Una carta solicitando información y de emplazamiento por la trasgresión de derechos al Pueblo Mapuche, suscrita por organizaciones sociales por la defensa de los territorios y por el cumplimiento de las normas y tratados de derechos humanos, fue dirigida a Luis Echebarria, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Chile y que fue ingresada en la propia sede de este organismo internacional.
El financiamiento en cuestión, se refiere a un Fondo Indígena que CORFO (CIFES) se encuentra implementando y que recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Indígena (BID), tendiente a promover la asociatividad de comunidades Mapuche en proyectos de energía.
Ante esto, las organizaciones solicitaron información sobre los alcances al respecto, ya que dicha iniciativa está operativizandose en varias zonas, incluyendo algunas donde existe, con preocupación, afectaciones sociales, culturales y se estaría incrementando alteraciones a la integridad cultural como ocurre en zonas del Alto Bio Bio, Cañicú – Los Chenques, en medio de reivindicaciones de tierras y de rechazo a nuevos proyectos de energía en el territorio.
Ante esto, el Movimiento por la Defensa y Recuperación de los Territorios, macro zona sur, la Red por la Defensa de los Territorios, Región de la Araucanía y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), le señalaron al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, que debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y su estándar y en particular en los casos de los Pueblos Indígenas, al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo fundamental el revisar el tipo de iniciativas que se están apoyando a entidades públicas y privadas, en especial estas, donde no se está atendiendo previamente el cumplimiento y garantías de derechos.
“Es importante destacar, sobre este Fondo Indígena, que el estado chileno no cumplió con sus obligaciones en materia de consulta y en especial, es importante atender los vicios actuales que existen al establecerse diversas formas de operaciones que han ejercido empresas y particulares dividiendo las comunidades sin que el estado haya sigo garante en las fases previas”, señala en parte de la misiva, agregando: “Tampoco se ha establecido la protección de los lugares sagrados que estipulan normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos indígenas, en algunas zonas donde estaría intentando implementar dicho Fondo”.
Otro tema elemental que señalan las organizaciones y que no se ha acatado, es el respeto a los planes de desarrollo de acuerdo a los propios intereses y necesidades de las comunidades que señalan las normas internacionales de derechos de los Pueblos indígenas y que deben estar estipulados con ejercicios colectivos y que involucren a familias, autoridades ancestrales y comunidades. “Es contradictorio la implementación de un Fondo Indígena sin que se haya hecho cumplir preliminarmente este derecho que es parte de la piedra angular de las normas internacionales. Las comunidades y sus instituciones ancestrales deben decidir libremente sobre sus prioridades en desarrollo y no la imposición de políticas pre formateado, centralista, con intereses empresariales y afuerinos, que están causando impactos”, indican.
Para las organizaciones, el BID no puede hacerse parte y menos financiar políticas que consideran prácticas discriminatorias, racistas y colonialistas, que atentan contra los derechos humanos, por eso, hicieron un llamado a que su gestión revise este tipo de financiamientos, que replantee la gestión y que se cumpla con las normas de derechos.
