Al mismo tiempo que la rutina del pueblo de Cañete, en la región del BíoBío, provincia de Arauco, comienza a despertar, se inician los preparativos del juicio a Emilio Berkhoff, quien hoy se ha convertido en ícono de la persecución política del Estado contra quienes deciden comprometerse con procesos reivindicativos mapuche.
Fuente: Izquierda Diario
En la esquina del Tribunal Oral en lo Penal, comienza a llegar la gente que viene a apoyar al joven luchador, junto a la prensa que viene a cubrir el juicio, que a la par de la arista judicial, cobra un ribete profundamente político. Luego, aparece Emilio Berkhoff junto a su familia. Con la bandera mapuche de fondo, da la única declaración del día: denuncia que este juicio es un montaje político-judicial en su contra por apoyar las demandas mapuche contra la inversión forestal en sus territorios, manifestando que es una persecución política. Fuente: Izquierda Diario
Luego, toma lugar en el “banquillo de los acusados”, junto a sus abogados defensores, que comparten la sala con el ente persecutor compuesto por cinco abogados querellantes; dos representantes de empresas forestales de Arauco, y dos representantes de la Gobernación Provincial, es decir del Gobierno de la Nueva Mayoría que no casualmente está junto a los representantes de las empresas forestales, dejando en evidencia los intereses que representa. Una mampara de vidrio los separa de quienes se encuentran en la sala, familiares, amigos y simpatizantes que decidieron acompañarlo.
Cuando ya se han dado todas las instrucciones del juicio, el Juez Cristian Medina, procede a leer el extenso expediente de los hechos acusatorios, señalando que Emilio Berkhoff “simpatizante de la coordinadora Arauco Malleco, en compañía de otras personas cuya identificación se desconoce, mediante el uso de la violencia como método de reivindicación de tierra realizó acciones delictivas en varias provincias de Arauco” , consistentes en dos robos con intimidación, seis delitos de incendio, y otros delitos de porte de armas de fuego y posesión ilegal de municiones, todos hechos ocurridos entre junio del 2012 y febrero del 2013, con lo cual arriesgaría una pena de 30 años.
Cabe recordar que antes de iniciado el juicio, se dio una larga discusión en torno a que la prueba principal de la fiscalía son declaraciones de 14 testigos, para quienes pidió la protección de identidad, los llamados “testigos sin rostro”, discusión que llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción, al Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, atrasando el inicio del juicio por largos meses. Recordemos también que Emilio Berkhoff cumplió una prisión preventiva de más de 1 año en la cárcel de Lebu.
Si bien, la defensa logró que el Tribunal diera a conocer la identidad de los 14 testigos protegidos, la Fiscalía desestimó la decisión, optando por no llevarlos a juicio, con el argumento de salvaguardar la integridad de aquellos. A pesar de ello, la Fiscalía logró introducir “testigos de escucha”, que no son más que Carabineros y PDI (Policía de Investigaciones) que declararán en forma encubierta e indirectamente lo que “escucharon” de las declaraciones de los testigos protegidos.
Una vez iniciado el juicio pasadas las 9 de la mañana, y tras la presentación de la fiscalía, el abogado defensor, Jaime Pacheco, sostuvo 30 interminables y tensos segundos de silencio, simbolizando de esta forma que nada se podrá escuchar de aquellos Testigos con Reserva de Identidad (TRI), quienes además no pueden ser comparecidos a la audiencia ni contrainterrogados por la defensa, violando así el derecho a la debida defensa.
Este fue el argumento central del alegato de la defensa, señalando que constituye un hecho grave, por cuanto pone en tela de juicio la credibilidad de las pruebas que se presentarán. Pacheco señaló durante su comparecencia que “todos los tribunales de derecho humano han dicho que se vulnera el derecho de defensa de manera incompatible con el debido proceso cuando una sentencia se basa exclusivamente en testimonios anónimos (…)”. El defensor argumentó que ni la Ley Antiterrorista ni la Ley de Droga y Estupefacientes, tiene la figura de los Testigos con Reserva de Identidad o “Testigos a escucha”.
Además, el abogado defensor interpeló al fiscal a cargo del caso, Álvaro Hermosilla, quien presentó como prueba las declaraciones de un testigo que identifica a Emilio Berkhoff como un “encapuchado con características de líder, que era instruido, alto y de ojos claros”, es decir, una prueba además de subjetiva discriminatoria, argumentando que son cualidades propias de quienes no son mapuche. Estos y otros elementos fueron presentados por los abogados defensores de Emilio Berkhoff, quienes recibieron un energético aplauso de quienes estaban en la audiencia.
Así, cerró el primer día del juicio que se estima durará dos semanas. Como otros juicios similares contra dirigentes y comuneros mapuche, es evidente que aquí nuevamente se está realizando un montaje judicial y político donde la Fiscalía y el Gobierno, en su momento de Sebastián Piñera y hoy de Michelle Bachelet, defienden a rajatabla los intereses de las grandes empresas trasnacionales, en este caso de las poderosas forestales.
Este juicio viene a poner de manifiesto cuan injusta es la justicia cuando se trata de las demandas del pueblo mapuche y su histórica resistencia ante empresarios y latifundistas, pilares del “modelo” neoliberal.
