“En mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente, pedir perdón al pueblo Mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con ellos o sus comunidades”, dijo en la presentación de la mañana de este viernes 22 de junio 2017 en el Palacio de la Moneda dando a conocer el denominado “Plan de Reconocimiento y Desarrollo para la región de La Araucanía”.
Es importante señalar que estos “gestos” vienen siendo asumidos por algunos representantes de estados en los últimos años, principalmente con respecto a los abusos y atropellos a infancias indígenas. El gobierno laborista del 2008 en Australia pidió perdón a los Pueblos Indígenas en dicho País. La disculpa se refiere en particular a la llamada Generación Robada, los hijos de indígenas que fueron robados y entregados a familias blancas entre 1915 y 1969, siendo miles los niños/as sacados de sus hogares, en medio de masacres, despojos y desmembramientos. Por su parte, Justin Trudeau en el año 2015, como primer ministro de Canadá, pidió «perdón» a los indígenas canadienses por los abusos que centenares de niños aborígenes sufrieron en los internados que durante cerca de un siglo funcionaron en el país afectando a más de 150.000 mil niños/as, con una directa responsabilidad también de la Iglesia Católica.
El Dr. Case señalaba el 2005 que el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado, es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de perdón: “El proceso de reconocerlo supone un acercamiento profundo al otro, con comprensión y empatía, y un establecimiento de una comunicación que no se basará en disculparse”, señala el Dr. Español García Higuera.
Indudablemente el acto simbólico o gesto realizado por la presidenta Bachelet no es parte de un proceso previo que haya buscado reparar, restaurar o empatizar, sucede en uno de los momentos de mayor polarización en el marco de los conflictos territoriales en el centro sur de Chile, donde un grupo conservador de tipo colonial y racista a través de campañas informativas, conspiraciones y de sabotajes que han surgido al interior de la denominada Multigremial, persiste en el denominado “terrorismo en la Araucanía” con respecto a diversos hechos de violencia, algunos de los cuales han servido de extorsión para fines políticos e incluso para desbaratar las iniciativas del mismo ejecutivo, como por ejemplo la tibia reforma al Código de Agua como ocurrió recientemente, pero que entremezcló el freno empresarial a la perdida de propiedad ante “amenazantes” redistribuciones de aguas en el País, la solidaridad con las “víctimas del terrorismo en la Araucanía” y el siempre fantasma de los brutos camionazos, lo que hizo mella al ambiguo, timorato y doble estándar gobierno, evidenciando la ingobernabilidad, la falta de democracia, los incumplimientos en materia de derechos humanos y el descrédito.
¿Perdón sobre qué?
En medio de esas ambigüedades y acciones timoratas, bien vale preguntarse si el acto de pedir perdón al Pueblo Mapuche ¿a qué en específico se refiere? ¿Sobre el conjunto de actos bélicos, políticos, procesales del estado chileno en el devenir que incluye las masacres y despojos de territorios, exclusiones, negaciones, desplazamientos y empobrecimiento, considerando los actos de violaciones cometidos en los dos mandatos presidenciales que ella ha encabezado, incluyendo casos de militarizaciones, asesinatos, violencia a la infancia mapuche, aberraciones judiciales, persecuciones?
Cabe consignar que un informe historiográfico del 2016 encabezado por el historiador Hernán Curiñir, da cuenta de un contexto general, cultural e histórico, que involucra situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del estado chileno, desprendiendo que las campañas militares del estado chileno en la denominada “Pacificación de la Araucanía” desde 1860 a 1881 habrían causado la muerte directa de 50 mil a 70 mil Mapuches, sumándose a esto el despojo de más del 90 % del territorio ancestral, entregándose buena parte de estos terrenos, incluyendo la ganadería y herramientas que controlaban las comunidades para colonos europeos, principalmente de origen alemán, italianos, suizos y algunos franceses. Más al sur, la competencia bélica e invasiva fue entregada por el estado chileno a grupos sicarios europeos para la eliminación “étnica” de los pueblos australes Kaweskar y Selknam, acciones de lesa humanidad que fueron realizadas simultáneamente por el estado argentino en la denominada Campaña del Desierto.
Son múltiples los hechos de violencia y masacre que involucran al estado chileno a partir de estos hitos, basado en la brutalidad y en el desprecio a la vida, terrenos que la mayoría han ido a parar para la explotación, donde han venido avanzado nefastas actividades relacionadas a la agroindustria, forestales, de energía. En definitiva, la explotación a costa de la depredación y violaciones de derechos humanos, incluyendo los basurales, plantas de aguas servidas y toda actividad dañina ambientalmente, las que han ido a parar al poco suelo de las comunidades, no del latifundio colonial, cuyos “propietarios herederos” han obtenido los mayores privilegios y ventajas materiales otorgados por un estado perverso.
Vivir sumergidos en la violencia
¿Cómo se repara la violencia histórica? ¿Cómo se restauran los territorios dañados a causa de la industria forestal que no han dejado agua alguna para comunidades mapuche? ¿Cómo se apoya a comunidades y a la infancia que ha vivido siempre este espiral de violencia? ¿Qué se le puede decir a un niño/a que ha visto cómo agentes represor del estado golpean, disparan, maltratan a su padre, madre, familia en su propio hogar en el marco de los allanamientos represivos de policía militarizada como respuesta a movilizaciones por tierras o en protesta a los impactos de las forestales? ¿Qué se le pueden decir a esas decenas y decenas de niños/as, que ven frecuentemente la violencia estatal incluso en sus propias escuelas como han ocurrido en Ercilla, Collipulli y Tirúa? ¿Están condenados a terminar asesinados como Luis Marileo para que después un estúpido personero autoridad estatal o un bruto e ignorante latifundista diga simplemente “delincuencia y/o terrorismo”?.
¿Hay que someter y domesticar la violencia, la basura en las comunidades, el vivir sin agua a causa de las forestales y la agroindustria? ¿Qué las celulosas y salmoneras contaminen aguas y tierras? ¿El permitir que hidroeléctricas se instalen en lugares de enorme significancia cultural y espiritual? ¿Hay que olvidar los asesinatos en “democracia” de José Suarez Marihuan el 2001 (gobierno de Ricardo Lagos); Alex Lemún el 2002 (gobierno Ricardo Lagos); Zenón Díaz Necul el 2005 (gobierno de Ricardo Lagos), Julio Huentecura el 2004 (gobierno Ricardo Lagos); Juan Collihuin el 2006 (gobierno Michelle Bachelet); Matías Catrileo el 2008 (gobierno Michelle Bachelet); Jaime Mendoza Collio el 2009 (gobierno Michelle Bachelet); Víctor Mendoza Collio el 2014 (gobierno Sebastián Piñera); José Quintriqueo el 2014 (gobierno Sebastián Piñera); Macarena Valdés el 2016 (segundo Gobierno Bachelet), entre otros, sin olvidar al adolescente mapuche José Huenante, detenido y desaparecido en Puerto Montt durante el gobierno de Lagos?
No se ha escuchado ningún perdón y acto reparatorio en específico por parte de funcionarios públicos ante los cientos de casos de violencia estatal que involucran a la infancia y adolescencia mapuche, como ocurrió recientemente en la Escuela de Temucuicui o en el marco de los múltiples conflictos de la industria forestal en territorio ancestral que han afectado a un gran número de niños/as, agresiones impulsadas principalmente por grupos económicos como los Matte y Angelini.
Es liviano señalar que se ha fallado como “País”, cuando hay una responsabilidad directa. Las responsabilidades de militarizar territorios son del propio ejecutivo con la inversión de miles de millones, siendo cómplice en el abuso de instrumentos judiciales y arcas fiscales para fines represivos. Hay actos de violencia que son de directa responsabilidad del gobierno de turno.
La realidad del País se distribuye con una buena parte de la población adormecida por el bombardeo mediático de medios comerciales sin tener idea que está pasando en su entorno. Otra buena parte es solidaria y comprometida con las justas causas del Pueblo Mapuche y de los Pueblos originarios, asumiendo y reconocimiento la “plurinacionalidad” e “interculturalidad” como forma de reconocimiento y respeto; y otro sector, ese de los colonialistas y racistas, lo único que quieren es estados de excepción, más violencia y más masacres, instrumentalizando hechos de violencia para propósitos inmorales, generando cooptación y sometimiento de ciertos funcionarios e instituciones públicas y otros agentes estatales directamente cómplices de abusos.
A propósito de abusos, no es posible olvidar al ex Ministro de Energía Máximo Pacheco en este segundo periodo de Bachelet dando luz verde a una serie de proyectos de energía emplazados en territorios ancestrales incluyendo lugares sagrados. También, los intentos de este gobierno en querer seguir expandiendo e intensificar la dañina industria forestal a costa del suelo de comunidades y sectores campesinos. Asimismo, que hayan “representantes públicos” involucrados en la “Nueva Mayoría” actuando bajo políticas de corrupción y cooptación a favor de los intereses de empresas violadoras de derechos humanos, incluyendo a militantes del Partido Socialista, colectividad al cual pertenece la presidenta.
¿Perdón para qué?
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en conjunto con los ministros de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; y de Desarrollo Social, Marcos Barraza, anunció el “Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía”.
Según las fuentes oficiales del ejecutivo, la iniciativa es el resultado del trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, sin embargo, cabe señalar, como el mismo gobierno reconoce, varios elementos que aparecen no son nuevos e incluyen medidas que no han surgido de los intereses y necesidades de los propios Pueblos originarios, como el denominado “Consejo Pueblos Indígenas y el Ministerio Indígena”, instancias que viene promoviéndose desde el anterior periodo de la presidenta y que han sido cuestionados en el País por diversas organizaciones al considerarlos como una extensión del aparato burocrático estatal que no considera autonomías y por otra, por los intentos de legitimar vicios e irregularidades en los procedimientos de origen en consulta y fase previa informativa.
Es impresentable que uno de los puntos propuestos en este “Plan Araucanía”, sea la creación de un fondo de forestación, que comenzarían a operar en el segundo semestre para “predios indígenas con aptitud forestal”, entendiéndose que estas políticas apuntas a la reforestación vinculada a pinos y eucaliptus en medio del debacle generado por esta actividad industrial en el centro sur de Chile, donde se alzan las voces en diversos territorios ante la necesidad de restauración de bosques nativos y ecosistemas junto a la revitalización de economías locales.
Cuesta entender que por una parte se pida perdón y por otra, como medidas y propuestas en políticas públicas para el Pueblo Mapuche, la mayoría de las temáticas no estén relacionadas justamente con medidas de reparación, confirmando así que buena parte de las diferentes instancias “participativas” en democracia durante gran parte de los noventa y los dos mil en los diferentes gobiernos, se elaboraron múltiples propuestas levantadas por diversas comunidades y organizaciones mapuche, quienes con expectativas han entregado aportes al poder estatal público – político, sin embargo, se confirma hoy que gran parte de esos procesos y contenidos han terminado como tumultos de papeles.
Paralela o complementariamente, diversas articulaciones entre comunidades y asociaciones funcionales como asimismo instituciones y organizaciones ancestrales, desde hace rato vienen generando movilización y levantando agendas propias de exigencia ante la Institucionalidad Pública, varias de las cuales se realizan con ejercicio y práctica y que son parte de las conexiones de los Derechos Colectivos cuya matriz es la autodeterminación.
En el actual escenario, hay aspectos básicos que requieren nuevas formas atención y que no tienen que ver con simbolismos sino con poner fin a prácticas de colonialismo y racismo. A su vez, son diversas las expresiones que exigen el respeto, garantía, cumplimiento y reparación de derechos.
Las directrices de temáticas que se han desarrollado e instalado en la agenda pública desde las mismas expresiones de movimientos del Pueblo Mapuche, se relacionan con los siguientes ejes según informe que sistematiza y son : I.- Integridad Cultural: 1) Derechos Educativos, Lingüísticos y Culturales; 2) Resguardo de los Lugares sagrados; y 3) Oficialización de las Banderas de los Pueblos Indígenas. / II.- Tierras, Territorios y “Recursos” Naturales: 1) Respeto a los territorios y elementos de la naturaleza; 2) Reclamaciones de tierras, reparaciones y cumplimiento del estándar Internacional de derechos; 3) Desafíos implementación Ley Pueblos Originarios Costero marino (Ley Lafkenche); 4) Situación actual de los territorios. / III.- Bienestar Social y Desarrollo De Los Pueblos (Buen vivir): 1) Economías territoriales y desarrollo autónomo./ IV.- Autogobiernos, Autonomías y Participación Política: 1) Proceso constituyente, descentralización política y estatuto de autonomía; 2) Pacto Mapuche por la Autodeterminación; 3) Territorios y autoridades ancestrales; 4) Jurisdicciones municipales; 5) Los Derechos Colectivos en la constituyente; 6) Movimiento Indígena por el respeto e implementación de la consulta; 7) justicia ancestral y fin a criminalización estatal en causas por derechos colectivos.
Estas temáticas y su desarrollo son un ejemplo del “empoderamiento” que diversas organizaciones y comunidades tienen en Chile de manera autónoma con respecto a sus derechos, que sostienen a su vez exigencias para que se cumpla el estándar Internacional en materia Indígena. Sin embargo, las incapacidades, la falta de prudencia y acciones adecuadas por parte de agentes de Estado para cumplir cabalmente con la buena fe y las obligaciones estatales en los procesos previos, libres e informados, han llevado a serios vacíos que han imposibilitado avanzar en formas de establecer acuerdos mínimos.
Alfredo Seguel
