Empresarios y especuladores, vienen multiplicando las denominadas mini centrales de pasada bajo los 3 mw con el propósito de evadir la evaluación ambiental, bastando solamente un pronunciamiento de intenciones o carta de pertenencia ante el organismo público ambiental, buscando intervenir en su mayoría frágiles esteros en zonas cordilleranas de la Araucanía.
Varios casos se han venido denunciando en este último tiempo, bajo la oposición y resistencia de habitantes en localidades como Curacautín y Curarrehue, que involucra a comunidades, sin que se estén atendiendo las normas internacionales de derechos indígenas.
En Curacautín, comunidades y vecinos han detenido los trabajos de obra de dos mini centrales, “Alto Cautín” y “Pintoresco”, esta última, sobre un estero frágil y de manera absolutamente sigilosa, en un afluente de gran importancia para la vida local, situación por la cual han impedido el paso de maquinarias y trabajos de obras.
Asimismo, en plena zona cordillerana, en su mayoría miembros de comunidades pewenche, han rechazado de plano las intenciones de un empresario francés de la empresa Pirandes Ltds. Que pretende imponer una mini central en el sector Maite ríos Rilul/Remeco, situación por la cual han comenzado a movilizarse y recientemente hicieron llegar sus descargos a diversos organismos públicos.
Entre los fundamentos de rechazo que han planteado, cuentan: Uso inadecuado de las aguas, interrupción prácticas ancestrales, afectaciones espirituales, usurpación territorial, contaminación acústica, daño a economía local (ejemplo turismo rural), cables eléctricos, transgresión a medicina ancestral, entre otros.
La empresa inversiones Sata Bárbara pretende lo mismo sobre el estero Resbalozo en la comuna de Curarrehue, la que fue acogida por el Servicio de Evaluación Ambiental durante enero del 2014 en la administración del gobierno de Sebastián Piñera, sin considerar en lo absoluto la existencia de comunidades mapuche y la legislación que hay al respecto.
Diversas organizaciones y comunidades en la Araucanía, han manifestado el rechazo a estas iniciativas. La red por la defensa de los territorios ha indicado que estas actividades no son de energía renovable y sustentables como se ha intentado hacer pasar, sino un negocio y lucro a costa de la afectación de territorios y derechos. “Las prioridades y vocación en materia de desarrollo, la posición de los municipios y comunidades locales, y la protección de los ecosistemas, en especial, frente a la creciente crisis hídrica de la región, deben ser asumidas. Las mini centrales y centrales hidroeléctricas causan afectaciones: alteran paisajes, biodiversidad, cauces normales de aguas y no es posible permitir mayor permisividad al respecto como consecuencia de un modelo heredado de la dictadura militar”.
Por su parte, el movimiento “Los ríos nos unen” ha señalado que el Ministerio de Energía falta a la verdad señalando que en Chile hay una crisis hídrica, contra restándolo con los siguientes argumentos: “Chile genera el doble de energía de la que necesita, razón por la cual incluso se pretende exportar. Al mes de enero 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.178,9 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.785,6 MW. “En conjunto se encuentran instalados 19.964,4 MW de potencia, correspondientes a un 63% de origen térmico, un 31,9% de origen hídrico, un 3,6% de origen eólico y un 1,4% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.527,8 MW y 2.340,8 MW, respectivamente”, indicaron, quienes dieron como una de sus fuentes el Boletín del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN.
Caso de mini central llega a organismo ONU de Derechos Humanos
El proyecto de la mini central de Santa Bárbara inversiones denominado “Resbalozo Hidro” en Curarrehue, que busca intervenir el estero del mismo nombre, afluente del río Maichin, no solo mantiene rechazos de familias colindantes a su emplazamiento, sino además fue ingresado este 23 de abril como caso al Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, reuniéndose además con el presidente de dicho organismo, Sr. Francisco Cali, en su reciente paso por la Araucanía.
El potencial de este proyecto sería de 2,7 MW, por lo que evadiría su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental ya que la legislación ambiental mantiene permisividad al respecto, sin embargo, no así la obligación estatal y de privados en materia indígena, ya que el Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas y que debe ser garantizado y cumplido frente a cualquier iniciativa pública o privada que involucre los intereses de comunidades, más aún, cuando se tratan espacios de significación cultural y de desarrollo.
Atendiendo esto, se presentó ante el Comité ONU una Acción Urgente que buscar revertir esta situación y se restablezcan los derechos de los habitantes locales, ya que se estima, un nuevo nicho de discriminación y exclusión.
Quienes presentaron dicha acción, señalan: “Esperamos que estos documentos sean de utilidad para marcar un precedente, respecto a la nueva modalidad de proyectos que están invadiendo nuestros territorios, y de la desprotección legal que existe actualmente en la legislación chilena para hacer frente a estas amenazas”, adelantando que realizarán todas las acciones necesarias para que este proyecto no es imponga y los organismos públicos cumplan con su deber.
a.s
