En la audiencia del pasado miércoles 27 de julio, el fiscal Chiffelle no entregó la prueba comprometida: una geolocalización de teléfonos celulares que probaría la asociación ilícita para atentar contra los Luchsinger. Mientras tanto, el entorno de la Machi Linconao alerta sobre su precario estado de su salud.
Por: Antonia Orellana / El Desconcierto
A 4 meses de que se realizaran las detenciones de diez sospechosos en el llamado caso Luchsinger-Mackay el fiscal Alberto Chiffelle reconoció no tener la llamada “prueba clave” que involucraría a cuatro de los imputados, entre ellos la Machi Francisca Linconao. En la causa, que busca determinar quiénes son los responsables en la muerte por incendio intencional de la casa del matrimonio conformado por el empresario Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ya fue condenado a 18 años de cárcel el Machi Celestino Córdova.
El pasado miércoles 27, después de que la audiencia fuera desalojada luego que los imputados increparan al fiscal Chiffelle llamándolo “racista” y “mentiroso”, la defensa de los imputados solicitó a Fiscalía que diera a conocer, finalmente, la prueba que incriminaría a estos cuatro imputados, que consistiría en una geolocalización de llamada telefónica del día del incendio. Frente a los abogados defensores -Karina Riquelme y Sebastián Saavedra de CIDSur- el fiscal Chiffelle reconoció ante la jueza que no posee el reporte de antena de telefonía que los ubica el 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao.
En la penúltima audiencia, Chiffelle había explicado que, finalmente, pondría a disposición el CD entregado por la empresa Movistar para poder realizar peritajes telefónicos. Sin embargo, el CD resultó ser de una antena distinta a la del sector y no fue entregada al Tribunal.
Este traspié de Fiscalía se suma a las denuncias del “testigo clave”, José Peralino Huinca. Fue mediante su testimonio que se logró la detención de los 11 imputados y, sin embargo, el mismo día se retractó durante la audiencia de formalización, denunciando presiones de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Según Peralino Huinca, fue detenido por primera vez luego de gastarle una broma telefónica a su polola. De esa primera citación salió libre, siendo nuevamente llamado a declarar el 13 de octubre de 2015, momento en que habría sido amenazado y obligado a firmar una declaración. Por miedo y presión policial empezó a hilar un relato al respecto del atentado, alegando siempre su inocencia y que sentía temor que las personas que él sindicó como participantes del ataque fueran a matar a su familia. “Después entró el fiscal Chiffelle presente y me dijo ‘Peralino firma aquí’, no vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo, igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando” contó en marzo.
El desmentido, sin embargo, no fue tan profusamente difundido como la cita que “filtró” el fiscal Chifelle, donde Peralino habría admitido participación y señalaba “queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran”. Luego del revés en la declaración de José Peralino, el peso de la acusación de Chiffelle se sostenía principalmente en este informe técnico de geolocalización, que a cuatro meses aún no había sido presentado. Desde el entorno familiar de los imputados señalan que esperan un cambio en las medidas cautelares.
Hija de Machi Francisca Linconao: “nos están haciendo un gran daño”
Aparte de la falta de evidencias que comprueben la participación de los once imputados, existe preocupación por el estado de salud de la Machi Francisca Linconao, quien además ha protagonizado un tira y afloja con la Corte de Apelaciones de Temuco. Así, en dos oportunidades se le han otorgado salidas condicionales, una para celebrar el Wiñol Tripantu en su comunidad en el cerro Rahue de Padre Las Casas, y otra producto de su delicado estado de salud. Sin embargo, fue nuevamente ingresada a la cárcel el 22 de julio.
“Nos parece una discriminación tremenda hacia nosotros como familia y hacia nuestra autoridad tradicional. Nos están haciendo un gran daño, ella está sufriendo mucho daño sicológico y espiritual”, señaló su hija, Carmen Linconao, a El Desconcierto. “En estos momentos está muy mal de salud. Aparte de tener una gastritis crónica por más de 13 años, está con problemas de hipertensión. Hay otra dimensión que no entienden las autoridades: a una machi el encierro le causa un daño tremendo. Ella no puede estar encerrada en cemento, tiene que estar con la tierra y su rehue”, explicó Carmen.
En sus palabras, el bienestar espiritual de la Machi ha sufrido un gran daño estos últimos cuatro meses, desde que empezó el encierro. “Me parece que como autoridad tradicional ella no es respetada. Mi madre siempre ha estado por el diálogo, ha conversado con las autoridades. En la comunidad siempre hemos llegado en buenos términos”, cuenta.
Para el entorno de la Machi Linconao, su implicación sería una venganza de la familia Taladriz, vecinos de la comunidad del cerro Rahue, a quienes interpuso un recurso de protección contra la Sociedad Palermo, propiedad de los Taladriz, por tala ilegal de árboles e infracción a la ley de bosques. En 2008, la Corte Suprema falló a favor de la Machi Linconao, siendo la primera aplicación del Convenio 169 OIT en Chile. Los Taladriz son una poderosa familia de la zona:Emilio Taladriz Montesinos es director de la Multigremial de la Araucanía, y actualmente integra la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía, la propuesta de Bachelet para lograr la paz en la zona.
“Lo que nosotros pensamos es que es una venganza por parte de los empresarios de la zona, porque ganó un juicio de significación cultural contra los Taladriz”, señala Carmen Linconao. En octubre de 2015, el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado a pagar $30 millones a la Machi, estimando que la policía actuó “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional. Pese a eso, fue detenida e imputada en marzo, permaneciendo en prisión preventiva hasta el día de hoy.
