Luego de la entrega del informe de Misión de Observación realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que constata la crítica situación de escasez y contaminación de agua en la provincia de Petorca, Rodrigo Mundaca secretario general de Modatima, el Movimiento por la Defensa del Agua la Tierra y Protección del Medio Ambiente se entrevistó con Radio Universidad de Chile, para entregar su percepción del documento.
Por Javier Muñoz – Fuente: radio.uchile.cl
El acceso al agua y la pureza de este elemento, es considerado un derecho humano. Sin embargo, en vastas zonas del país no existe tal juicio y cientos de personas no tienen el recurso hídrico como corresponde. Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, organización que denuncia el robo de agua en la provincia de Petorca conversó con Radio Universidad de Chile a propósito del informe del Instituto de Derechos Humanos, que da cuenta de esta crisis, puntualmente en esa Provincia.
Mundaca ha sido uno de los principales dirigentes sociales de la zona que lleva años denunciando esta situación, donde acusa que tanto empresas agrícolas como mineras han contribuido a generar el deterioro del recurso hídrico en menoscabo de la salud de los 70 mil habitantes de esa zona. El informe de derechos humanos, que fue solicitado por Modatima, señaló conclusiones similares a las entregadas por el Movimiento.
¿Cómo partió la solicitud de observación?
Nosotros como organización el año 2013 organizamos una red de trabajo y de denuncia con el INDH a quienes les presentamos con todos los antecedentes a la vista de que en la provincia de Petorca se violaba el derecho humano al agua.
A propósito de eso en el Informe Anual de Derechos Humanos, el instituto incorporó el tema del agua en términos de que hoy en día existen vastos sectores del país que se encuentran privados del agua a propósito del modelo de lucro usura y exclusión que existe con las mismas.
El año 2014, como organización les solicitamos al INDH, que se realizara una Misión de Observación en la provincia de Petorca, para constatar in situ la situación de las aguas. Esto se materializó en el mes de junio del año 2014 y en enero de 2015 pudimos tener acceso al documento.
¿Y qué concluye?
Señala que según todos los antecedentes que se recabaron las causas de escases hídricas no están asociadas solamente a los fenómenos de sequía sino que también a las actividades empresariales particularmente agrícolas y mineras, las que en la práctica hoy en día se han caracterizado por extraer más agua, que la realmente constituida.
Dice categóricamente que en la provincia de Petorca se viola de manera flagrante el derecho humano al agua y se señala que las cuencas de los ríos Ligua y Petorca se encuentran sobre explotadas, sobreconcedidas, debido a que se entregaron más derechos de aprovechamiento de agua que la que hay realmente disponible en los acuíferos y con ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial. Señala además que es absolutamente irregular, que atenta contra natura que haya vastos sectores de la población que tengan que abastecerse de agua a través de camiones aljibe.
Nosotros acompañamos en todo el proceso en relación a la Misión y el INDH incorporó al doctor Andrei Tchernitchin, quien es un connotado profesional de la Universidad de Chile, quien realizó tomas de muestra acerca de la calidad de las aguas y se confirma lo que hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, que las aguas de consumo humano que se está proporcionando a los poblados de Cabildo y la Ligua hoy día se encuentran contaminadas por nitritos, excediendo ampliamente la norma establecida en términos de higiene e inocuidad del agua.
¿Y qué medidas propone?
El informe recomienda a los poderes Ejecutivo y Legislativo, con independencia de los diseños normativos, que se adopten a proveer de una institucionalidad pública que vele efectivamente por la garantía de acceso al agua potable como primera prioridad y a continuación señala que no es posible que se prioricen los fines productivos versus el legítimo derecho que tenemos los seres humanos a ser abastecidos de agua potable.
El INDH requiere a los órganos estatales encargados de la política hídrica del país a cumplir con la obligación de garantizar el derecho humano al agua. Raya para la suma: la misión de observación del INDH confirma todo lo que hemos venido denunciando a lo largo de todos estos años.
¿Cuáles son los principales obstáculos para que se realicen estos cambios?
Hay un problema que es estructural y ese problema es que hoy día en el país las aguas son “mucho más importantes” para los emprendimientos económicos. Esta situación, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes tiene a las comunidades del norte enfrentadas con la mega minería por agua; a las comunidades del centro enfrentadas con las empresas agroexportadoras; a las comunidades del sur con las eléctricas y las forestales. Finalmente hoy día todos los ciudadanos del país pagamos las tarifas de agua más altas a propósito de la privatización de las empresas sanitarias. Hoy en Chile existe un modelo de lucro, usura y exclusión derivado de la privatización de las aguas que data desde hace más de 33 años.
Cuando se nos pregunta dónde están los obstáculos. Lo digo con toda responsabilidad: hay un sector de la clase política y un sector de la clase empresarial que se encuentran absolutamente coludidos para mantener el modelo de lucro usura y exclusión que existe con las aguas.
¿Y quiénes conformarían ese sector?
La provincia de Petorca está considerada el epicentro nacional del robo del agua del país. Hemos denunciado de manera permanente, desde el año 2005, al ex ministro del Interior de la presidenta Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, por usurpación de agua. Y como él al ex diputado Eduardo Cerda que estuvo en el cargo hasta marzo del 2014.
Durante todo el año pasado se han entregaron docenas de denuncias a políticos y empresarios como Pérez Yoma y su Agrícola Condor; Osvaldo Junemann, cuñado de Perez Yoma, dueño de Agrícola Los Graneros; Alberto Piwonka; Aurelio Montes en Catapilco; y las hermanas Solari, en la parte alta de Petorca, en calle Larga; la Agrícola Huingal de Juan Ruiz Tagle.
¿Y qué ha pasado con las denuncias?
Hoy día no han sido canalizadas por la autoridad pública. Nosotros estábamos presentes cuando en septiembre de 2014 el ministro Undurraga vino a la provincia de Petorca a proponer un paquete de inversión pública de aproximadamente 11 mil millones de pesos para reestablecer redes de agua potable rurales, etc. Y estábamos presentes cuando los ciudadanos le plantearon que los problemas no tenían que ver con dinero sino que con el robo de agua. Él, delante de todos los que estábamos señaló que lamentablemente la dirección general de aguas que depende del Ministerio de Obras Públicas, tenía 19 fiscalizadores y que se encontraba marrado de manos y no tener competencia por el robo de agua.
Aquí en la provincia de petorca en Febrero del 2011, la dirección general de Aguas (DGA) realizó una fiscalización en la caja de los ríos ligua y Petorca que dio origen a los informes 48 y 49 que confirmaron la existencia de pozos sin derechos legalmente constituidos, la existencia de drenes, apropósito de un estudio satelital que se hizo el mismo año que señaló que solamente en el acuífero la ligua existían 64 drenes.
Es una desvergüenza que hoy día la institucionalidad pública sea incapaz de solucionar este problema y eso también está señalado en el informe del INDH.
Historia y problemas judiciales
¿ Cómo llegamos a los problemas que actualmente hay con el agua?
Las aguas fueron privatizadas el año 1981 y luego, este modelo de lucro usura y exclusión fue perfeccionado en el año 1997, cuando el ex presidente Eduardo Frei privatiza las empresas sanitarias y además se encarga de entregar las nacientes de nuestras cuencas a la mega minería firmando el famoso protocolo de acuerdo del tratado binacional minero. Hoy día, en todo el territorio, robar agua es una falta administrativa que está penalizada con 20 UTM ($860.500).
A propósito de esto habría que señalar que el Gobierno de Bachelet en su segundo mandato, en su primer discurso presidencial del 21 de mayo de 2014, el anuncio más ovacionado fue cuando dijo que las aguas iban a ser un bien nacional de uso y dominio público, pues bien, la iniciativa de ley que envía el gobierno al Congreso en la modalidad de “indicación sustitutiva”, significa que todo lo que se discutió en la Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara de Diputados entre el 2011 y el 2014 lo echó por tierra.
En la práctica perpetua el modelo, manda un proyecto de ley que no deroga el artículo 19 numeral 24 de la Constitución dictatorial que consagra la propiedad privada de las aguas; manda un proyecto de ley que cambia el concepto de derecho de aprovechamiento por el de concesión, a 30 años para los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y a 20 para los no consuntivos… ¡Pero solo para el 10%por ciento del agua que falta por entregar!
Tampoco se deroga el artículo 56, que son las famosas aguas del minero, por tanto una vez más se priorizan los usos competitivos de las aguas en torno a la extracción de minerales versus el agua para consumo humano, para la producción de alimentos y los servicios higiénicos.
Aquí se le vuelve a mentir al país porque el proyecto de ley que manda el gobierno de Bachelet se encuentra consensuado particularmente por el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) que son las instituciones fácticas que le exigen al gobierno de que exista certeza jurídica en materia de la propiedad de las aguas.
Usted acusa que ha sido perseguido judicialmente para bajar sus demandas ¿Cómo ha sido eso?
Luego de denunciar esto en medios de prensa, en el mes de octubre de 2012, fuimos objeto de una querella por injurias con publicidad, querella que se dividió en cuatro tribunales y entre julio de 2012 y agosto de 2014 fui llevado 22 veces a 4 tribunales distintos.
Tuve un juicio en Santiago por la entrevista a CNN; un juicio en Ligua por haber pronunciado un discurso público, en una plaza pública, por señalar lo mismo que digo hoy día; fui sometido a un juicio en Quillota por una entrevista a medios locales y finalmente me enviaron un expediente judicial a Concepción después de que el programa En la Mira de Chilevisión, el 3 de julio de 2013, emitiera el reportaje La Guerra por el Agua, hablando de Petorca y hablando de Caimanes, es decir un medio de difusión de masas informándole a la opinión pública que se usurpa agua.
¿Y en qué están los procesos judiciales?
En los juicios de Santiago y de Concepción, los abogados de Pérez Yoma los abandonaron, y en Ligua fuimos condenados en abril de 2014, que se ejecutorió en noviembre del mismo año, después de que nuestros abogados José Luis Farías y Rodrigo Román, de la Defensoría Popular interpusieran una serie de acciones judiciales para que quedara sin efecto el castigo, sin embargo la condena se mantuvo y hoy día tengo que firmar hasta octubre del 2015. Estamos pagando simbólicamente una multa en monedas de a peso y estoy con orden de arraigo.
La jueza que tenía que sustanciar el caso en la comuna de la Ligua, Jeanette Roco, el 20 de enero de 2014, se inhabilitó porque en marzo del 2013 había sancionado a la Agrícola Cóndor (Pérez Yoma) por infracciones sucesivas al Código de Agua, es decir, nosotros no hemos faltado a la verdad. Todo lo que hemos dicho se encuentra absolutamente reportado, sin embargo es mucho más fácil hoy día, criminalizar y perseguir a los que luchamos por agua, que sancionar a políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder.
Usted apoyó a Marcel Claude en su campaña presidencial ¿Qué opina de sus últimas declaraciones en prensa?
No me voy a referir particularmente a aquello. Pero nos parece que es mucho más impropio que hoy día haya un escándalo por lo que todos sabían, que poderosos empresarios financiaban a la política y que la gente no se escandalice porque en la Provincia de Petorca haya gente defecando en bolsas de plástico, haya gente lavándose por presas y tomando agua, desde camiones aljibe, que se encuentra absolutamente contaminada.
Nosotros participamos temáticamente el tema de agua y agrícola en su campaña y nunca hemos tenido dudas de que la colusión que existe entre empresas y política es feroz. Una democracia que se dice ser verdadera es aquella que desmercantiliza lo que el capitalismo mercantilizó.
¿Ve algún frente político o personalidad que quiera cambiar esta situación?
Nosotros entendemos la política como parte del ejercicio de la soberanía popular que pone en el centro de la discusión, la recuperación de derechos sociales como la educación como la salud la vivienda, los fondos de pensiones de los trabajadores y recuperación de bienes finitos como el agua y la tierra para las mayorías sencillas del país.
Hoy día no avizoramos ningún discurso que apunte en esta dirección, salvo intentos reformistas o discursos demagógicos como el de la actual mal llamada Nueva Mayoría, que negoció la reforma tributaria en el departamento de Fontaine, que la reforma al Código de Aguas está siendo consensuada con el Consejo Minero y la SNA. Yo desafío a la opinión pública a que vivan privados de agua; a que estén más de 10 días privados de agua, o días eternos defecando en bolsas de plástico para que se den cuenta de la indigna condición en la que viven ciudadanos sencillos de la provincia de Petorca y que se den cuenta que nuestra democracia se encuentra al servicio de una minoría.
