura, el recuerdo del proceso de Reforma Agraria en la memoria comunitaria mapuche es altamente positivo, tanto desde la perspectiva de la recuperación de sus tierras como de la calidad de vida que se logró a través del trabajo comunitario.

Antonio Lolcolil, del asentamiento Loberías, recuerda “Todos trabajamos en común. Nosotros le dimos explotación al fundo, el fundo estaba sucio y no se hacía ni una huerta.” Pedro Raín, de la Cooperativa Lautaro de Lumaco, rescata del proceso “el derecho de vivir, de construir, el derecho de gozar la tierra”. Para don Reinaldo Penchulef, del Asentamiento Cuel Ñielol “El gobierno de Salvador Allende vive conmigo, vive con mi gente, vive con mi familia, vive aquella participación que nos dieron y las garantías que tuvimos como mapuches en aquellos tiempos, fueron cosas inolvidables.”[22]

A modo de conclusión, podemos señalar que la Reforma Agraria, como proceso político, permitió la recuperación y ampliación de las tierras mapuches en un proceso que no tiene precedentes en la historia de la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y fue el resultado, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, de la voluntad política de enfrentar y resolver la demanda territorial mapuche, poniendo para ello a disposición de las organizaciones mapuche los mecanismos contemplados en las leyes de Reforma Agraria, no obstante su origen más ‘campesinista’ que ‘indigenista’, y que ello significara afectar el sacrosanto y decimonónico derecho de propiedad.

Notas:

* Texto basado en “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches”, Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yánez, LOM Ediciones, 2005.

[1] Historiador, Mag. en Antropología.

[2] Primer Discurso sobre la Pacificación de Arauco ante el Congreso Nacional, 9 de agosto de 1868,

[3] La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche- De la inclusión a la exclusión ”, Jorge Pinto R., DIBAM Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de Chile, 2003, Santiago de Chile, pág. 145

[4] Mensaje del gobierno central enviado en 1883 al Congreso por el Presidente de la República, Domingo Santa María.

[5] Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas de Cautín, Temuco, 6 y 7 de enero de 1962.

[6] Diario El Siglo, 25 de Octubre de 1961, página 1.

[7] Diario Austral de Temuco, 31 de agosto de 1969, página 11.

[8]“Programa de Gobierno de la Unidad Popular”, página 23.

[9] Seminario Taller “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches”, Universidad de la Frontera, Temuco, 15 y 16 de Enero de 2002, “La Reforma Agraria y las Tierras mapuches”, LOM Ediciones, 2005, Anexo 1.

[10] Diario El Mercurio de Santiago, 21 de Enero de 1971.

[11] Diario El Mercurio de Santiago, 28 de Marzo de 1971

[12] Diario Austral de Temuco, 19 de Noviembre de 1971, página 11.

[13] Diario El Mercurio de Santiago, Enviado especial, 22 de Enero de 1971

[14] Diario El Mercurio de Santiago, 26 de Octubre de 1971

[15] Diario Austral de Temuco, 2 de Febrero de 1972, página 1.

[16] Diario Austral de Temuco, 13 de Enero de 1971.

[17] Diario Austral de Temuco, 6 de Abril de 1973, página 7.

[18] Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I, Santiago, Febrero de 1991, página 368

[19] Reinaldo Penchulef, secretario del Asentamiento Cuel Ñielol, Comunidad Antonio Peñeipil, Galvarino, 30 de Octubre de 2001, En “La Reforma Agraria y las Tierras mapuches”, LOM Ediciones, 2005.

[20] Encuentro Taller “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches”, Temuco, 15 y 16 de Enero de 2002.

[21] Diario Austral de Temuco, 1 de Febrero de 1974.

[22] En “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches”, LOM Ediciones, 2005.