El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, clase, nacionalidad, identidad,) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos y bienestar, es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social.
En la Región de la Araucanía durante todo el siglo 20, el Pueblo Mapuche ha debido enfrentar el despojo de sus tierras, la negación de su identidad, idioma, pertenencia, espiritualidad, religiosidad. Hoy, la superficie de la región en manos de comunidades mapuche no es más que un 20 % y allí, se ha intensificado la pobreza, el reduccionamiento, el desplazamiento forzado de la población (70 % urbana) y para más, una serie de imposiciones e instalaciones que han generado verdaderos debacles, como son basurales, plantas de aguas servidas, forestales, entre otros.
Una concejala por Temuco, vinculada a la derecha, señalaba recientemente que no es concebible izar la bandera mapuche ya que Chile es un estado unitario, una sola nación y que los mapuches ya están en la bandera a través del rojo por “la sangre de los araucanos”. Paradójicamente, quienes intentan negar la realidad y la milenaria existencia mapuche, presentan dobles nacionalidades “chilena – francesa”, “chilena – alemana”, “chilena – italiana”.
En estos últimos años, diversas campañas publicitarias y mecanismos de presión para hacer entrever a “grupos minoritarios” ligados a causas mapuches como responsables de sistemáticos atentados y de un “amplio terrorismo”, junto a generalización de casos y situaciones de violencia, son parte de las iniciativas que sectores conservadores y algunos ultras de la Región de la Araucanía han venido impulsando, abrazando causas de paz que van aparejados de la negación y la violencia hacia un pueblo en su conjunto: el Mapuche.
El senador Alberto Espina, en el marco de los inicios del denominado “plan de operación paciencia” y que involucraba un plan de criminalización a toda causa mapuche en proceso de recuperación de tierras y protesta social, publicitaba en diciembre del 2012 una lista de 20 sitios web que según a su juicio, promovían el “terrorismo mapuche”, refiriéndose a Asociación ilícita, conspiraciones, etc., involucrando a una serie de medios independientes que por el sólo hecho de informar en el marco de la libertad de expresión, quedaban categorizados bajo estos conceptos.
Desde hace un buen tiempo, han comenzado a aparecer volantes llamando a asesinar a mapuches e incluso sitios web racistas, homofóbicos y anti marxistas, con sendos mensajes violentistas, con llamados abiertos a matar y masacrar, como ocurre con uno llamado “El Araucano”, almacenado en un worpress, que se refiere a la existencia de un grupo paramilitar llamado «Húsar», sin embargo, se guarda silencio, mostrándose así la parcialidad de algunos en la denominada “paz”, mientras el ministerio público brilla por su ausencia.
El mismo personero, señaló en sus momentos vínculos mapuches con las Farcs (cuestión nunca comprobada y desmentida hasta por el propio gobierno de Piñera) y de atentados terroristas vinculados a mapuches, como ocurrió con los focos incendiarios del 2012, en una campaña encabezada por el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, el diputado Edwards, el ex intendente de la Araucanía, Andrés Molina.
Frente a campañas como estas, una persona luego de su trabajo diario llega a su hogar, enciende el televisor y observa y atiende la terminología e imágenes sobre: “incendios, terrorismos, violencia, mapuches y brigadistas forestales muertos”, logrando así propósitos de construcción de una realidad. La intervención del universo cognitivo de una buena de la ciudadanía a través de medios comerciales empresariales, logran su objetivo ya que no existe el tiempo para contrastar esa información, siendo parte de las intenciones de imponer una sesgada verdad bajo visiones del terror y el pavor.
Sin embargo se guardó silencio ante las supuestas investigaciones del Ministerio Público sobre tesis de autoatentados que involucraba la quema de plantaciones forestales relacionadas a cobros de seguros y plagas que se han expandido por pinos, como ocurre con la avispa taladradora. Las denuncias por autoatentados vienen desde hace muchos años, con hechos que se remontan al año 1999, 2000 y 2001, en pleno periodo de empresas de seguridad que eran encabezadas por ex agentes de la CNI como sucedió con la empresa Osepar y el ex agente Alfredo Rodríguez. Estas informaciones no han tenido cabida real y seguimiento en los medios masivos comerciales.
JUSTICIA Y PAZ
El Mapuche es visto como enemigo, como potencial problema, que debe ser reprendido. El Estado se presenta, entonces, como poder de policía militarizada, reprendiendo y cohibiendo y con discursos como el del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien aseguró el sábado 16 de mayo en Temuco que las comunidades declaradas como violentistas no recibirán tierras dentro del programa de restitución llevado adelante por el Estado, indicando “El Gobierno sólo comprará tierras a comunidades mapuche pacifistas y a arrepentidos”, publicaba así soytemuco.cl
La paz que algunos quieren proyectar, es esa que busca al Mapuche domesticado y sometido. ¿Quién no quiere paz? Pero la paz se construye con justicia y no a través de la intensificación de aparatos represivos que con el propósito de dar “seguridad” a la propiedad privada de algunos, se tenga que someter a una buena parte de la población regional bajo violentas condiciones estructurales y coloniales.
No es posible dar vuelta una página cuando las injusticias reinan. ¿No es violencia acaso que miles de personas en su mayoría mapuche tengan que vivir sumergidas en los basurales de las ciudades que son descargados en las tierras de comunidades? ¿No es violencia los actos de genocidio y colonialismo cometidos por el estado y sectores del latifundio colonial sin que existan mecanismos efectivos de reparación en el presente? ¿No es violencia los incendios intencionales a los pocos ecosistemas y bosque nativo en la cordillera en medio de intereses forestales y mineros? ¿No es violencia que el modelo forestal de monocultivos de plantaciones de pinos y eucaliptus sequen las aguas, erosionen las tierras y se reemplace tierras cultivables o de bosque nativo, matando la vida rural? ¿No es violencia que en las tierras ancestrales se quieran imponer atentatorios proyectos energéticos afectando la vida de numerosas familias rurales? ¿O la amplia contaminación con agro tóxicos o la contaminación de ríos, esteros y valles que la celulosa ha venido causando en Mininco-Renaico-Collipulli? Esta realidad violenta, no ocurre en los latifundios coloniales, ocurre en las tierras de comunidades mapuche y de pequeños campesinos chilenos pobres.
Hoy, sectores ligados a empresas forestales y latifundios coloniales hablan de paz, pero negando la violencia que muchos deben enfrentar en esta región. Hablan de detener atentados, pero no se cuestionan que entre sus huestes hay grupos violentistas y que no tienen reparos algunos de cometer atentados para culpar o incriminar a otros. Hablan de los actos violentos de recuperación de tierras, pero tampoco generan propuestas para que se reparen tierras ancestrales de manera correcta y pacífica.
Existe una evidente intención de que se mantengan “zonas rojas”, polarizando el ambiente, así las injusticias sobre impactos de las forestales y el control feudal de latifundistas se mantienen intactos, manteniendo la geopolítica indemne en amplios territorios, bajo los cimientos del racismo, la intolerancia y la desigualdad.
En septiembre del 2012 aparecía en los medios comerciales que se había encontrado un arsenal de armas en la casa de un latifundista, compuesto por tres pistolas, cuatro rifles, tres escopetas, un revólver calibre 22, dos bombas lacrimógenas y munición de distintos calibres. Algunas de ellas tenían problemas de documentación. Las armas son de Jorge Temer, sindicado de estar vinculado a grupos ultras e incluso, se ha solicitado que se investigue su posible participación en atentados y sistemáticas amenazas a comuneros mapuche, pero, todo quedó en el vacío.
En abril del 2015, aparecía en medios que un grupo de agricultores junto a carabineros, lograban detener la recuperación de tierras de un fundo en Vilcún por parte de comunidades Mapuche. Se denunció desde la comunidad que la arremetida de los latifundistas fue violenta y con armas e incluso, se difundió un video donde se mostraba que por medio de un vehículo de tracción, era despojado un chemamúl, figura ceremonial mapuche que había sido planteado por los ocupantes, en medio de gritos de triunfalismo por parte de los “defensores”. Por la situación, quedaron comuneros heridos y se publicitaba y destacaba en algunos medios, que un agricultor resultó herido, se trataba de Alan Cooper, quien ha amenazado públicamente con disparar a mapuches y está relacionado con la participación en el asesinato del general René Schneider, en octubre de 1970, hecho por el cual fue condenado a 541 días, en grado de complicidad.
Lo descrito, no intenta señalar la inexistencia de actos violentos por parte de ciertos sectores que reivindican derechos o establecen mecanismos de protestas frente a lo que se denomina injusto, se intenta contextualizar un cuadro de violencia estructural que es negado, que tiene diversas matices y que no es posible ocultar, más aún, en una región, donde algunos hablan de paz y por atrás, transitan en completa impunidad grupos violentistas ligados a sectores ultras del sionismo, del fascismo y el neo nazismo, existiendo la particularidad que en la Araucanía, andan de la mano, bajo la pasividad de organismos públicos y de derechos humanos.
Alfredo Seguel
