La villa tuvo un crecimiento lento hasta 1994, año en que se concluyó el asfaltado de la ruta de acceso. Desde entonces registró un incremento poblacional importante (superior al 200%) vinculado al turismo de elevado nivel económico, lo que ha intensificado la búsqueda de inmuebles para viviendas o casas de descanso de clase alta y emprendimientos turísticos.
En la actualidad, producto de varias acciones de apropiación que por vías directas o indirectas fueron despojando a las familias mapuche, el territorio que queda en posesión de la comunidad se encuentra loteado en casi toda su extensión y titulado ilegítimamente a nombre de terceras personas que nunca ejercieron posesión.
El conflicto actual se centra en que hoy están amenazadas estas 125 hectareas que aún se poseen.
Los mismos miembros de la Comunidad se refirieron a los apropiadores de la siguiente manera:
“…llegaron a nuestro territorio a colonizar espacios; a explotarnos como objetos para sus negociados y especulaciones, para sus emprendimientos comerciales, madereros, inmobiliarios y turísticos; a robarnos nuestra sabiduría para sus propios intereses; a imponernos conocimientos e ideas occidentales haciendo un atropello y un despojo a nuestra forma de ser, de conocer, vivir y pensar desde nuestra cosmovisión. Intentaron destruir todo: idioma, espiritualidad, arte, nuestra verdadera cultura para imponernos la de ellos.
Un documento de trabajo aportado por la comunidad dice:
“Hoy el pueblo Mapuche está presente, a pesar de la negación y la violencia a la que hemos sido sometidos. Hoy nos hemos levantado y estamos avanzando a pesar de los desalojos, los avasallamientos territoriales y el accionar de las instituciones contra nuestra forma de ser y hablar, de convivir y comunicarnos. Hoy hemos despertado, se nos han abierto los ojos, nos damos cuenta de cómo nos usaron y nos humillaron, nos quitaron la voz para reducirnos poco más que como parte del paisaje y del folklore. Nos tenían ciegos, sordos y mudos pero hoy estamos fortalecidos como comunidad, ya no tenemos la venda que nos habían impuesto, ahora sabemos hablar y mirar de frente, no nos humillamos más ante los wigka que intentan hacernos bajar la cabeza, engañarnos y estafarnos, como hicieron con nuestros mayores.
Sabemos cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos”.
La resistencia y reorganización de la Comunidad Paichil Antriao.
Las fuertes condiciones de enajenación que se dieron en Villa La Angostura, convertían las voces disidentes en silencios. Así fue que, a medida que el Estado avanzaba, los ancianos fueron construyendo un silencio cultural impuesto por el modelo etnocida.
Estos abuelos pensaron que para proteger a las generaciones venideras no había que transmitirles la lengua, que había que esconderse en el “Laurel”
Todas aquellas prácticas culturales que los delataran como mapuche debían ser silenciadas.
Así fue que se esforzaron en que fueran a la escuela y en que aceptaran el idioma castellano como lengua madre, los símbolos patrios y hasta los héroes de la ‘Conquista del Desierto’, aquéllos que habían sido los asesinos del Pueblo Mapuche.
Con la llegada del blanco al Paraje Correntoso, los ancianos no tuvieron descanso.
Como ya se adelantó y se explicará con más detalle en los próximos capítulos, la ‘donación’ del lote pastoril 9 por parte del Estado Nacional, en 1902, a las familias Paichil y Antriao significó un cambio de reglas por las que se pasó del modo de vivir comunitario y tradicional a la incorporación forzada al sistema dominial occidental propio del Estado argentino.
Posteriormente, durante el transcurso del siglo XX, se produjo de manera gradual el despojo desde el sur del lote 9 hasta el norte, arrinconando a parte de los integrantes de la Comunidad en la ladera del Cerro Belvedere e integrando forzosamente al resto a la vida urbana de la Villa, especialmente en los trabajos más sacrificados y en los barrios más carenciados.
¿Cuáles eran las condiciones para el reclamo en la década del ´30, ´50, ´70 o incluso en 1990?
Hugo Montes, llegado a Villa La Angostura en la década del ´70, casado con Sofía Antriao, conocedor del despojo y testigo privilegiado, cuando se le preguntó acerca de cómo se palpitaba al interior de las familias la respuesta al despojo contó: “Cuando llega a la Villa, en la década del 70, don Jaime de Nevares, le preguntaron cómo veía la idea de la reorganización de la Comunidad mapuche en Villa La Angostura para defender el territorio. Y contestó que en el marco de la dictadura no se podía hacer nada, que había que esperar el momento adecuado, que había que empezar a intentarlo pero que la presencia de Cumelen y las familias más poderosas del país iba a ser muy difícil por el interés de la tierra”.
Ya en la década del 70, el Obispo Jaime de Nevares pudo advertir el gran interés inmobiliario que se daría sobre el territorio que se ocupaba ancestralmente. Hugo Montes relata cómo era de asfixiante la presencia del ejército en Villa La Angostura durante la última dictadura militar, ya que en el Messidor (residencia de la Gobernación de Neuquén) estuvo presa la ex presidenta Isabel de Perón una vez ocurrido el sangriento golpe militar de 1976.
En ese contexto, según relata Montes:
“El jefe de gendarmería Sunico me amenaza que me dejara de jorobar con los mapuce”.
Si bien a fines de la década del ´80, ya se podía palpitar el crecimiento demográfico y el negocio turístico inmobiliario, no se vislumbraba la velocidad que ese proceso iba a tener. Fue a principios de la década del ´90 cuando se produjo una primera migración importante al pueblo debido a la llegada del asfalto y el gas. Esto produjo un primer ‘boom turístico’ y, por consiguiente, la presión inmobiliaria aumentó considerablemente.
En la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de lucha y reivindicación de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica y, como consecuencia, se avanzó en lograr cambios sustanciales en la legislación internacional.
Hoy, con aquellos cambios, se acepta el valor histórico de la resistencia y persistencia de las familias indígenas, en su carácter colectivo o comunitario. Esto implica reconocer la lengua, la cultura, las referencias territoriales, los vínculos económicos, las características psicológicas propias y, además, el reconocimiento de los derechos políticos, esto es su derecho a la autonomía y la autodeterminación, se les reconoce como lo que son, pueblos o nacionalidades, colectividades históricamente conformadas.
Algunas situaciones de reivindicación territorial de otras comunidades mapuche a nivel regional se constituyeron en ejemplo para los Paichil Antriao. El conflicto del Chapelco entre la Comunidad Curruhuinca y los concesionarios del Centro de Esquí, junto al conflicto Benetton – Curiñanco Nahuelquir en Leleque, entre otros, marcaron un camino a seguir. Estos hechos se empezaron a difundir por distintos medios de comunicación y así se comenzó a pensar que era posible la lucha por el territorio sin importar el poder que ostentara el usurpador.
A partir de un encuentro de organizaciones sociales que se desarrolló en la escuela 341 de Villa La Angostura, se decidió iniciar un proceso de reorganización de la Comunidad Paichil Antriao que siguió hasta el presente.
El remate inmobiliario de la ladera del Belvedere fue ‘la gota que colmó el vaso’, y por esto se decidió “hacer algo o callar para siempre”.
“Hace 10 años ‘se me atravesó el indio’ como se dice (…) yo había venido a visitar a
mi tía (Celinda Antriao) que estaba mal, le había dado medio parálisis, cuando siempre
podía venía a visitarla, me hacía una escapada y llegué acá la última vez, que ahí fue mi
decisión de quedarme y después de los martillazos que me dio mi tía, porque ella sabía
cómo venía la mano y bueno, una mañana de ésas estaba con mi tía tomando mate y
apareció mi primo Enrique (Antriao) con una gente ahí, agrimensores; y para esto me
venía machucando la cabeza mi tía, que tenía que quedarme porque aquí no hay quien
levante una bandera por este territorio (…) esto parece que fue lo que me incentivó del
todo, me dio tal indignación, tal impotencia que digo: -Éste no quiere respetar nada,
claro, él había vendido todo esto, entonces de allí empecé a dar vuelta la situación.”
– También doña Berta Quintriqueo Paichil relata:
“Yo quiero volver a mi tierra y quedarme hasta que me muera y algún hijo o nieto irá
a quedar, porque tengo más de 12 nietos, alguno le va a gustar, esa esperanza es la que
tengo ahora, yo estuve desde el primer día de la recuperación.”
Muchas experiencias individuales terminaron en el fracaso; así fue que ese día de octubre de 2002 se decidió volver a las raíces y a empezar trabajosamente a reconstruir la Comunidad y alcanzar el reconocimiento jurídico.
En una segunda reunión multitudinaria en la escuela 341 de la localidad, se inició el proceso de reorganización que empezó con la elección de autoridades y la confección de un listado con 200 firmas de integrantes que se reconocían como mapuce y empezaban a formar parte de la Comunidad Paichil Antriao. Luego se invitó a otras comunidades y a periodistas a un reconocimiento del territorio que ocupaba la Comunidad.
Reconocimiento de la Comunidad.
En virtud del reconocimiento de la preexistencia de los Pueblos Indígenas y como corolario de ello, la Constitución de 1994 incorporó en sus cláusulas el reconocimiento de la personalidad jurídica de las Comunidades Indígenas.
Este reconocimiento se produjo ya con la aprobación misma de la reforma
constitucional; es decir, no se otorga con el acto administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Esto es sustancialmente distinto a lo que ocurre con las demás personerías jurídicas, en las que el acto administrativo por el cual se hace la inscripción tiene carácter constitutivo, o sea que el Estado crea la persona jurídica de que se trate.
Reconocimiento de la personalidad jurídica
Luego de la reorganización, la Comunidad comenzó a participar en los Parlamentos Mapuche provinciales y, en el año 2003, inició los trámites para el reconocimiento estatal de su personalidad, el que obtuvo años después mediante la Resolución 220/2007 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Así se ordenó la inscripción de la Comunidad Mapuche Paichil Antriao en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), lo que implicó el reconocimiento, mediante un acto estatal específico, de su preexistencia siguiendo las pautas de los arts. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional; 2, 3 y 5 de la Ley 23.302; 17, 18 y 20 del Decreto 155/89; y 1 y 2 de la Res. 4811/96 de la Secretaría de Desarrollo Social. De este modo, fue fundamental el criterio de auto-reconocimiento de la misma Comunidad para la inscripción. Éste ha sido el proceso que ha transitado la Comunidad para la recuperación de su identidad y su identificación como colectivo, hecho que ha sido importantísimo para el empoderamiento y el ejercicio de sus derechos colectivos.
No está de más agregar, como afirma Darío Rodríguez Duch13, que inclusive ha habido un reconocimiento político que han efectuado el INAI y la Municipalidad de Villa La Angostura.
Situación del territorio comunitario.
Como se viene diciendo, las familias que componen actualmente a la Comunidad Paichil Antriao son originarias de la zona del Correntoso. La legitimidad y la historia que da los elementos para afirmar esta realidad son el objeto de este trabajo y serán desarrolladas en los capítulos siguientes.
De este modo, hay que partir de que la realidad actual de la situación territorial comunitaria es consecuencia del despojo que fue sufriendo la Comunidad y que aquí se va a ir desentrañando. Debe tenerse en cuenta que en la gran mayoría del territorio histórico hoy está instalada la ciudad de Villa La Angostura; que del territorio original de 625 hectáreas, hoy la Comunidad ocupa de manera colectiva sólo el cerro Belvedere y algunos espacios de las costas del Nahuel Huapi y el Correntoso.
¿Esto qué significa? Pues bien, significa que hay una parte del territorio original del que la Comunidad ha sido despojada y donde se asienta hoy la villa, y otra parte donde la Comunidad sigue ejerciendo la posesión. Esto es, el lugar al que fueron arrinconados, en la parte norte del territorio de 625 hectáreas que les había sido reconocido en 1902.
En la última década, esta segunda parte del territorio también fue objeto de loteos y de interés por parte de algunos sectores de poder. Producto del incremento de la actividad turística y del crecimiento acelerado de los valores inmobiliarios en la villa, se vendieron
en precios millonarios los lotes del cerro.
(13- Ghioldi, Gerardo: “Historias de las Familias Mapuche Lof Paichil Antriao y Lof Quintriqueo”, Villa la Angostura 2009)
Las situaciones de intento de despojo por parte de los particulares en el territorio comunitario fueron contrarrestadas por acciones de defensa territorial. El contexto de fuerte negación y discriminación por parte de las autoridades locales generó un escenario propicio para que los empresarios particulares iniciaran una campaña de agresión contra la Comunidad y de avasallamiento de derechos, incluso con el inicio de innumerables juicios.
Desde el punto de vista privado, los particulares han iniciado juicios civiles para reclamar ‘sus’ tierras. Se han iniciado cinco interdictos de recobrar la posesión, dos acciones reivindicatorias, una acción meramente declarativa y una por daños y perjuicios.
Como ya se ha indicado, el territorio que posee la Comunidad ha sido fraccionado en lotes por el Estado y entregada su titulación a numerosos particulares. Cada uno de éstos se cree dueño de una porción del territorio y la Comunidad se ve obligada a contestar o rechazar cada reclamo, pese a que en su cosmovisión se trata de una ocupación única. Esto hace que las pretensiones de desalojos sean múltiples y sobre diversas porciones del territorio comunitario.
Situación Dominial del Territorio Paichil Antriao Dirección Provincial de Catastro e Inf. Territ. Provincia de Neuquén.
– Criminalización de los derechos de la Comunidad
Asimismo, estos particulares han recurrido al sistema represivo estatal para despojar y perseguir a los mapuche. El Estado viene utilizando la criminalización como respuesta al conflicto territorial. Han sido 16 (dieciséis) las causas penales contra más de 48 (cuarenta y ocho) imputados mapuce. 2 (Dos) de ellas han ido a juicio oral y han resultado absueltos los imputados, y en 4 (cuatro) se han dictado sobreseimientos.
Los delitos que se imputan normalmente son los de usurpación, desobediencia a orden judicial y lesiones. Al momento de la apertura de las causas, se han tenido como ciertas las afirmaciones de los denunciantes; no se han tenido en cuenta las pautas culturales mapuche para la investigación.
Producto de la intervención de la ‘justicia’ en los conflictos territoriales de la Comunidad, se han efectuado varios intentos de desalojo, muchos hechos de violencia y hostigamiento policial y parapolicial, y se provocó la expulsión de algunas familias de una parte del territorio comunitario.
Los procesos judiciales penales contra los mapuce involucran principalmente tres delitos tipificados en el código: el delito de usurpación (art. 181del CP) y los delitos de desobediencia a orden judicial (art. 239 del CP) o impedimento de acto funcional (art. 237 del CP), ambos incluidos dentro de los delitos contra la administración pública.
A continuación se detallan los procesos penales contra los miembros de la Comunidad que han sido consecuencia de las acciones de defensa territorial o del simple ejercicio del derecho a las tierras y territorio.
– Para leer el libro Huellas y Senderos, Informe final de los resultados del Relevamiento Territorial, histórico, social y cultural de la comunidad mapuce LOF PAICIL ANTRIAO, puede ir al siguiente links: http://odhpi.org/wp-content/uploads/2014/06/huellas-y-senderos_relevamiento-paicil.pdf
