En medio de la peor crisis hídrica del país y tras seis años en el congelador del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado por amplia mayoría una potente reforma al Código de Aguas, cuyas modificaciones aseguraban un acceso más equitativo al recurso para hoy y mañana. Eso implicaba que el Estado entrara a regular derechos ya otorgados. Los gremios del agro, la minería y la generación eléctrica se organizaron y dieron una batalla sorda pero efectiva. CIPER siguió la ruta del intenso lobby desplegado. En abril, el Ejecutivo envió 27 indicaciones que echan por tierra avances clave (ACTUALIZADO).
Por Alberto Arellano – Fuente: ciperchile.cl
En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.
Uno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.
De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.
En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos.
La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.
Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá. Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.
Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.
Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.
El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.
Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.
Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.
Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.
Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.
EL “FRENAZO” DE HACIENDA
El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.
En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.
También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.
En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.
En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.
Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.
Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.
Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas subterráneas del país– no se tocan con la reforma.
El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.
El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título “¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco.
LA ARREMETIDA DEL AGRO
El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).
La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua. Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.
El 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.
En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.
Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.
CAMPAÑA 360°
Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.
Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.
“La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.
“Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.
La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI).
A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.
El senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.
La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados .
SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA
Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).
Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.
Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.
Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.
El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la “incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.
Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.
Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco.
En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos– y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.
Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.
LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO
Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.
Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.
Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.
También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.
La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.
