“Hoy el estado de Chile junto al Ministerio de Desarrollo Social, pretenden impulsar un nuevo proceso de consulta para crear el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas donde el M.D.S. ha dicho que se va a respetar el Convenio en sus articulados relacionados con la consulta”.
“Llama la atención la cantidad de vicios creados por el Estado de Chile desde que se puso en aplicación el Convenio 169, acciones de mala fe, sin los procesos apropiados para establecer participación de las instituciones representativas, sin las asesorías técnica y profesionales que pueda establecer un conocimiento acabado para la toma de decisión en la consulta y sin los medios económicos para el pleno desarrollo de la consulta con el objetivo de llegar a acuerdos para lograr el consentimiento, son estos hechos acontecidos en estos cinco años que hacen que los líderes de pueblos originarios no tengan la confianza ni la seguridad de que esto pueda ser una situación de buenas intenciones, por el contrario sigue generando suspicacia y muchas dudas”.
Extendemos a continuación comunicado desde Keylen, Lofche Konsejatv
Keylen 01 de septiembre 2014
La Consulta Indígena sobre el Ministerio Indígena y el Consejo Indígena en Chile comienza el día lunes 08 y 09 de Septiembre del 2014, hecho que debe poner en alerta a las organizaciones y comunidades del Archipiélago de Chiloé.
Han existido una serie importante de acontecimientos en torno a las consultas que se han llevado adelante en todos los territorios de pueblo indígena en Chile, como todos deberían saber el convenio 169 de la OIT entró en vigencia en año 2009. El año 2008 fue ratificada en pleno por el senado de Chile con todas las facultades que ésta implica para los pueblos originarios, específicamente en temas que a estos conciernen. Posteriormente a su aplicación y paralelamente el año 2009 bajo el Gobierno de la Presidenta Michel Bachelet, se crea el Decreto Supremo 124 que tiene como objetivo obstaculizar el convenio 169 en los artículos 6 y 7 sobre el derecho a la consulta, este se paraliza el 2011 en la administración Piñera por el ministro de MIDEPLAN Joaquín Lavín, obviamente bajo la presión constante de las autoridades tradicionales y dirigentes de los pueblos originarios, quienes planteamos que se debía derogar dicho decreto puesto que este no cumplía los estándares internacionales planteados por el convenio sobre el derecho a la consulta. En año 2012 el gobierno del ex presidente Piñera convoca a la SEGPRES, (secretaria general de la presidencia) para que se haga cargo para crear un decreto que cumpla con los estándares planteados en el convenio 169 sobre cómo debe hacerse la consulta aquí en Chile, ya que la CONADI plateó que eran incompetentes en este asunto, a este trabajo se sumaron el Sr. Matías Abogabir, personaje cuestionado por los autoridades representativas de los de los pueblos originarios, por actuar de mala fe, quien utilizó a sectores indígenas no representativos, ligados a los partidos políticos del duopolio y afines a los propósitos del Estado y los gobiernos en materia de inversiones de capitales en los territorios de pueblos originarios, (Matías Abogabir fue contratado por la OIT Chile por su capacidad de trabajo con los pueblos originarios este año), el año 2013 entra en vigencia el Decreto Supremo 66 creado por la SEGPRES a la medida de las inversiones capitalistas, limitando la consulta de los pueblos, solo a comunidades que se vean directamente afectados por medidas legislativas o administrativas.
Tenemos el caso de la consulta sobre el puente del Canal de Chacao, en la que solo fueron consultados dos comunidades indígenas, una al lado norte y una al lado sur del Canal en la que se utilizó el D.S. 66 reduciendo el margen de la consulta a comunidades no representativas y además comunidades que fueron utilizados por la consultora POCH (consultora que llevó y lleva procesos de asesorías y consultorías a empresas salmoneras como los Fiordos, Biomar, Alitec y otras, empresas que son constantemente cuestionadas por su nula amistad con el medio ambiente), contrato realizado por el MOP para realizar dicha consulta, el desconocimiento de parte de estas comunidades del decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social que rige los distintos procesos de consultas y de leyes, hacen que este sea un proceso conducido e impuesto, creándose la instancia y los vicios para que los acuerdos se reduzcan a materialidad que en nada beneficia el bien común ni al Archipiélago. Proceso y decreto cuestionado por distintas organizaciones indígenas de Chiloé. La presidenta Bachelet en su discurso de entrega de los terrenos para la construcción del puente sobre el canal de Chacao en el mes de abril del 2014, manifestó que “el decreto 66 había que revisarlo”, estamos en septiembre 2014, se están desarrollando varios procesos de consulta invocando este decreto, pero del D.S. 66 del M.D.S. solo oídos sordos de parte de las autoridades, a pesar de la insistencia de la ilegitimidad que este tiene en los pueblos originarios de todo Chile.
En el caso de la consulta sobre el Parque Eólico Mar Brava, el SEA (servicio de evaluación Ambiental) aún no se ha abierto este proceso de consulta. Pero la misma empresa ECOPOWER de capitales Suecos y sectores ligados a la nueva mayoría se encuentra trabajando con dirigentes y longkos no representativos, quienes están siendo coimeados, y algunos estarían trabajando como operadores políticos para que este proyecto salga adelante, importante es mencionar que las comunidades aledañas al proyecto, Aucaco y Quilo creen que es relevante que el gobierno de la presidenta Michel Bachelet derogue los Decreto 124 de MIDEPLAN y el 66 del M.D.S., para que de esta manera la consulta indígena cumpla con los estándares expresados en el Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta.
Hoy el estado de Chile junto al Ministerio de Desarrollo Social, pretenden impulsar un nuevo proceso de consulta para crear el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas donde el M.D.S. ha dicho que se va a respetar el Convenio en sus articulados relacionados con la consulta. Llama la atención la cantidad de vicios creados por el Estado de Chile desde que se puso en aplicación el Convenio 169, acciones de mala fe, sin los procesos apropiados para establecer participación de las instituciones representativas, sin las asesorías técnica y profesionales que pueda establecer un conocimiento acabado para la toma de decisión en la consulta y sin los medios económicos para el pleno desarrollo de la consulta con el objetivo de llegar a acuerdos para lograr el consentimiento, son estos hechos acontecidos en estos cinco años que hacen que los líderes de pueblos originarios no tengan la confianza ni la seguridad de que esto pueda ser una situación de buenas intenciones, por el contrario sigue generando suspicacia y muchas dudas.
Es hora de llamar a los pueblos originarios Y es hora de entrar en un profundo raciocinio sobre cómo la corta historia sobre la consulta solo ha generado, división en nuestra gente, pérdidas importantes de territorios de pueblos originarios, valores culturales que se intercambian por un par de lucas, un plato de curanto o algún puestecito para vender artesanías en el verano. Los Mapuche-Williche de Chiloé debemos pensar y tomar decisiones sobre lo que somos y lo que queremos para el futuro, debemos exigir con ahínco y fuerza que el Estado se haga responsable de sus actos de mala fe y voluntad política con el fin que se deroguen los decretos supremos 124 y 66 creados bajo el primer gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera.
Un noble gesto del gobierno de la Sra. Michel Bachelet para sentarse a discutir sobre este ministerio o el consejo simplemente se traduce en la derogación de estos decretos, otra situación sería más de lo mismo.
Jaime Velásquez C
Werken Lofche Konsejatv
Mapuche-Williche
