Este miércoles 27 de julio se realizó una nueva audiencia en el caso Luchsinger Mackay y los once imputados se pusieron de pie e increparon al fiscal Alberto Chiffelle emplazándolo a que dé a conocer las pruebas que tiene para incriminarlos y mantenerlos encarcelados bajo prisión preventiva por cuatro meses, acusándolo de mentiroso y racista.
Luego del desalojo de la sala ordenada por la jueza, la defensa de los comuneros, solicitó a Fiscalía que dé a conocer la prueba que ha sido solicitada todos estos meses, referida a un reporte de relocalización de antena de telefonía móvil y que supuestamente involucraba llamados telefónicos entre los imputados, incluyendo a la Machi Francisca Linconao. Finalmente Alberto Chiffelle reconoció no poseerla.
Cabe consignar que dos han sido las razones por las cuales el fiscal desplegó un amplio y publicitado operativo contra los comuneros el 30 de marzo de este año: El testimonio de un supuesto testigo que es un co imputado, quien se retractó inmediatamente y acusó presiones indebidas de Fiscalía y la Policía de Investigaciones; y, por su parte, una geolocalización, es decir un reporte sobre antena de telefonía por comunicaciones telefónicas que implicaba a los imputados y que involucraba a cuatro de ellos en la madrugada del 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao desde la dirección que “otorga” una antena desde la telefonía de Movistar, prueba por la cual se ha mantenido la prisión preventiva durante estos cuatro meses.
Los abogados defensores han solicitado en reiteradas ocasiones que les entregaran esa información base, que es un CD que entregó la empresa Movistar que determina la ubicación exacta de la antena y que le permitiría a la defensa hacer los respectivos peritajes y verificar la información.
En la última audiencia ChifFelle había señalado que pondría a disposición el CD y que lo entregaría en tribunales, sin embargo, la prueba, se trataba de otra antena y a la espera de su presentación formal este miércoles 27 de julio, finalmente no se tiene.
Cabe consignar que la defensa de las partes, tanto pública y privada, ha realizado indagaciones paralelas a pesar de no contar con la prueba base; y números telefónicos que se han involucrado, no corresponden a imputados del caso.
En el caso del comunero Luis Tralcal, quien se encontraba en Temuco al momento de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, se ha señalado que el Fiscal le esconde la prueba que lo exculpa y que se relaciona a la inscripción del lugar hospedaje donde pernoctó aquella noche, saltándose las páginas de registro.
Cabe consignar que abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa CID SUR, encabezados por Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, habían solicitado recientemente que el Fiscal Chiffelle se inhabilite del caso Luchsinger Mackay, luego de las denuncias del ex Fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien denunciara al persecutor en su calidad de Fiscal Regional Subrogante por discriminación e indebidas presiones para inculpar a comuneros Mapuche.
La abogada Karina Riquelme ha insistido en reiteradas ocasiones que en el marco de los diversos actos de criminalización a personas Mapuche en el marco de conflictos territoriales, existen reiteradas faltas al debido proceso y una mala utilización del Derecho Penal. Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, hizo hace algunas semanas en Temuco un llamado al diálogo, señalando además que a su parecer, habían muchos casos de una judicialización innecesaria en causas contra personas Mapuche.
Diversas representaciones de comunidades y organizaciones de derechos humanos han señalado que el Fiscal Chifelle, ha actuado bajo absoluta impunidad y descontrol en la Región de la Araucanía en innumerables causas arbitrarias contra comuneros, manteniendo por largos tiempos en prisión preventiva a imputados, entorpeciendo labores de las defensas sin entregar las pruebas a tiempo y de acciones que han sido consideradas viciadas e irregulares en su proceder como operador de la justicia.
En dos oportunidades desde tribunales, por determinación de dos jueces de la república, se han establecido razones humanitarias a favor de la Machi Francisca Linconao, cambiándose la medida cautelar de prisión carcelaria a arresto domiciliario, lo que ha sido desestimado y revertido por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ante insistentes apelaciones por parte del Fiscal Chifelle por considerarla “un peligro para la sociedad” en medio de un deteriorado estado de salud de la autoridad tradicional del Pueblo Mapuche.
Cabe consignar que Alberto Chiffelle reconoció a inicios de mayo del 2016 que participó en cursos de instrucciones por parte del FBI y la DEA aprendiendo “diversas técnicas” de “entrevista o interrogatorio”. La información fue entregada un mes después de los testimonios de un co imputado y que en una misma audiencia denunció presiones de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para dar falso testimonio.
El llamado caso Luchsinger-Mackay está relacionado a la muerte por incendio intencional de la casa del matrimonio conformado por el empresario Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, llevado cabo la noche del 4 de enero del 2013 y que se ha relacionado a “móviles mapuche” y que arrojó la condena del Machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel a fines de febrero del 2014.
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